Tras un mes de cuarentena total bajo normativa del gobierno, uno de los sectores donde más conflictos se ha desarrollado es el mercado inmobiliario, que, a pesar de estar alcanzado por el decreto presidencial que interpuso regulaciones especiales para el aislamiento, no deja de encontrar complicaciones entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias. La situación se replica en varias partes del país y la ciudad de La Plata no es la excepción.
Desde las distintas asociaciones civiles que nuclean a inquilinos asumieron la tarea de registrar y recolectar los cientos de mensajes y problemáticas que comenzaron a surgir entre los residentes y las firmas inmobiliarias. En su mayoría, la necesidad de generar pagos vía depósito por causa de la pandemia sacó a flote la insistencia de locadores e inmobiliarias de evadir el registro de CBU, modalidad histórica para eludir las responsabilidades impositivas.
«Lo que venimos viendo es que algunos aspectos de la normativa se cumplen con mayor facilidad y otros no. El que con menos facilidad se cumple es el tema del CBU. La mayoría de las demandas son por eso. No se garantiza el pago electrónico para el alquiler. El segundo problema mayoritario en cantidad es con la extensión de contratos, las prórrogas que establece el decreto. Algunos propietarios han intentado forzar contratos con nuevos valores», dijo a Contexto Germán Schieff, referente de la Asociación de Inquilinos Platenses.
«Hubo un caso de un chico estudiante que se había ido y no podía volver a su casa. Se enteró de que el dueño había cambiado la cerradura y quedó con sus cosas adentro. Lo mismo en un local comercial. Esas situaciones donde hay un acto violento son las más complicadas. Por suerte no han sido las mayoritarias», sostuvo Schieff.
Mientras tanto, las consultas a la Defensoría del Pueblo de la provincia se quintuplicaron, con más de mil mensajes contabilizados por la organización. La mayoría de ellos, relativos a la finalización de contratos a fines de marzo. Este punto representa el 60% de las consultas realizadas a esa entidad. En su mayoría, los inquilinos son presionados a dejar las viviendas donde tenían contrato hasta esa fecha.
Otro de los problemas es la generación del CBU para habilitar pagos virtuales en lugar de los habituales en efectivo, de manera presencial. «El tema del CBU tiene que ver básicamente con blanquear los ingresos de los locadores. Hoy en día, sabemos que casi el 80% del mercado inmobiliario se maneja en negro con pagos en efectivo. Eso se mantiene así para evitar impuestos. No hablo de un pequeño propietario, hablo de propietarios con veinte, treinta propiedades o más», expresó el referente de Asociación de Inquilinos Platenses.
Por su parte, desde Inquilinos Agrupados, asociación civil vinculada al mismo problema, han sido más críticos aún con la situación. «La cuarentena no modificó nada de lo que siempre ha sucedido con las inmobiliarias y los propietarios. La misma violencia, la misma impunidad. En La Plata tuvimos un caso de una inquilina con coronavirus a quien la inmobiliaria le exigía de todas formas ir a pagar el alquiler de manera presencial a la oficina. Ella salió de la internación, se recuperó y tenía que seguir con un régimen de cuarentena, y la inmobiliaria le estaba exigiendo que vaya a pagar», dijo a Contexto Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.
«Hay mucha violencia para quienes no pueden pagar alquiler. Hay una desinformación absoluta. Generan desinformación, es lo que hacen las inmobiliarias respecto del decreto, para que los inquilinos sigan pagando. El Colegio de Corredores de la Provincia de Buenos Aires sacó una supuesta encuesta que decía que el 90% de los inquilinos había podido pagar el alquiler», dijo Muñoz.
Según relevamientos de estas agrupaciones, «casi el 40% de los inquilinos no puede pagar abril». Todos estos sectores coinciden en que la solución de fondo a este tipo de problemáticas debe ser tratada de manera inmediata en un proyecto de ley de alquileres, iniciativa que ha sido impulsada en varias oportunidades. Por lo pronto, reclaman que se extienda el plazo de congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos.
