En el marco del inicio de la negociación 2019, los bloques de diputados y senadores del kirchnerismo bonaerense elaboraron un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral Especial para el seguimiento de la Paritaria Docente de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores acercaron la iniciativa a dirigentes gremiales del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) un día después de la primera reunión paritaria donde no hubo acuerdo.
La comisión, que estaría compuesta por cuatro senadores y ocho diputados de acuerdo con la proporcionalidad de la representación política, busca ser una mediación en el marco del conflicto entre los sindicatos y el Ejecutivo provincial. El objetivo: “realizar un control directo y permanente sobre las reuniones, medidas y resoluciones que se desarrollen en el marco de la negociación”, establece el proyecto.
La iniciativa, que entrará en la agenda legislativa a partir de marzo, apunta a encaminar las demandas en materia educativa, “ya que el Estado provincial no ha podido negociar con los docentes generando un incremento de los rasgos de la conflictividad laboral en el área educativa durante el período 2016-2018”.
Mientras la gestión de Vidal no consiguió cerrar la paritaria 2018, en la primera reunión del miércoles los gremios valoraron la propuesta para 2019, consistente en fijar los aumentos siguiendo la medición mensual de inflación que hace el INDEC. El rechazo fue por la falta de propuesta ante la pérdida de dieciséis puntos en 2018. Vidal dio aumentos del 32% frente a una inflación del 47,6%.
En la reunión estuvieron los legisladores Florencia Saintout, Miguel Funes, Juan Manuel Pignocco, Juan Debandi, Susana González y José Rossi. Entre los gremialistas estuvieron Silvia Almazán, secretaria general adjunta de Suteba, Raúl Calamante, secretario de Organización de la CTA Provincia de Buenos Aires, y Miguel Díaz, secretario general de Udocba.
“Hicimos un planteo sobre el estado de la educación pública y sus principales problemáticas”, dijo Almazán a Contexto, quien remarcó los pedidos educativos relativos a la agenda social y de infraestructura a cuyas respectivas mesas técnicas el gobierno no convocó.
Saintout: “Queremos discutir la educación para un proyecto de país con salarios dignos, edificios seguros y capacitación permanente”.
“Queremos discutir la educación para un proyecto de país con salarios dignos, edificios seguros y capacitación permanente”, dijo Saintout, presidente del bloque opositor. “Nos reunimos con el Frente de Unidad Docente Bonaerense ante el ataque sistemático de la gobernadora Vidal para con el sector. La paritaria es mucho más que un acuerdo salarial; debe incluir la formación y las condiciones laborales diarias”, señaló por su parte Funes.
A nivel educativo, 2018 estuvo signado, además de por la falta de acuerdo a nivel salarial, por la crítica situación edilicia de las escuelas de la provincia, que tuvo mayor repercusión tras las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por una explosión tras una fuga de gas.
En ese sentido, en septiembre del año pasado la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de Emergencia Edilicia que apunta a que el gobierno accione en el sentido de restablecer las condiciones de seguridad para trabajadores y alumnos en los establecimientos educativos y garantizar el efectivo funcionamiento de los servicios. Ese proyecto está estancado en el Senado, donde Cambiemos tiene mayoría propia.
“El oficialismo no tiene intencionalidad de tratarla porque es mayoría, por lo que podría aprobarla por sí solo sin necesitar de los demás bloques”, cuestionó Almazán.
Este año, en la previa a la paritaria, el clima no se tranquilizó luego de que Vidal promoviera una activa defensa de su gestión educativa a través de redes sociales y convocando a mesas educativas para cargar contra los gremios. La relación se tensó más luego del despido del equipo docente completo a cargo del diseño y la aplicación de los cursos públicos de capacitación docente.
El proyecto de ley que debatieron legisladores y gremialistas también apunta a la reapertura de la paritaria nacional docente que derogó el gobierno de Mauricio Macri por decreto, dejando las paritarias a cargo de cada provincia y pisoteando la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo.
A partir de la derogación de la ley, el aumento salarial docente se fijó en un piso del 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. Así, el gobierno nacional dejó librada a cada provincia la fijación del salario mínimo y eliminó el ámbito de discusión para todos los temas complementarios a la discusión salarial, desconociendo el derecho que los trabajadores habían adquirido por ley.
El 80% de los maestros es pobre
A raíz del comienzo de la paritaria bonaerense, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe donde analiza la evolución de los salarios docentes tanto de la provincia de Buenos Aires como del resto del país.
El estudio hizo una comparación entre el poder de compra de diciembre de 2018 con respecto al promedio de 2017, dato que permite establecer el punto de partida para las negociaciones actuales. La comparación arroja que la caída salarial fue del 21% en promedio entre todas las provincias. En el caso de Buenos Aires, tal como afirman los gremios, es del 16%.
la caída salarial docente fue del 21% en promedio entre todas las provincias. En el caso de Buenos Aires, tal como afirman los gremios, es del 16%.
El deterioro de los salarios de los docentes del país –en promedio– queda a la vista cuando se observa cuánto aumentó la cantidad de estos trabajadores que se ubicaron por debajo de la línea de pobreza. “Considerando el promedio de salario bruto para un docente de Educación Primaria, Jornada Simple y Enseñanza Común con diez años de antigüedad, el 80% de los docentes de la Argentina se encuentra por debajo de la línea de pobreza regional de INDEC y sólo siete provincias presentan promedios salariales por encima de la línea”, afirma el estudio.
Lo destacable es que un año antes –es decir, en 2017–, con respecto a 2018, los guarismos son al revés: casi el 90% se encontraba por encima de la línea de pobreza regional para una familia tipo, lo cual evidencia los efectos de la eliminación de la paritaria nacional pero también los de la inflación récord, del 47,6%, y de la devaluación del 100%.
“La cercanía del salario docente a la línea de pobreza provocó que, ante un cambio significativo en el nivel de precios y por ende en los salarios reales en 2018, una sensible porción de los docentes pasara a ubicarse por debajo de esta línea, invirtiendo totalmente la relación: si antes el 90% superaba la línea de pobreza, tan sólo un año después el 80% está por debajo de la misma”, estableció el CEPA.
En el caso de los docentes bonaerenses, y de cara a la negociación de 2019, para que el aumento salarial a fin de año equipare el poder adquisitivo de diciembre de 2017 –antes del desplome económico de 2018– “debería alcanzar 52%, incrementándose los salarios de manera acumulativa 3,6% mensual durante todo 2019”, señala.
Entre los perjuicios que trajo la eliminación de la paritaria nacional docente, se destaca la discusión sobre el monto a percibir del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En este punto, el CEPA precisó que “si se considera el salario original de 2018 para los salarios bonaerenses, pero estimando la evolución del FONID según la variación salarial del resto de los ítems a lo largo de ese año, el salario anual hubiese sido $4.857 más elevado, es decir, 2,11% por encima del salario actual”.
