En el marco de la audiencia número 49 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús con asiento en Avellaneda, conocida como El Infierno, Horacio Matoso y Hugo Marini brindaron dos pormenorizadas declaraciones que ilustraron la magnitud del terrorismo de Estado y la planificación con la que fue ejecutado.
Ambos testigos fueron interrogados por Ana Oberlín, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Horacio Matoso estudiaba medicina y tenía veinticinco años. Vivía en Ringuelet. «La noche del 8 para el 9 de octubre de 1976 fui secuestrado en mi casa de La plata, en Ringuelet, por varias personas que ingresaron, digamos, con caretas», afirmó Matoso al iniciar su testimonio. Media hora más tarde era ingresado en el primero de los cuatro centros clandestinos de detención (CCD) por los que transitaría su cautiverio. Era la Brigada de Cuatrerismo de La Plata, «un lugar de torturas severas», sostuvo.
Tras quince días por Puesto Vasco, y ya hacia fines de octubre, exactamente el 30 de ese mes, lo llevaron junto con otros varones a la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como El Infierno, donde estuvo hasta el 31 de diciembre.
De aquellos días en Cuatrerismo, Matoso mencionó al peruano Jorge Mendoza Calderón, alias «Piura», a Mario Salerno, a otro estudiante de arquitectura de apellido Fernández y a otro muchacho. Recordó que estos tres estudiantes de arquitectura habían hecho juntos un viaje a Europa y que en esas horas de terror e incertidumbre les contaban de aquellos lares.
«De las mujeres estaba Nilda Eloy, Graciela Jurado, Inés Pedemonte, ‘la changuita’, la esposa del Chango Díaz, que tenía la unidad básica a dos cuadras de mi casa; estaba también la esposa de este muchacho Fernández… y estaba una chica, Marlene, de origen paraguayo», precisó Matoso.
De Puesto Vasco, un CCD que logró identificar con numerosos detalles, como el ruido del tren, las características de la edificación y la disposición de la construcción, pese a que fue reformada años después, Matoso recordó que los trasladaron a la Brigada de Lanús.
«Cuando salimos de Puesto Vasco nos llevaron a los varones en un auto: Mario Salerno, yo, y Mendoza Calderón. Las chicas fueron en otro auto: Nilda Eloy, la changuita Irene y Graciela Jurado. A esas tres chicas, en el auto, los secuestradores les permitieron sacarse la capucha y les muestran la calle. Se ubican en que era la Avenida Mitre de Avellaneda», puntualizó. Ya estaban en la Brigada de Lanús.
«A los días que estábamos ahí, vinieron a ese mismo calabozo, trajeron a cuatro personas que venían de la Brigada de San Justo, de la zona oeste, donde habían sido torturados. Eran José Rizzo, un obrero de Cegelec (fábrica de transformadores); otro trabajador de la fábrica Yelmo de apellido Santos; Ricardo Chidíchimo, que era meteorólogo; y Gustavo Lafleur, que era del oeste y que es quien más hablaba», precisó Matoso antes de indicar que este último les pedía que si alguno salía avisara en la iglesia Stella Maris.
Fue por esos días cuando uno de los muchachos que estaba en un tercer calabozo empezó a gritar «¡el Chiche murió, el Chiche murió!». Lafleur conocía al Chiche. Era una muchacho joven que había sido operado de apendicitis.
Semanas después trajeron a otros tres trabajadores, esta vez de la zona sur. Se trataba del chileno Luis Jaramillo, un muchacho de apellido Pérez que militaba en el Partido Comunista y otro de apellido Carrizo, los tres obreros en la fábrica SAIAR de calefones Rhin de Quilmes.
Matoso pasó varias semanas con Jaramillo, a quien recordó con admiración por su «estructura intelectual… Era relojero, tocaba el piano […] y los torturadores no entendían por qué era un simple obrero». El cuerpo de Jaramillo fue identificado muchos años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en un cementerio en Ranelagh.
En su declaración, Matoso puntualizó que Jaramillo le había contado que para poner fin a la persecución que sufría en SAIAR decidió pedir un retiro voluntario. Una patota lo secuestró cuando salía del banco al que había ido a cobrar su indemnización. Entre el grupo que lo secuestró estaba Juan Manuel Martínez Riviére, jefe de personal de SAIAR. Martínez Riviére estuvo involucrado en otros numerosos episodios en torno al secuestro de trabajadores de esa fábrica.
