Por Pablo Giurleo* y María Victoria Mendieta**
A los servicios públicos hay que militarlos. La frase podría desconcertar al lector desprevenido. Sí, hay que militarlos, se menciona desde Sikardi Florece, agrupación del barrio “Parque Sicardi”, en las afueras de la ciudad de La Plata. Pero, ¿qué sociedad presupone una frase semejante?, ¿por qué una organización política barrial debería involucrarse en esas tareas? Puede sonar inverosímil que en los tiempos actuales, desde la periferia platense, existan estos planteos respecto a “militar los servicios públicos” porque a esta altura de la historia debería estar incorporado –en el sentir, en los imaginarios y las ideas, tanto de ciudadanos como de gobernantes– que el goce de un servicio público en la vida de una persona que vive y se desarrolla en una sociedad urbanizada, es un derecho de todos y no el privilegio de unos pocos. Pareciese del orden de la realidad indiscutible que la población, en su totalidad, tenga acceso a servicios públicos como el agua, el gas y la electricidad cuando residen en ciudades preparadas para ello, y sin embargo es un status que hoy se discute fuertemente desde las altas esferas de gobierno, de manera que los que gobiernan pareciesen enemigos de los gobernados y no sus representantes.
el goce de un servicio público en la vida de una persona que vive y se desarrolla en una sociedad urbanizada, es un derecho de todos y no el privilegio de unos pocos.
La comprensión de este estado de la cuestión respecto a los servicios públicos y las consecuencias que este retroceso depara para la mayoría de los argentinos (nucleados en familias, hogares, PYMES, clubes, asociaciones sin fines de lucro etc.) se alcanza con mayor profundidad cuando se comparan los principios –éticos, culturales, jurídicos– que rigen el contexto político actual con los que regían en el período anterior. Hoy pareciese que el acceso a los servicios públicos es obra de la meritocracia, de acuerdo al esfuerzo individual (o familiar) de quienes residen en cada hogar. Si así fuese, nada tendría que hacer un gobernante respecto a la inclusión o no de un ciudadano en un servicio y en las redes públicas de la vida moderna. Junto a estas ideas, los gobernantes argentinos actuales promueven, cada vez que tienen la oportunidad, frases que funcionan como argumentaciones aptas para sujetar el sentido común de la población a estos funestos imaginarios: ahora estamos pagando lo que valen (los servicios)… si ahora están caros es porque antes vivíamos en una fiesta que se terminó… yo trabajo y me esfuerzo, y si no me alcanza tengo que trabajar el doble… Nos estábamos quedando sin energía…” entre ellas, con un único fin: fabricar una crisis energética que nunca existió para convencer a la sociedad que el camino correcto para salir de esa crisis es mercantilizar los servicios públicos.
En los denominados “años kirchneristas” se declamaba que los servicios públicos eran un derecho de todos, que no debía haber obstáculos entre el ciudadano y su inclusión en los mismos, y que todos debían gozar de ellos porque tenían el derecho a hacerlo, a la vez que se traducían esas ideas en hechos concretos, como propiciar las condiciones económicas para asegurar que las tarifas fuesen accesibles. Por esta situación –y este contraste– es que la militancia por los servicios públicos en un barrio periférico de La Plata, tiene como una de sus tareas principales fomentar el reconocimiento y la apropiación de derechos por parte de los vecinos, respecto a que tienen derecho a usar el gas; tienen derecho a disponer de energía eléctrica; que ese servicio debe, además, ser de calidad; que el acceso no puede depender de los ingresos del hogar y que, finalmente, todas estas cosas pueden exigirse al Estado Argentino porque son derechos de los ciudadanos argentinos.
