Las internas de la Unidad N° 33 (U33) de Los Hornos mantienen desde el miércoles una huelga de hambre para exigir mejores condiciones de detención y que se otorguen los arrestos domiciliarios a quien corresponda, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Hoy mantuvieron una mesa de diálogo y esperan prontas respuestas.
En U33 la huelga de hambre es encabezada por internas embarazadas, madres, mujeres que integran grupos de riesgo. Hoy la preocupación central pasa por resolver las cuestiones sanitarias del lugar. Con escasez de profesionales de la salud y de recursos tanto para las detenidas como sus hijes, hoy reconocen estar en riesgo, por lo que se volcaron a una huelga de hambre.
«Arrancamos el 6 de mayo, pidiendo por los derechos de los niños, las madres embarazadas, por la gente mayor de 65 años, la gente que tiene muchas patologías: como VIH, cáncer, problemas respiratorios», detalló a Contexto Janneth, del Centro de Estudiantes de esta Unidad.
Estela es una de las detenidas sin condena que hoy atraviesa problemas de salud. «Me atendieron una sola vez. Tuve broncoespasmo, me pusieron corticoides, estuve mal de nuevo, no me atendieron. Sanidad no nos atiende», explicó a Contexto.
«No se está cumpliendo con las condiciones básicas de higiene con respecto al COVID-19 ni con la prevención que tenemos que tener», agregó una interna del Penal N° 5, que pertenece a la U33.
Las internas indicaron que tras el fallo de Casación -revocado hoy por la Corte Suprema bonaerense-, en la U33 se otorgaron algunas prisiones domiciliarias pero «se cortaron», y alertaron que en este escenario, con la amenaza del COVID-19 latente, la situación puede ser «un desastre» dentro de los penales.
«No tenemos atención. Las mujeres estamos re abandonadas, los chicos no tienen pediatras, hay uno que aparece dos horas cada tanto, no hay guardia pediátrica. Hay mujeres embarazadas que no hacen sus estudios. Estamos abandonadas. La solución para todo es ibuprofeno», consideró Janneth.
Este lunes la detenidas fueron convocadas a una mesa de diálogo con representantes de la Comisión Provincial de la Memoria, la Subsecretaría de Política Criminal, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Patronato de Liberados, entre otros. Allí, el planteo central fue que se atienda la cuestión sanitaria, con incorporación del personal médico correspondiente y que se otorguen las prisiones domiciliarias a las embarazadas, que hoy constituyen un factor de riesgo.
Tras el encuentro, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometieron a presentarse el miércoles para dialogar con cada madre, mientras que el 26 tendrán una nueva mesa de diálogo con el foco puesto principalmente en la sanidad del lugar.
Más allá de esta aproximación del Ejecutivo, las detenidas continúan con su huelga de hambre con los reclamos al Poder Judicial. «Decidimos continuar, aún sabiendo que a los jueces no les importa, pero nosotras lo vamos a seguir haciéndola hasta encontrar respuestas», indicó Janneth.
«Nosotras acá vinimos a cumplir una condena, no a morirnos en la cárcel», indicó una de las detenidas del Penal N° 5, quien pidió que se cumplan los beneficios que contempla la ley. «Sabemos que hay un montón de gente que se tiene que quedar a cumplir su condena, pero lo que estamos pidiendo es que la gente que está para irse, ya sea porque cumple los requisitos para una asistida o para una condicional, o gente que está realmente enferma sin delitos de sangre, pueda ir a esperar en su casa», agregó.
La Corte Suprema bonaerense revocó el fallo de Casación
En provincia de Buenos Aires, las protestas en las cárceles se profundizaron luego del fallo de Casación Penal, que fue revocado hoy por la Corte Suprema bonaerense. En la resolución del pasado 8 de abril, el juez Víctor Violini había dado lugar a un habeas corpus colectivo a fin de atender la situación de las personas detenidas en el marco de la emergencia sanitaria. Ese fallo ordenó el arresto domiciliario a detenidos por delitos menores y que son parte del grupo de riesgo, mientras que dispuso que cada juez analice la situación de aquellas personas también parte de este grupo pero alojados por delitos graves. Al mismo tiempo, se recomendó a los magistrados que revisen la situación de aquellas personas detenidas con prisión preventiva sin condena.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia bonaerense, tras suspender el fallo la semana pasada, hoy dio lugar al pedido de revocatoria del fiscal Carlos Altuve.
Los jueces de la Corte determinaron que «son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19». Para la Corte, los casos deben ser revisados por cada juez o tribunal a cargo y no en base a un fallo.
El máximo tribunal indicó que debe tenerse en consideración a la hora de otorgar el beneficio el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado el delito, la pena en expectativa o la establecida, el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales y la situación de la víctima al momento de la decisión, entre otros puntos.
