Por Pablo Pellegrino
Decenas de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires presentarán el lunes un amparo colectivo contra los tarifazos de luz junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y con el apoyo de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El anuncio lo hicieron el viernes en la sede de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local en una conferencia que encabezó el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, quien cuestionó la política tarifaria de estos años y manifestó la preocupación de los jefes comunales por la “desproporción y falta de razonabilidad en el cobro de tarifas que hay en nuestra provincia”.
En diálogo con Contexto, el titular del Cepis, Mariano Lovelli, explicó que la acción judicial que será formalmente presentada el próximo lunes en el fuero Contencioso Administrativo cuestiona centralmente tres normas: la Resolución 186 del Ministerio de Infraestructura, que aprueba el nuevo cuadro tarifario, y las resoluciones 1 y 39 del Organismo de Control de la Energía Eléctrica provincial (OCEBA).
“El primer cuestionamiento es el traslado del precio mayorista a la tarifa en virtud de que tenemos en pleno trámite otro amparo en el que cuestionamos el valor de la energía en el mercado mayorista”, afirmó Lovelli. “Por otra parte, planteamos la nulidad de lo que tiene que ver con el paso a tarifa del costo de distribución que pertenece a un único holding que es propietario de la distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires”, agregó. En el amparo también hacen mención a la profundización del proceso de concentración del mercado de distribución eléctrica, donde el empresario Rogelio Pagano, cercano al gobierno de Mauricio Macri, se convirtió en propietario de las cuatro principales distribuidoras de la provincia.
“Finalmente, requerimos la nulidad de lo que el gobierno provincial denominó “cargo por incremento de costos tarifarios”, que es lo mismo que intentó hacer el exministro de Energía de la Nación cuando quiso pagarle una especie de compensación a las empresas de gas por la devaluación en veinticuatro cuotas”, dijo el titular del Cepis.
En este sentido, agregó que la compensación planteada por el gobierno de María Eugenia Vidal “es más grave que el caso de Nación”, porque la normativa establece que se hará por tiempo indeterminado “hasta que las empresas estén compensadas”.
Consultado sobre la posibilidad de que prospere un amparo de ese estilo, con el antecedente de la destitución del juez de La Plata Luis Federico Arias luego de fallar en favor de los usuarios, y el reciente caso del magistrado de la Capital apartado por dictaminar que los usuarios del subte debían viajar gratis porque no funcionan las escaleras mecánicas, Lovelli consideró que “nos asiste el derecho y por eso hacemos esto sin pensar en qué harán los jueces”. “A los jueces los juzgará la historia, pero la actitud del gobierno es lamentable porque no hace otra cosa más que presionar para tener una Justicia adicta y sostener, en este caso de las tarifas, privilegios para unos pocos”, concluyó.
