Por Roberto Álvarez Mur
A días de celebrar la liberación de Belén, la joven tucumana encarcelada por sufrir un aborto espontáneo, el municipio de Morón se encontró esta semana con una grave noticia: el intendente macrista Ramiro Tagliaferro ordenó a los médicos locales que denuncien ante la Policía cualquier “sospecha de aborto”.
El pedido explícito llegó a través de un volante perteneciente al Centro de Atención Primario de la Salud de El Palomar “Dr. Springolo”, donde se ordena al personal médico a realizar una denuncia policial en caso de que una mujer asista a la dependencia con “sospecha de aborto” (sic). A ello se suman similares indicaciones respecto de “sospecha de violación; sospecha de abuso sexual; herida de bala; herida de arma blanca; heridas por elementos varios (traumatismos); golpiza; sospecha de maltrato (escoriaciones, lesiones por golpes tanto en varones, mujeres y niños de cualquier edad)”.
La medida fue repudiada por diversas organizaciones sociales y referentes políticos por la evidente postura persecutoria y punitiva de la orden. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir repudió la aparición de este material y manifestó que este tipo de contenido “atemorizan a las mujeres a pedir ayuda y sólo garantiza aumento de la criminalización y malas prácticas sanitarias que aumentan la mortalidad de las mujeres”.
“Todo el desarrollo que se venía dando hasta el año pasado en este tipo de áreas tan sensibles, con una perspectiva de derechos y de inclusión, ahora en este contexto se genera un retroceso tremendo en esas políticas”, dijo a Contexto Mónica Macha, senadora provincial del FpV y ex titular de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales de la Municipalidad de Morón.
“En los últimos quince años de gestión se habían gestado políticas de salud con un fuerte desarrollo en género, con un compromiso que dio lugar a las consejerías pre y post aborto que, hasta el año pasado, se venían realizando en los centros de atención primaria de salud para poder acompañar a las mujeres en cada decisión que tomaran”, agregó Macha.
En contraste con estos antecedentes, lo sorpresivo del hecho fue la respuesta que brindó la gestión municipal frente a las críticas por esta medida. El actual secretario de Salud municipal, Mario Russo, adjudicó la difusión del comunicado a “una burda operación política por parte de quienes, durante el gobierno anterior, no hicieron más que atentar contra la salud pública”. Si bien el funcionario intentó desentenderse de la medida, el municipio ya ordenó la separación de su cargo del doctor Mario Marine, a cargo del Centro de Salud, contrariando la versión de Russo.
“Violencia institucional, violación del secreto profesional, incumplimiento de la legislación de aborto en nuestro Código Penal, toda una serie increíble de dislates que son antiderecho y discriminadores hacia las mujeres”, expresó a Contexto Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Díaz agregó: “Desde el punto de vista político e ideológico, diría que esto alienta las peores prácticas de discriminación. Es un disparate que un municipio aliente esto. Creo que han sido empujados a hacer esto por gente que claramente no se maneja en el ámbito de la salud. Esto plantea que las mujeres tengan temor a acceder al sistema de salud”.
Si bien la maniobra del poder municipal es tomar este hecho como un caso aislado de las directivas oficiales, el historial de Tagliaferro con la salud pública ya tiene sus antecedentes. La senadora Macha explicó que, hasta el año pasado, estaba en pleno proceso de construcción el nuevo Hospital Municipal de Morón y que, hace pocos meses atrás, Tagliaferro confirmó el abandono de la obra.
“La nuestra fue una política reconocida por organismos internacionales y académicos”, dijo Macha, y agregó: “Lo que se viene ahora es una lógica de exclusión, de quita de derechos, de volver a una mirada de la salud conservadora, medicalizada”.
En materia de salud sexual, por ejemplo, el municipio dejó de pagar al médico para atender el consultorio diverso, cargo que se sostiene ahora por el aporte de Conurbanos por la Diversidad, organización que sostiene este espacio con su trabajo voluntario. Además, hay escasez de métodos anticonceptivos en los Centros de Atención Primaria, y se interrumpió la compra de misoprostol –fundamental para las interrupciones legales del embarazo–.
En tanto, diversas organizaciones han exigido la renuncia del propio Russo, a quien consideran “como los funcionarios públicos responsables administrativa, legal y políticamente de violar los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud de Morón”.
