Intendentes peronistas del interior bonaerense presentaron ayer dos proyectos de modificación de las leyes de responsabilidad fiscal –aprobada en diciembre de 2017– y de coparticipación municipal. En el Anexo de la Cámara de Diputados, estuvieron acompañados por los jefes comunales de la zona metropolitana Verónica Magario (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), y por diputados y senadores de Unidad Ciudadana-FpV. A su vez, llamaron a los legisladores del PJ para que se “comprometan” con el tratamiento de los proyectos.
Las dos reformas que plantearon parten de su descontento con la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Por un lado, por el carácter “extorsivo” de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por otro lado, apuntan a que el reparto de los recursos coparticipables de la provincia para los municipios sea mayor: del 16,4% al 20%, lo que significaría entre 11 y 12 mil millones de pesos.
Los intendentes y legisladores sostienen que la Ley de Responsabilidad Fiscal tiene puntos “inconstitucionales” que se superponen con criterios de la Constitución provincial y de la Ley Orgánica de las Municipalidades, con respecto a los criterios para acceder a endeudamientos y para la asignación de trabajadores municipales.
sostienen que la Ley de Responsabilidad Fiscal tiene puntos “inconstitucionales” que se superponen con criterios de la Constitución Provincial y de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
“Queremos poner blanco sobre negro, porque la Ley de Responsabilidad Fiscal de Vidal le da la facultad al ministro de Economía de decidir sobre los endeudamientos, mientras la Constitución establece que eso lo haga el Tribunal de Cuentas”, dijo a Contexto el diputado Walter Abarca (FpV-PJ). “A su vez, les pone topes a los endeudamientos que ya están establecidos en la Constitución, que dice que los municipios se pueden endeudar hasta en un 25% de sus recursos ordinarios”, completó.
Esta normativa que la gobernadora llevó a la Legislatura en diciembre, donde fue aprobada mientras la oposición se rearmaba tras la derrota electoral, llevó a que los intendentes se organizaran en los últimos meses para generar modificaciones. Ahora acercaron sus proyectos y piden, además del apoyo de los legisladores de Unidad Ciudadana, de “todos aquellos que responden al peronismo”.
“Lo que buscamos es armonizar la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Nación a la que la provincia adhirió y adaptarla con la Constitución provincial y la Ley Orgánica de los municipios, porque las comunas hoy están en un gris: si hoy un intendente quiere pedir un endeudamiento, tendría que consultarle a la Asesoría General de Gobierno quién es el que le aprueba el endeudamiento, si el ministro de Economía, como dice la ley de Vidal, o el Tribunal de Cuentas, como lo dice la Constitución provincial”, agregó Abarca.
Los intendentes peronistas afirman que la ley es “extorsiva” porque, además de la cuestión del endeudamiento, limita la designación de personal municipal, atribución que tienen las comunas de acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Constitución, donde se establece que el pago a ese sector no tiene que producir déficit. Abarca añadió que “a su vez entra en contradicción con el Estatuto de empleados públicos municipales” porque intercede en la paritaria entre los municipios y los gremios.
Durante la reunión, el intendente de González Chávez, Marcelo Santillán, se refirió a los criterios técnicos de los proyectos. “La Ley de Responsabilidad Fiscal pone límites no sólo a los departamentos ejecutivos municipales, sino también a los Concejos Deliberantes”, afirmó. Y agregó: “Intenta convertir la democracia real en una democracia formal. Es un disciplinamiento político para demostrarles a los organismos internacionales que están prestando plata que van a poder cumplir esos compromisos”.
“La Ley de Responsabilidad Fiscal pone límites no sólo a los departamentos Ejecutivos Municipales, sino también a los Concejos Deliberantes”
Santillán añadió que “el gobierno provincial debe racionalizar el gasto, pero sin destruir la trama social del Estado, porque a esto asistimos: el gobierno sólo mira el gasto y no su efecto social”. Y apuntó a las dificultades de los bonaerenses para llegar a fin de mes a causa de los aumentos en los productos de la canasta básica y los servicios.
Por su parte, Francisco “Paco” Durañona, jefe comunal de Carmen de Areco, se refirió a que la distribución que hace Vidal de los recursos responde a la lógica “centralista” y “porteña” que tiene Cambiemos del poder y “su desprecio hacia el interior”.
Desde el espacio legislativo, Florencia Saintout, presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana-FpV-PJ, expresó el “apoyo” de su bancada a “estos intendentes que son compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo, la cabeza y la imaginación en un momento de tremendo ataque en toda nuestra patria, de persecución política, de proscripción y de saqueo del liberalismo”. “Cuando las cosas están mal para cada uno de los habitantes en nuestras ciudades, la puerta se le va a golpear al intendente, que es el que sale a ver cómo da una respuesta y se hace cargo de la situación”.
El aumento en la coparticipación
El segundo proyecto apunta a aumentar del 16,4% actual al 20% los recursos de coparticipación que Provincia distribuye en las comunas. Los intendentes argumentaron que es en función de “dotar a los municipios de las condiciones necesarias para hacerse cargo de las nuevas tareas que les son asignadas”.
“Sólo de impuestos a la ganancia la provincia va a coparticipar 17 mil millones de pesos más que el año pasado, o sea que sobraría sólo ese impuesto para darnos el aumento que pretendemos”, indicó Marcelo Santillán. “La provincia está participando en un 21% de la renta federal y nosotros el 16,14% de la renta provincial, por eso decimos que hay un sustento válido”.
Sobre este punto, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, cuestionó que Provincia “haga la distribución de los recursos de forma parcial, como lo hemos visto durante estos dos años. No se priorizan las obras necesarias ni se discuten con sus municipios. Es hora de que se repartan los tantos millones que ingresan a la provincia, de modo coparticipable, con mayor porcentaje y una distribución más justa con el interior, que por poseer poca población siempre recibe pocos recursos coparticipables”.
Magario agregó que “si no firmamos los pactos fiscales, escuchamos en las oficinas del Ejecutivo que no podemos recibir obras, o no podemos acceder a créditos o distintas cuestiones financieras que hacen al funcionamiento de nuestros municipios. Quedamos por fuera de un sistema. Y si los firmamos, quedamos dentro de una pérdida de la autonomía de nuestras decisiones”.
Por su parte, Jorge Ferraresi apuntó a la “discriminación” que hace Provincia con los municipios de acuerdo con su signo político. “Los intendentes tenemos que hacernos cargo de un montón de tareas que debería hacer Provincia, como arreglar escuelas, la salud pública, comprar y mantener los patrulleros, y reparar edificios para que funcione el departamento judicial».
De la actividad participaron, además de los intendentes Durañona, Santillán, Ferraresi y Magario, Mario Secco (Ensenada), Alfredo Fisher (Laprida), Hernán Ralinqueo (25 de mayo), Julio Marini (Benito Juárez), Germán Lago (Alberti), Juan Ustarroz (Mercedes), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Oscar Oistoich (Capitán Sarmiento). Entre los legisladores, además de Saintout y Abarca, estuvieron Miguel Funes, Juan Manuel Pignocco, Susana González, Carlos Moreno, Gabriel Godoy, Juan Debandi, Gervasio Bozzano, César Valicenti, Fernanda Díaz y Mauricio Barrientos.
