Intendentes y dirigentes del peronismo acompañarán mañana a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py, en donde declarará como querellante en la causa por el intento de magnicidio en su contra.
Según pudo saber Contexto, intendentas e intendentes de la primera y tercera sección electoral mantuvieron ayer un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde definieron movilizarse a los tribunales para acompañar a la exmandataria.
La exvicepresidenta partirá de su casa a las 9 para declarar a las 9:30. Luego irá al Instituto Patria, donde organizaciones sociales y diversos sectores estarán presentes para recibirla.
«Mañana vamos a estar acompañándola, por supuesto, dirigentes representativos de la provincia de Buenos Aires, seguramente, y calculo que del país también. Tenemos que poder primero estar con una persona que nos dio muchísimas de las posibilidades. Yo siempre digo que soy de una generación política que fue convocada por Néstor y Cristina cuando en el 2001 no creía en nada, en absolutamente nada. Y hoy soy una mujer, ya mamá e intendenta comprometida con la Argentina», confirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Para la jefa comunal no fue un intento de homicidio sino «un intento de magnifemicidio, a una persona importante de nuestro país».
«Es una preocupación que la jueza Capuchetti no esté investigando ni esté procurando que se sepa la verdad, que esa es su tarea. No está a la altura, se ha pedido la recusación en más de una oportunidad porque hay muchas irregularidades. No sabemos todavía quién mandó a matar a Cristina. Porque hay un pacto de impunidad. Hay celulares borrados, el primero, el de Sabag Montiel, la misma noche del atentado en el juzgado de Capuchetti. Luego se borraron los de Milman y de su secretaria. Se han borrado pruebas que son importantísimas para conocer la verdad, para que se haga efectivamente justicia. Y lamentablemente eso no es lo que está sucediendo», concluyó la intendenta quilmeña.
Desde el inicio del juicio, distintos sectores dentro del peronismo vienen cuestionando el proceso judicial y apuntaron a un «pacto de impunidad» para ocultar a los verdaderos autores materiales e intelectuales del caso que ocurrió el 1º de septiembre de 2022.
En este marco, apuntaron a cómo es que se borró el contenido del celular de Sabag Montiel al día siguiente del atentado y mientras el aparato estaba en poder de la jueza Capuchetti. Tampoco se investigaron las organizaciones políticas que estaban cerca de los atacantes de Cristina Fernández de Kirchner, ni del financiamiento millonario realizado por Caputo Hermanos a Revolución Federal.
Asimismo, hicieron hincapié en las pruebas que vinculan a dirigentes políticos del espacio de Patricia Bullrich, como Gerardo Milman, quien un testigo afirmó que lo escuchó decir a dos secretarias en el Bar Casablanca: «Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa». Las cámaras del Congreso muestran a Milman con sus secretarias en ese bar y a esa hora. Dos días después, quisieron matar a Cristina y Milman estaba camino a la costa.
La jueza Capuchetti tardó en citarlo y más aún en pedirle los celulares. Dos semanas antes del atentado a Cristina, Milman había presentado un proyecto de declaración en el Congreso advirtiendo sobre la posibilidad de un «falso ataque» a la figura de la vicepresidenta y el día anterior al atentado presentó un pedido de informes completo sobre la custodia de ella. Milman reconoció en entrevistas televisivas que había participado de las marchas de Revolución Federal. Al igual que Sabag Montiel, el contenido de los celulares de Milman y sus dos secretarias fueron borrados.