Matoso recordó igualmente que en diciembre ingresaron a una chica que dijo ser la esposa de Oscar Martínez, «el que puso la bomba en el Departamento Central de Policía», pero se la llevaron «inmediatamente», y también mencionó a un muchacho de unos veinticinco años que vivía en el barrio La Paloma, de Temperley.
En esos dos meses en El Infierno la comida casi no existía, «excepto en algún momento ‘nos tiraban unos panes’, y tampoco el agua, que además cuando se las daban era bajo forma de vejación y tortura».
Nilda Eloy, sobreviviente del genocidio que falleció hace unos años, era la muchacha que juntaba agua en un zapato y le daba a quienes estaban en las celdas contiguas. «Un día, estando yo con Nilda Eloy, ahí me entero, me lo dice ella, que esa prebenda de darnos agua la tenía porque era abusada sexualmente por el segundo cabo de guardia que después en algunos testimonios Nilda lo distingue por el anillo y de apellido Ferreyro», aseguró Matoso al tribunal. Miguel Ángel Ferreyro, que figuraba entre los imputados en este juicio, falleció en octubre pasado en la mayor impunidad.
«La otra manera, que tampoco era tomar agua, era cuando un cabo traía una manguera y te la ponía en la boca hasta el esófago y si no te la ponían por dentro del pantalón tanto por delante como por detrás», explicó antes de mostrar claramente su repudio.
Teníamos agua «de dos maneras. Una gracias al esfuerzo y la valentía de Nilda Eloy y la otra en forma de tortura por esta porquería de gente», sostuvo.
De El Infierno lo trasladaron a la Comisaría 3ª de Valentín Alsina, y de allí a la Unidad 9 de La Plata, Caseros y nuevamente a la U9, de donde salió a fines de 1982.
Pudo retomar sus estudios cuando concluyó la dictadura cívico-militar.
El circuito represivo en la provincia de Buenos Aires
El secuestro y detención ilegal de Hugo Marini puso en evidencia el martes la amplitud del circuito represivo que funcionó en territorio bonaerense y la planificación que conllevó para poder ser ejecutado.
«Fui detenido-secuestrado en mi casa, en la casa de mis padres en la ciudad de Chacabuco, el 11 de enero de 1977, y fui trasladado a la Brigada de San Nicolás donde estuve una semana, luego fui trasladado a Arana, El campito, y después de Arana, a fines de enero, a la Comisaría 5ª de La Plata, donde estuve hasta el 30 de marzo del 77», respondió Marini a la la auxiliar fiscal.
A lo largo de su declaración, mencionó con nombre y apellido a unas cincuenta personas, entre mujeres y hombres, que recuerda haber visto en esos centros clandestinos, principalmente en la Comisaría 5ª de La Plata, muchos de ellos desaparecidos.
Supo que algunas de ellas fueron llevadas al llamado Pozo de Banfield, como Adriana Calvo, Patricia Huchansky, su esposo Carlos Simón Francisco, Mario Miguel Mercader, conocido como «Marito», su esposa Anahí Silvia Fernández, con quien tenía dos nenas chiquitas, Roberto Odorisio y su esposa María Inés Menescardi, Juan Carlos Bobadilla, a quien le decían «Negro Carmona», y su esposa María Adela Troncoso, «Perica».
El martes estaba prevista la declaración testimonial de otro sobreviviente, Armando Ramírez, que no pudo llevarse a cabo por razones de salud.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo diecisiete imputados y apenas dos de ellos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas ignorando las audiencias. El 21 de octubre pasado, los abogados del policía retirado Miguel Ángel Ferreyro, denunciado por Nilda Eloy como el represor que la violó reiteradamente en la Brigada de Lanús, falleció, según informó su abogado defensor al tribunal sin precisar los motivos. Ferreyro murió impune.
El presente juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que lleva adelante este juicio está integrado junto a Basílico por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y el cuarto juez, Fernando Canero.
En esta etapa de juicios, los testimonios se pueden seguir a través del canal de La Retaguardia TV en el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria.
Se puede encontrar más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP. La próxima audiencia tendrá lugar el martes 30 noviembre a las 9 hs.
