Por Miguel Croceri (*)
“La propiedad privada es la primera y más básica institución de nuestra sociedad”, afirmó Javier Milei en los primeros minutos (poco después de la hora cero) del 9 de julio reciente, al habar durante la ceremonia solemne en la cual firmó el denominado “Pacto de Mayo” junto con 18 gobernadores (son 17 cuyo cargo lleva formalmente ese nombre más el jefe de gobierno porteño, el cual tiene atribuciones similares a un mandatario de provincia).
La proclama consta de 10 enunciados generales y consideraciones anexas. Con ella, el jefe del régimen de extrema derecha que azota a nuestro país y los titulares de gobiernos provinciales que decidieron respaldarlo, dejaron plasmado un acuerdo del cual nadie puede predecir su importancia a futuro.
El contuberio -que significa “alianza o liga vituperable”, según una de las acepciones que le atribuye a ese término la Real Academia de la Lengua Española, ver diccionario de la RAE)- https://dle.rae.es/contubernio tendrá realce y peso histórico si el mileísmo consiguira una hegemonía perdurable a lo largo de varios años, o por el contrario perderá toda relevancia y quedará solo como una patética anédcota de esta época trágica para la Nación, en caso de que el actual experimento durara un tiempo relativamente breve.
Quizás a riesgo de incluir en este artículo reiteraciones innecesarias, se transcriben a continuación los 10 puntos del acuerdo:
1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.
5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias.
7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
(En la publicación oficial del gobierno argentino, consta la declaración completa y al detalle de quiénes fueron los goberndores firmantes. Posteo del 09/07/24. Para una comprensión profunda del significado del “Pacto” puede verse el riguroso análisis y crítica realizados para el portal neuquino Va Con Firma por Humberto Zambón, uno de los más respetados pensadores humanistas del país y en particular de la Patagonia, investigador de temas económico-sociales y Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Comanue, UNCo. Nota del 07/07/24).
Frases para encubrir catástrofes
Las menciones en el texto a “equilibrio fiscal”, porcentaje del gasto público, coparticipación federal y comercio internacional (puntos 2, 3, 6 y 10), tienen enorme trascendencia potencial para la definición de políticas públicas, y su traducción en hechos concretos -empezando por el “déficit cero” que obsesiona a Milei- implica daños gravísimos para la estructura productiva y el bienestar de la sociedad.
Pero no dejan de ser, ante todo, exigencias de los poderes económicos del país y del extranjero, desde las élites del empresariado local hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los factores de poder de Estados Unidos y las demás potencias occidentales. A esas presiones y esos intereses se sometieron los firmantes del pacto.
En particular, la “apertura al comercio internacional” indica una futura avalancha de productos importados, rápida destrucción de la industria nacional, agravamiento del cierre de empresas, y cada vez más trabajadoras/es que se quedarán sin su fuente laboral.
(La demoledora realidad actual, ocultada por los discursos dominantes, fue advertida días atrás por la Asociación de Empresarias y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC. Esa entidad estimó que en seis meses de gobierno de Milei cerraron 10.000 pymes. Solo en marzo habían sido despedidos/as 69.000 empleados/as. Y hasta hace dos meses se contaban 350.000 cuentas-sueldo cerradas en los bancos. Información del diario cooperativo Tiempo Argentino, nota del 09/07/24),
Respecto de la “educación” (punto 4), su inclusión en el texto constituye una puesta en escena retórica (valga la expresión) para destacar un asunto supuestamente valorado por la sociedad y por los poderes públicos, pero del cual el gobierno nacional y probablemente la mayoría de los gobernadores firmantes no tengan el más mínimo interés en ocuparse de verdad. Es un enunciado solo para “quedar bien” públicamente.
El tema de la “reforma tributaria” (punto 5) puede llegar a tener futuros alcances profundos en la vida de las personas y en el funcionamiento económico general, pero es una incógnita. Todo depende de cuánto poder real mantenga el régimen de ultraderecha para seguir expropiando los ingresos familiares de las clases bajas y medias de la población (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, rentabilidades del pequeño y mediano comercio, remuneraciones de profesionales independientes, etcétera) mientras al mismo tiempo beneficia a las fracciones capitalistas dominantes y a los acreedores de la deuda externa.
Además, la frase que alude a los tributos contiene una formulación marketinera muy bien estudiada por expertos en la manipulación de la opinión pública. Está destinada a impactar favorablemente en el sentido común de amplios sectores sociales que perciben al Estado como enemigo. Por eso dice que se apunta a una reforma “que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”. Tales palabras son música para los oídos de quienes se dejan engañar fácilmente.