Ello implica una ardua tarea militante en un contexto político y social en donde se estigmatiza a quienes “exigen” y “reclaman” por sus derechos, con respuestas como la represión o el disciplinamiento bajo distintas amenazas. Por otra parte, el desgaste asociado a la falta de respuesta por parte de las empresas prestatarias de servicios, la falta de respaldo por parte de los organismos de control del Estado y la desobediencia de resoluciones judiciales por parte del Poder Ejecutivo, apuntan a producir como idea que no hay más alternativas que acostumbrarse a la carencia o, en el mejor de los casos, a pagar puntualmente lo que se exige desde el otro lado de la ventanilla privándose de cubrir otras necesidades. Apartarse de este poder ciudadano que implica “defender los derechos” y acostumbrarse, en cambio, a pagar las tarifas confiscatorias que se cobran hoy por los servicios públicos, es propio de esta política energética restrictiva que propende, además, a que la ciudadanía no pueda identificar adecuadamente lo que puede exigir en materia de derechos.
Pero la protección de los derechos no sobreviene naturalmente, como impulso ciudadano. Una de las herramientas valiosas para efectivizar esta protección colectiva de nuestros derechos, es la que puede proveerse desde la difusión del conocimiento técnico jurídico: conocer para entender “a que cosa” tengo derecho, que me corresponde reclamar y cuál es el tipo de bienestar para mi vida que puedo convertir en una demanda dirigida al estado. Conocer y difundir, en definitiva, para construir ciudadanías críticas y participativas.
“El acceso a los servicios públicos es un derecho de todos”
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)[3], que posee jerarquía constitucional en el sistema normativo argentino, establece que: “(l)os Estados Partes… reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”. Ahora bien, los principios de los tratados internacionales de Derechos Humanos no son meros principios abstractos sino que generan obligaciones y responsabilidades a un Estado para que los mismos se hagan efectivos. En esta clave de lectura, “subsidiar los servicios públicos” podría leerse como una medida cuyo fin sea garantizar el acceso efectivo al “derecho a una vivienda adecuada”. Por el contrario, quitar los subsidios y desregular el precio de las tarifas para dejarlo en manos de grandes empresas –el modelo de “sinceramiento de tarifas”– resulta una decisión política contraria a estas normas internacionales y en franco retroceso respecto al contenido de las mismas.
¿Qué implica el “principio de vivienda adecuada”?
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[4] (CDEESC) en su Observación General N°4, afirma que el contenido de este derecho no debe ser interpretado en un sentido restrictivo. Es decir: no basta con garantizar un techo sino que deben (los ciudadanos) disponer de un lugar donde poder aislarse, si lo desean, de un espacio adecuado, una seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable». Por lo tanto, disponer de servicios públicos a un costo razonable es la garantía para acceder a los mismos. En consonancia con ello, los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían situarse en un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Así, se interpela a los Estados para que adopten medidas útiles para garantizar que el porcentaje de los gastos de la vivienda sean, en general, conmensurados respecto a los niveles de ingreso de la población. Aquí puede entenderse a la vivienda como una instancia clave en la inserción en un entramado social que facilita la reproducción ampliada y la satisfacción de otros derechos, como la educación, la salud o el trabajo[5], y para ello juega un rol clave el acceso a los servicios públicos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[4] (CDEESC) afirma que disponer de servicios públicos a un costo razonable es la garantía para acceder a los mismos.
En el caso de los barrios electrointensivos[6] como Parque Sicardi / Villa Garibaldi, en las afueras de la ciudad de La Plata, visualizamos que el Estado debe desempeñar un rol importante en relación a “garantizar que los gastos de la vivienda sean conmensurados con los ingresos de sus habitantes…”, algo que hoy no sucede, dado que el alto consumo de energía eléctrica que en épocas invernales se produce en el barrio, ha tenido como consecuencia la generación de facturas impagables. Ante ello, hemos notado que la respuesta ciudadana más frecuente ha sido “apagar la calefacción”, o sea: inacceder, o quedar excluido del servicio público de electricidad al cual, como hemos visto, todas y todos tenemos derecho. Ante este panorama, la organización barrial Sikardi Florece ha emprendido, desde 2016, esta minuciosa tarea de “militar los servicios públicos”, que, entre otras cosas implicó la convocatoria a asambleas con vecinos y vecinas; la participación en distintos espacios de debate –institucionales, medios de comunicación– y el aporte a proyectos de leyes nacionales y provinciales para la creación de una tarifa diferenciada para los usuarios electrointensivos.
