Tras el pedido de captura nacional e internacional dictaminado por la Justicia argentina, Interpol decidió presentar una alerta roja para detener a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, el ex asesor de Mauricio Macri señalado como integrante clave de la mentada «Mesa Judicial» de la era de gobierno de Cambiemos. Rodríguez Simón desoyó la citación de la Justicia para declarar en el marco de la causa que investiga presiones al Grupo Indalo, y se encuentra en Uruguay desde el año pasado.
El organismo de seguridad internacional formalizó la alerta roja como parte de la declaración de «rebeldía» dictada por la jueza María Servini, seguida del pedido de captura. Interpol demoró la presentación de la alerta roja porque había solicitado más información sobre el caso a la jueza Servini.
Mientras tanto, el ex asesor personal de Macri y actual legislador del Parlasur por Juntos por el Cambio permanece en Uruguay, donde tiempo atrás presentó un pedido de asilo político, que todavía es evaluado por el Gobierno de ese país.
Por otro lado, durante el transcurso de la semana pasada Rodríguez Simón debió presentarse ante la jueza de Montevideo Adriana Chamsarian, quien deberá tramitar el pedido de extradición de su colega Servini. Chamsarian ordenó que Pepín entregara el pasaporte y resolvió el cierre de fronteras para él.
Cabe recordar que Rodríguez Simón es señalado por integrar el círculo de figuras del ámbito judicial que ejercieron diversas maniobras de presión y extorsión sobre personas clave de la política y el sector empresarial, según se sabe, bajo órdenes de Mauricio Macri. Entre estos hechos, se destaca el hostigamiento a los propietarios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, para que se deshicieran de las firmas que integraban el holding y modificasen la línea editorial de los medios de comunicación en su poder.
En el marco de esa investigación, Pepín Rodríguez había sido citado a declarar con fecha fijada para el próximo 17 de junio, pero hizo público a través de un canal de televisión y una carta su pedido de asilo político en Uruguay, país donde se encuentra desde diciembre del año pasado. Desde allí, insiste en que se trata de un caso de «persecución política» en su contra, relato que hasta el momento no encuentra buena recepción.
Este martes, la ex procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, se presentó a declarar en el marco de la misma causa donde se acusa al macrismo por presiones políticas y judiciales durante el gobierno de Cambiemos a través de la Mesa Judicial. Entre esas maniobras, la exprocuradora recordó, por ejemplo, cuando el fallecido juez Claudio Bonadio armó un expediente contra sus hijas por tener un portal de noticias donde digitó una gran cantidad de tareas de inteligencia sobre ellas.
En su testimonio, Gils Carbó sostuvo que en su momento el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia le hizo saber que había intentado frenar la «persecución» en su contra, pero que el propio Pepín Rodríguez Simón le había respondido que la única forma era si «presentaba la renuncia» a su cargo.