Mientras tanto, en la realidad, el mileísmo aumentó desde el primer día el “impuesto PAIS” (que encarece la cotización del dólar y por lo tanto contribuye al aumento de los precios en general), y ahora mediante la “ley Bases” volverá a cobrarle impuesto a las Ganancias a los/las asalariados/as de altos ingresos (típicos/as trabajadores/as con una capacidad de consumo que los/las asimila a las clases medias), y al mismo tiempo rebaja el impuesto a los Bienes Personales que pagan los ultra-millonarios y demás sectores privilegiados.
Del conjunto de los enunciados generales, los que encubren efectos más perjudiciales y quizás irreversibles para el futuro de Argentina y los derechos del pueblo trabajador, están mencionados como “compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales”, “reforma laboral moderna” y “reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”. (Puntos 7, 8 y 9).
En esas pocas frases quedan anticipadas tres catástrofes económicas y sociales. Una: el saqueo de las riquezas argentinas sin producir valor agregado que contribuya al desarrollo del país a largo plazo, ni tampoco creación significativa de puestos de trabajo durables. Dos: la destrucción legalizada de derechos laborales como la estabilidad en el empleo, la retribución por horas extras, el aguinaldo y las vacaciones pagas.
Y tres: un sistema jubilatorio convertido otra vez en un negociado financiero para los bancos y especuladores de la timba con plata ajena (como las AFJP que yo soportó nuestro país), con paulatino aumento de la edad de retiro, y además imposibilidad de jubilarse para personas -especialmente mujeres- que se hayan dedicado a cuidados familiares y trabajo en el hogar, y también personas que estuvieron desocupadas o -peor aún- que habiendo trabajado no tengan los aportes suficientes porque sus empleadores/as los estafaron y no les depositaron el dinero correspondiente.
Milei, más 18 gobernadores
El cacareado “Pacto de Mayo” es una proclama ideológico-conceptual que expresa una alianza política entre el gobierno nacional y la mayoría de los gobernadores, con el aval de los poderes económicos y del conjunto de las corporaciones, sobre la base de reafirmar los intereses de las clases dominantes y el sometimiento del país a la expoliación de sus recursos.
En la información oficial señalada en un párrafo anterior de esta columna de opinión se indica quiénes fueron los firmantes. Como se sabe, del total de 24 distritos en que está dividido el país en su estructura político-administrativa (23 provincias más la capital federal), hubo seis gobernadores que no participaron del contubernio. (Puede verse el detalle en un análisis publicado por El Destape, nota del 09/07/24).
En el texto del acuerdo, el concepto clave que determina todo el encadenamiento posterior se manifiesta en el primer punto: “Inviolabilidad de la propiedad privada”.
Traducido a las disputas de poder reales, eso significa que las autoridades públicas nacionales y de las provincias no intervendrán para resguardar el bien común y los intereses y derechos de la población, sino que se someterán a las conveniencias de los grandes capitalistas.
Estos últimos (los grandes capitalistas) casi nunca son mencionados en los discursos públicos. Se habla en cambio de “los mercados”, y así se esconde a los sujetos económicos reales y concretos que los manejan, que son nada más ni nada menos que poderosos conglomerados empresariales, es decir propietarios de grandes volúmenes de capital.
Sin embargo, Milei representa la penetración social que las ideologías de derecha y ultraderecha consiguieron en los últimos años, en especial desde el comienzo de la pandemia y con el peso de sus aparatos comunicacionales y judiciales. Por eso no alude tanto a “los mercados” sino que proclama explícitamente un “capitalismo de libre empresa”, que para él equivale a “las ideas de la libertad”.
Pero ante la necesidad de que el gobierno nacional obtenga respaldos en sectores políticos ajenos a las tradiciones extremistas y ultra-capitalistas, el acuerdo rubricado en Tucumán en el reciente 9 de julio -una burla descarada a la evocación de la Independencia- encubre sus verdaderos propósitos con un manto retórico sobrio.
En Argentina, y quizás podría decirse que hoy ocurre lo mismo en todos los países del mundo, no existe la más mínima objeción respecto del derecho de las personas y de las familias a poseer propiedades privadas, por ejemplo viviendas, terrenos, vehículos, empresas, ahorros, depósitos bancarios, dinero legítimamente ganado, etcétera.
A pesar de ello, los titulares de los gobiernos de 17 provincias más la capital del país, resolvieron convalidar una declaración que empieza por ocuparse de un asunto totalmente lejano a las necesidades, demandas y urgencias de sus propias bases sociales.
Los gobernadores firmantes evitaron proclamar el libertinaje capitalista extremo que Milei pregona e intenta perpetrar. Y nadie les preguntó qué quisieron decir con eso de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
No obstante, desde que avalaron el “Pacto de Mayo” son co-responsables del destino de Argentina en el corto, mediano y largo plazo. Por más que cuando lo crean conveniente abandonarán ese lugar político incómodo o riesgoso, y negarán haber sido tripulantes de un barco que se hunde.
(*) Publicado en vaconfirma.com.ar
