Por Pablo Pellegrino
«No me caben dudas de que es con la intervención de las instituciones como debe enfrentarse esta situación; no me caben dudas de que es el Congreso el que debe tomar cartas en el asunto; que todos los partidos políticos deben asumir este compromiso; con mayor actividad del Poder Judicial, con una actividad más transparente, con mayor actividad y mayor libertad de prensa; el sistema democrático se va a ver fortalecido. Es la única manera que a mí se me ocurre, después de haber estado un mes leyendo, estudiando y analizando estas gravísimas situaciones de espionaje ilegal político, judicial y periodístico, para proteger al estado de derecho.”
Con esas palabras concluyó su exposición de más de cuatro horas el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, en la que reveló inquietantes datos sobre el funcionamiento y los alcances de la “red de espionaje político, judicial y periodístico de magnitudes” que investiga y que involucra a agentes de inteligencia, embajadas extranjeras, periodistas, legisladores, empresarios y funcionarios públicos.
Durante la extensa y cuidadosa exposición, en la que aportó todos los datos surgidos del informe pericial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el magistrado brindó detalles sobre las operaciones de la asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, operaciones psicológicas e investigaciones paralelas a causas judiciales en las que muchísimas personas fueron detenidas por información surgida de esos operativos, extorsiones y coacciones.
“Así como ustedes están tomando conocimiento sobre estos hechos, en el juzgado de Dolores, que es un juzgado pequeño, también se modificó y mucho el modo de percibir la justicia, el modo de recibir el testimonio de personas, objetivos, víctimas que están muy preocupados, que no reciben ninguna clase de asistencia por parte del Estado”, dijo el juez al denunciar la “soledad” en la que trabaja su juzgado.
Falta de equipos informáticos que permitan analizar la enorme documentación obtenida hasta el momento y hasta la negativa del Servicio Penitenciario de trasladar a los imputados detenidos hasta el juzgado “por falta de combustible” fueron algunas de las increíbles quejas que presentó Ramos Padilla. Otro ejemplo que brindó fue el secuestro de cuatro discos rígidos, de los cuales sólo pudieron analizar uno por la falta de elementos.
El magistrado comenzó a hablar apenas pasadas las 14 hs en la comisión que preside el diputado Leopoldo Moreau y describió el camino investigativo que siguió desde la presentación de la denuncia original del empresario Pedro Etchebest por “una extorsión que estaba en curso”.
“Ahí es donde cambia el objeto de la investigación 180 grados”, dijo sobre el allanamiento en donde secuestraron una enorme cantidad de legajos de inteligencia, artefactos destinados al espionaje ilegal y armas de alta tecnología.
“El caso que puede involucrar a un fiscal, ya sabemos que no es un solo fiscal sino varios, el caso que puede involucrar a un periodista, a un juez, es ínfimo: lo que estamos viendo puede afectar las relaciones con los Estados Unidos, con Israel, con Venezuela y con Uruguay”, manifestó, y agregó que “por eso desde un primer momento fue intención de este juez darle institucionalidad a la investigación”.
En este sentido, cuestionó la respuesta que recibió del Procurador General Eduardo Casal ante el requerimiento de que intervenga su organismo “tratando de respetar la investidura y las investigaciones que tienen a cargo mis colegas”.
Asimismo, como ya lo había hecho en el escrito en que rechazaba los incidentes de competencia con los que pretendían quitarle la causa, se refirió al pedido del juez Ercolini, quien “me pidió que me inhiba y le dé la causa de manera urgente porque, según sostenía, él tenía el mismo objeto procesal que yo”. “Nunca supe cómo pudo conocer el objeto procesal de una causa en secreto de sumario”, disparó Ramos Padilla, y completó: “No es sencillo resolver este incidente de competencia en el cual todos quieren la investigación y ni siquiera delimitan el objeto procesal”.
Aunque se encargó de remarcar constantemente que la aparición de jueces, fiscales, periodistas, legisladores, funcionarios provinciales y nacionales y embajadas extranjeras puede haber entablado relaciones “de buena fe” con la red de espionaje que investiga, no dejan de llamar la atención las relaciones y el nivel de conocimiento y participación sobre temas sensibles para la política y la Justicia argentinas, más aún si se tiene en cuenta que los organismos de inteligencia y seguridad del país negaron que D’Alessio sea un agente estatal.
Un dato importante que aportó el juez en su presentación, además del involucramiento de más funcionarios judiciales, políticos y periodistas, fue que a partir de la documentación reunida se puede determinar que la “organización” existe hace muchísimos años, incluso antes de la causa más antigua de D’Alessio hasta el momento, que es la que instruye el juez Luis Rodríguez desde 2016, también por extorsión.
El magistrado explicó que el falso abogado “tenía una actividad muy intensa en el ámbito de la prensa” y que eso y su condición de “abogado” le permitían “que sus operaciones psicológicas sean mucho más intensas y profundas”. “Vamos a verificar cómo con un detalle increíble hay una planificación de que primero tenía que ir a algunos medios de prensa y luego a la Justicia para relatar exactamente lo mismo una persona que antes, en términos de ellos, había sido ‘ablandada’”, añadió.
