Por Fernando M. López
Cuando Contexto se comunicó con Rafael Ianover para pedirle una opinión sobre el sobreseimiento de los imputados en la causa Papel Prensa y el cierre del proceso, aún no se había enterado de la noticia. “¡Qué horror, no lo puedo creer!”, fueron sus primeras palabras.
Hacía unos pocos minutos el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Julián Ercolini, había decidido liberar de culpa y cargo a los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre; al ex funcionario de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá; y al intermediario Guillermo Juan Gainza Paz.
De acuerdo con la resolución del magistrado, que se conoció ayer por la tarde, “no existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina”.
Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa y querellante en la causa, consideró que “el sobreseimiento de Magnetto, Herrera de Noble y Mitre es una gran injusticia”.
“Sí es un delito de lesa humanidad, sino no se hubieran podido querellar e iniciar un juicio dentro de un periodo de cuarenta años que han transcurrido desde el despojo de Papel Prensa”, dijo al refutar el fallo del magistrado, y consideró que “la aplicación de la justicia en la República Argentina deja mucho que desear”.
Luego de cinco años de dilaciones y sin indagar a los principales acusados, el juez Ercolini señaló en su resolución que “no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa”.
“Si bien los puntos denunciados, por los que se calificó de irregular e inescindible de delitos de lesa humanidad la operación comercial que llevo a la transferencia de acciones de Papel Prensa S.A., fueron descartados en las consideraciones precedentes por inexistencia de pruebas que los sostengan –lo cual de por sí es suficiente para rechazar las imputaciones–, debe abordarse también el resultado del estudio técnico de tasación realizado en autos, porque también se ha sostenido que ha sido vil el precio de compra”, agregó en sus fundamentos.
Tampoco consideró probado el vínculo entre los directivos de Clarín y La Nación, y las “coacciones, intimidaciones y amenazas” que recibieron los anteriores propietarios de las acciones de la única productora de papel para diarios del país.
A pesar de la opinión del magistrado, Ianover confirmó que Magnetto, Herrera de Noble y Mitre obligaron al grupo Graiver y sus allegados, “mediante intimidación”, a vender las acciones de la empresa a “un precio vil”, el 2 de noviembre de 1976.
“Los peritos de parte y nombrados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación han determinado que el valor de ese paquete accionario a la fecha de la transferencia era de, aproximadamente, 25.000.000 de dólares, sin considerar el fondo de comercio. Ese fondo de comercio elevaba la inversión a 50 o 60 millones de dólares. Lo compraron por U$S 8.300.000 y ni siquiera pagaron eso, porque dieron 30.000 dólares por una fracción, 7.000 dólares por otra de seña únicamente y a los 90 días se comprometieron a pagar el resto. No cabe duda que fue un despojo”, remarcó el ex socio de Graiver a sus 91 años.
David Graiver, fundador de Papel Prensa, murió en agosto de 1976 en un accidente aéreo ocurrido en México y las acciones de la empresa pasaron a sus familiares. Según la investigación del fiscal Leonardo Gómez Barbella, dos meses después la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, los padres y el hermano, y Rafael Ianover, fueron “intimidados” a transferir las acciones a Fapel S.A., sociedad integrada por Clarín, La Nación y La Razón. Esto sucedió en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, donde estuvieron Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Patricio Peralta Ramos (entonces director de La Razón) y el abogado Bernardo Sofovich, en representación de Ernestina Herrera de Noble.
Más tarde, entre marzo y abril de 1977, todos los integrantes del grupo Graiver, incluidos Lidia y su hermano, Osvaldo Papaleo, serían secuestrados y trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
“En Puesto Vasco, la señora Papaleo sufrió terribles tormentos y estuvo seis años en cautiverio. Jorge Rubinstein falleció en la mesa de tortura cuando le aplicaron la picana eléctrica”, recordó Ianover sobre el abogado y hombre de confianza de Graiver, que también fue secuestrado en esa misma época.
Sin embargo, para Ercolini, estos delitos de lesa humanidad “habrían estado originados por las deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”, desvinculando de esta manera a los directivos de Clarín y La Nación.
“Corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido”, aseguró el juez en su fallo, y agregó que “en razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa S.A. por parte de representantes del Grupo Graiver a la empresa FAPEL S.A., por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente”.
Tras la resolución de Ercolini, los hijos de Ernestina Herrera de Noble salieron a festejar en las redes sociales. El tuit más provocativo lo publicó Felipe Herrera de Noble. “Dedicado a los Kukas, con amor. LTA. JAAAA!!!!», manifestó en alusión a la despectiva frase “la tienen adentro”.