Como dijimos antes, disponer de los conocimientos técnicos en materia de servicios públicos es condición necesaria pero no suficiente, por lo que resultó imprescindible difundir estos conocimientos en el territorio, a través del diálogo, explicando razones y derechos, conteniendo situaciones y examinando los problemas jurídicamente. Porque luchar por una tarifa justa no significa discutir únicamente la afectación al bolsillo de la gente; implica, por sobre todas las cosas, batallar contra un mensaje que desde hace tres años se quiere instalar en el imaginario social, con el cual medios y comunicadores oficiales machacan todos los días que los servicios públicos no son para todos y todas sino para quien pueda pagarlos, situación que nos recuerda a aquellas palabras de Guillermo Del Cioppo, ex intendente de Buenos Aires durante los oscuros años dictatoriales de principios de los ochenta, quien dijo: Buenos Aires no es para cualquiera, sino para quien lo merezca… En este caso, la consigna sería: “disponer de los servicios públicos no es para cualquiera, sino para quien lo merezca… o para quien pueda pagarlos”.
luchar por una tarifa justa no significa discutir únicamente la afectación al bolsillo de la gente; implica, por sobre todas las cosas, batallar contra un mensaje que desde hace tres años quiere instalar en el imaginario social que los servicios públicos no son para todos y todas sino para quien pueda pagarlos.
Militar los servicios públicos
La política del actual gobierno implica un retroceso jurídico y cultural: se concibe a la energía como mercancía, se prioriza las rentabilidad de las (grandes) empresas que concentran el mercado energético y empobrecen al pueblo con cada aumento tarifario, en total contraposición al modelo energético “heredado”, el cual se basó en un sistema energético en calidad de derecho humano y como herramienta fundamental de lucha contra la pobreza y de promoción de un desarrollo socioeconómico genuino, incluyente y federal[7], cumpliendo con los mandatos constitucionales y los intereses del pueblo argentino.
Es por ello, que entendemos y concebimos que los servicios públicos son vitales para la vida de todo ser humano y como tal, son un derecho inalienable que no puede ser arrebatado por políticas estatales regresivas, lo que vuelve fundamental la tarea de militar los servicios públicos y defender propuestas políticas basadas en modelos energéticos virtuosos e inclusivos, fundadas en antecedentes técnicos y legales para que se conviertan en derechos ciudadanos y, en consecuencia, en una obligación ineludible del Estado.
*Sociólogo. Docente de la FPyCS, UNLP, e integrante de Sikardi Florece.
**Abogada. Integrante de Sikardi Florece y CEPIS.
Notas
[3] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es un pacto que reconoce a los DESC (Derechos Económicos, Sociales y culturales) y establece mecanismos que los estados firmantes deben adoptar para su protección. Incluye principios que abarcan temas “sociales” como: el “trabajo”; la “seguridad social”; la “vida familiar”; la “vivienda digna”, la “salud” y la “educación”. Fue sancionado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, y tuvo su entrada en vigor en 1976. En nuestro país, fue incorporado a la Constitución Nacional con la reforma de 1994.
[4] El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) es un Órgano Supranacional creado en 1985 para supervisar el efectivo cumplimiento del PIDESC.
[5] La cita pertenece al trabajo de Joaquín Benítez (2018), “El Derecho a la ciudad como estructura de sentimiento. ¿Nuevas formas pre-emergentes de significar la vivienda y el espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?”, en Cuaderno Urbano. Espacio, cultura, sociedad, Vol. 25, N° 25 (noviembre 2018), disponible en: file:///C:/Users/User/Downloads/3510-11262-1-PB%20(2).pdf.
[6] La denominación “electrointensivos”, hace referencia a aquellas zonas urbanas o semiurbanas en donde la luz es el único servicio público disponible para la población, lo que redunda en un uso intensivo de este servicio para obtener otros, como el agua y la calefacción.
[7] Federico Bernal (2018), La Estafa del Tarifazo. Radiografía del fraude del siglo y aportes para la defensa del interés popular y democrático. Buenos Aires: Colihue.