Uno de los casos en los que más detalles brindó, por lo escandaloso de la extorsión, fue el del directivo de PDVSA Argentina, Gonzalo Brusa Dovat, donde la que la Comisión Provincial por la Memoria detectó operaciones de acción psicológica y menciones de los miembros de la organización criminal a los vínculos con la embajada de Estados Unidos y organismos de inteligencia y seguridad de ese país.
En toda la operación de “ablandamiento” o “quiebre” del exdirectivo de la petrolera venezolana, el objetivo más importante era lograr el bloqueo de fondos al gobierno bolivariano, que se condice con la intensificación de la avanzada norteamericana sobre el país caribeño.
En diálogos que mantuvo D’Alessio con el empresario Mario Montoto, el falso abogado habla de “extracción” de personas a las que denomina “objetivos de la embajada”. Menciona también en otros diálogos viajes a Venezuela e “informes en valija diplomática” que debía enviar a Maine, Estados Unidos.
En el caso de PDVSA, la CPM confirma el conocimiento y la participación del fiscal Stornelli, que es el que finalmente le toma declaración al arrepentido/víctima Brusa Dovat.
La diputada Nilda Garré le preguntó al juez sobre los reportes a Maine que menciona el falso abogado, y señaló que “En el estado de Maine se encuentra la escuela de los que se denominan ‘inórganicos’, un ‘core collector’ le dicen en Estados Unidos”, y, de comprobarse la pertenencia de D’Alessio, configura una “abierta intervención externa en el país”.
“Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores le consulté a la Embajada de Estados Unidos que informe si el señor D’Alessio era una persona vinculada a la embajada o a alguno de los servicios de inteligencia norteamericanos. No recibí respuesta”, contestó Ramos Padilla.
ramos padilla: “consulté a la Embajada de Estados Unidos que informe si el señor D’Alessio era una persona vinculada a la embajada o a alguno de los servicios de inteligencia norteamericanos. No recibí respuesta”.
El magistrado también destacó la existencia de archivos de inteligencia con información sobre “la postura ideológica de algunos periodistas”, entre ellos, parte del equipo del programa Animales Sueltos. Semanas atrás había trascendido la existencia de un archivo titulado “Operación Fantino”, donde D’Alessio recopiló información sobre el conductor y en el que sostenía que su fuente de información era el periodista y panelista del programa, Daniel Santoro.
En ese punto, el juez confirmó que los informes alcanzan al propio Fantino y a Romina Manguel. Además, destacó que lo que motivó el interés de la organización por conocer esos datos fue una reunión que el conductor mantuvo con una legisladora de la oposición. “¿Podría confirmar si esa legisladora que menciona es Cristina Fernández de Kirchner?”, le preguntó Leopoldo Moreau. “Sí”, fue la respuesta.
Durante la exposición, y repitiendo que la existencia de ese material no comprueba la participación efectiva en la organización, el juez reprodujo dos audios que salieron de uno de los teléfonos de D’Alessio en fechas posteriores al allanamiento de su casa. Los mensajes estaban destinados a la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, pero no tuvieron respuesta. “Hola, Pau. El que armó esto es un AFI que es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna de la interna. Dónde se vincula un tipo de Angelici con un operador de CFK. De esto ya no entiendo un porongo, pero sé quién es”, le explica en el audio, y agrega que “solito, sin nada” investigó quién estaba detrás de lo que la propia diputada definió como una operación contra Stornelli.
“Son 164 megas, decime qué carajo hago con eso: ¿lo mando en un pendrive, en un sobre, con alguien a nombre de Martín Catalano para que te lo de? Olvidate que este tipo me lleva en cana por lo que sea, por extorsión en grado de tentativa. Pero quiero dárselo a alguien para que lo vea”, le dice a Oliveto sobre supuestos audios y filmaciones que consiguió para probar la “operación” en su contra.
No obstante, el juez remarcó que “esto podría ser preconstitución de prueba para perjudicar a Paula Oliveto. Ella tiene todo el derecho de presentarse en el tribunal a ofrecer su versión”. Cabe recordar que Oliveto y Mariana Zuvic fueron las dos dirigentes del espacio de Carrió que presentaron una denuncia penal aduciendo que “la operación contra Stornelli” había sido orquestada desde la cárcel por exfuncionarios del kirchnerismo. Para eso, presentaron transcripciones de escuchas telefónicas que, según Elisa Carrió, llegaron a sus manos “en un sobre anónimo”.
“Hay diputados que eran usuarios de esta red de espionaje”, advirtió el juez.
Ramos Padilla manifestó que él también fue “objeto de este tipo de operaciones”, y destacó: “Se me colocó como un juez militante sobre la base de que voy a la marcha del 24 de Marzo para sostener el Estado de derecho; he ido con colegas jueces, he ido con excombatientes de Malvinas a quienes acompañé en su reclamo de identificación de las tumbas NN, y voy a seguir yendo”. En esa línea, consideró que no hay nada malo en participar de una manifestación “a favor del Estado de derecho”, pero sí es incorrecto que “jueces y fiscales tengan ninguna clase de relación con miembros de una embajada extranjera porque eso es función del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
