En el Juzgado Federal de Río Grande se inició en 2007 una causa para investigar la posible comisión de delitos de lesa humanidad por parte de militares argentinos contra jóvenes de las propias Fuerzas Armadas que habían ido a combatir a las islas Malvinas, en el marco del conflicto bélico que se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Exconscriptos denunciaron diversos actos de tormentos por parte de sus superiores como respuesta a los reclamos de alimento y abrigo.
Algunas de las torturas guardaban similitudes con las que aplicaron los genocidas en la plataforma continental en el marco de la dictadura cívico-militar de ese momento. Sin embargo, los denunciantes describieron los padecimientos sufridos a partir de “estaqueamientos” y “enterramientos” hasta el cuello en la intemperie. Cabe destacar que debido a su ubicación y a su carácter insular, durante esos meses el clima en el lugar es inestable, con una serie de temporales de vientos impetuosos y fríos, intermitentes lloviznas, granizo, nieve, escarchas nocturnas. Asimismo, la temperatura media mínima es de –6 ºC, mientras que la media máxima no supera los 8 ºC.
El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, fijó para los meses de junio y julio las declaraciones indagatorias a dieciocho exmilitares acusados de ejercer esas torturas psicológicas y físicas. Los indagados serán: Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.
Cabe destacar que el juez subrogante Calvete ya había convocado a los exmilitares en diciembre del año pasado, hecho que se vio demorado ante la notificación de citación de cada uno de los imputados.
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Las idas y vueltas en la Justicia
El 6 de septiembre de 2006, el excombatiente Rubén Darío Gleriano denunció ante el fiscal Guillermo Marijuán haber padecido un estaqueamiento de ocho horas y malos tratos en las islas Malvinas durante 1982. Walter Salas hizo la segunda presentación en la que describió el estaqueamiento por siete horas que sufrió como castigo luego de ir a buscar alimentos. Las denuncias se multiplicaron en escasos meses.
En 2007, en el Juzgado Federal de Río Grande fueron presentados veinticinco casos por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto bélico. A partir de ello se abrió la Causa Nº 1.777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”. El defensor oficial de Jorge Taranto solicitó el cierre por considerar que se había prescripto.
Las juezas Eva Parcio de Seleme, de Comodoro Rivadavia, y Liliana Herraez, de Río Grande, respondieron a esta presentación y consideraron que los vejámenes de militares contra conscriptos argentinos en Malvinas son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. El 24 de junio de 2009, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se expidió en ambas causas desestimando las apelaciones.
El 19 de febrero de 2015 fue confirmada la prescripción penal por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, debido a que se sumaron numerosas denuncias nuevas y se agregaron distintas causas remitidas por incompetencia desde otros Juzgados Federales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia estableció que continúe abierta la causa siempre y cuando se trate de hechos que no hayan conformado el objeto de la sentencia dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.
En mayo de 2018, el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad requirió el viernes pasado la detención y las declaraciones indagatorias de veintiséis militares. La presentación se circunscribe a veintidós hechos de torturas ocurridas en la isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú.
En octubre de 2018, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso, por mayoría, que continúe el trámite de la causa que investiga la presunta responsabilidad de exmilitares en la imposición de torturas a conscriptos durante la Guerra de Malvinas.
