Son 507 las páginas que tiene el informe de fundamentos que el Tribunal Oral de Menores (TOM) N° 2 presentó este miércoles para sostener la condena a dos años de prisión en suspenso para Luis Chocobar, el policía bonaerense acusado de matar a Pablo Kukoc, de dieciocho años. El efectivo, condenado en mayo de este año por el hecho de violencia institucional ocurrido en diciembre de 2017, se convirtió en una figura paradigmática del modelo de seguridad instaurado por el Gobierno de Mauricio Macri.
«Innecesario y desproporcionado» fue la definición del TOM 2 para calificar el disparo que terminó con la vida de Kukoc, perseguido por Chocobar tras el asalto a Frank Wolek, un turista estadounidense que se encontraba en la zona de Caminito, en el barrio La Boca. Al momento del hecho, Chocobar se encontraba fuera de servicio, interceptó al joven que huía de la escena del delito y le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.
«En un preciso momento de la persecución, la actuación del policía acusado dejó de estar justificada para tornarse excesiva en extenso e intenso por resultar innecesaria y desproporcionada al legítimo fin primigeniamente propuesto», expresan los fundamentos presentados por los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete.
«Se evidencia en él [por Chocobar] una deficiente preparación profesional e imprudencia durante toda la secuencia crítica», fue la descripción del juez Pisano sobre el accionar del efectivo policial que, a fines de 2017, tras ocurrir el hecho que alcanzó trascendencia nacional, fue recibido en Casa Rosada por el entonces presidente Macri.
La gestión gubernamental de Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, no solo se mostró de manera pública en respaldo del accionar del policía, sino que incluso tomó el caso como ejemplo para impulsar una «doctrina» propia de seguridad. Fue la misma Bullrich quien en declaraciones a la prensa fogoneó este nuevo paradigma que vendría a terminar con la persecución de la víctima y «la defensa del victimario».
Tras un largo tiempo de espera, en mayo de este año se dictó la sentencia por «homicidio agravado cometido en abuso de la función policial». La resolución judicial generó reacciones diversas. El abogado defensor de la familia de Kukoc, Pablo Rovatti (quien también es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación), consideró que la condena fue «demasiado leve para la enorme gravedad de la conducta que se probó en el juicio».
En tanto, otra de las figuras que se pronunciaron ante el fallo fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla: «Más allá de lo exiguo de la pena, ha quedado claro que su accionar no fue ningún ejemplo, sino que constituyó un delito que terminó con una vida, que hubiera merecido un juicio justo».
