Esta mañana comenzó el juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi en una fiesta clandestina el 1º de enero de 2016, en una causa donde están imputados cuatro empresarios de la noche por el delito de «homicidio simple con dolo eventual y desobediencia en dos oportunidades». Raúl «Peque» García, Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, presidido por los jueces Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, quienes desde las 11 hs dieron apertura a la sesión y explicaron el procedimiento.
Estuvo presente la fiscal Silvina Langone, las partes damnificadas y la defensa, quienes escucharon e interrogaron a los siete testigos: Eugenia Curi (madre de Emilia), Claudio Gallardo, Hugo Amarillo, Alejandro Fabián Piedrabuena (hermano del imputado Santiago Piedrabuena), Fabián Marcelo Medina, Agustina Juan Di Martino y Juan Ramón Verón. A las 13:40 se pidió un cuarto intermedio y se dio por finalizada la audiencia.
Afuera del tribunal, sobre calle 8 e/ 56 y 57, se realizó una radio abierta para acompañar el pedido de justicia. Participaron de la jornada Rosa Bru (madre de Miguel Bru), Marta Ramallo (madre de Johana Ramallo), el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; autoridades y estudiantes de las facultades de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) y de Trabajo Social (UNLP); las y los concejales Yanina Lamberti, Ana Negrete, Cintia Mansilla y Juan Manuel Granillo Fernández; la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y otras organizaciones sociales y políticas.
Los empresarios imputados son juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 por el delito de «homicidio simple con dolo eventual». Las audiencias continuarán durante cinco días hasta el 4 de julio, con cuatro acusados y alrededor de ochenta testigos.
Desde la Asamblea Justicia por Emilia sostuvieron que la fiesta «La Frontera» tuvo dos clausuras previas. La primera alrededor de las 23 hs, pero al retirarse la policía los organizadores volvieron a abrir la quinta a las 00:15. «A las 2 a.m. se hace presente nuevamente Control Urbano, pero se retiran por orden del secretario de Seguridad municipal tras el cobro de una coima», denunciaron.
Los imputados
García, de estrechos vínculos con el poder político de Juntos, en enero de 2019 fue detenido nuevamente en el marco de una causa por trata de personas. Haramboure se encontraba en la fiesta mientras debía estar cumpliendo una condena en prisión domiciliaria por el asesinato del joven Juan Maldonado en 2009, a la salida del boliche Alcatraz en Berisso. Piedrabuena contaba con dos causas anteriores: por portación ilegal de armas de fuego y por desobediencia luego de violar una clausura en un boliche de su propiedad. Por último, Bellone, dueño de la quinta donde eran habituales estas fiestas con gran concurrencia.
Por el lado de los funcionarios del municipio responsables, el único imputado es Daniel Piqué, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», pero su caso no será juzgado en este debate.
La familia Uscamayta Curi y allegados reclaman justicia desde hace siete años. En el camino se enfrentaron a un entramado político y empresarial que buscó sostener su impunidad a toda costa. Se encontraron en muchas ocasiones frente a un Poder Judicial que actuó en complicidad con los imputados, situación que obligó a solicitar en un principio el apartamiento del fiscal Álvaro Garganta, y más recientemente el de la fiscal Graciela Rivero, que dio paso a la designación de la fiscal Silvina Langone. También se peleó por el cambio de carátula para que se juzgue por lo que fue: un homicidio.
«Desde la Asamblea Justicia por Emilia Uscamayta Curi, esperamos que los responsables tengan un castigo acorde. La justicia no aliviará el dolor de la ausencia de Emilia, pero es un acto necesario de reparación para quienes hace tanto tiempo peleamos para que se termine la impunidad», sostuvo la Asamblea Justicia por Emilia en un comunicado. «Esta vez será el turno de los empresarios de la noche platense, más adelante será el de los funcionarios que debiendo actuar como corresponde, priorizaron sus negociados», concluyó.
