Por Pablo Roesler
“Me dirigía desde La Plata hacia Ensenada con mi compañero Hugo Daniel Carzolio en un colectivo de la línea 275, cuando a la altura del Camino Rivadavia una pinza comienza a detener los colectivos. Nos hacen bajar, nos piden documentos y preguntan donde trabajamos. Cuando llegan a mí comenzaron a buscarme en una lista. Me separaron de muy mala manera diciéndome ‘Maldita montonera’. Me dejan ahí y hacen seguir la marcha del autobús”. La escena que relató Ana María Nievas, una trabajadora y delegada gremial del Astillero Río Santiago, ocurrió en la mañana del 24 de marzo de 1976, apenas unas horas después de que las Fuerzas Armadas ocuparan el poder para comenzar la última dictadura cívico-militar. Cuando recién amanecía el genocidio, la Armada argentina desató la represión sobre uno de los sectores que se proponía exterminar: los trabajadores. Y en la región asoló el cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. Siete de los responsables por los crímenes comenzarán a ser juzgados en La Plata. Otros tres murieron impunes.
Desde las 9hs del lunes 13, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata comenzará a juzgar a cuatro marinos y tres prefectos que integraron y comandaron la Fuerza de Tareas N° 5 (FT5) de la Armada por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cuarenta víctimas, entre ellos dos homicidios, en al menos cuatro centros clandestinos de detención que estaban bajo el dominio de la Marina.
El tribunal, compuesto por los jueces Carlos Rozanski, César Álvarez y Germán Castelli, sentará el lunes en el banquillo al comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Antonio Vañek; el jefe de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, prefecto principal Carlos José Ramón Schaller; el oficial de la Prefectura, Eduardo Antonio Meza; el comandante de la Fuerza de Tarea Nº 5 (FT5), oficial de Marina Jorge Alberto Errecaborde, el comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM3), José Casimiro Fernández Carró; el director del Liceo Naval y comandante de la FT5, capitán de navío Juan Carlos Herzberg, y el jefe de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, prefecto principal Luis Rocca.
Todos están acusados en la causa caratulada “Fuerza de Tareas Nº 5 –Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina– s/ Delitos de Lesa Humanidad”, que investiga cuarenta casos de privación ilegal de la libertad y torturas, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo. Los últimos dos, asesinados por la Armada y la Policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58, pleno centro de La Plata.
El expediente indaga la represión ilegal desplegada por la FT5 sobre la zona de Río Santiago, uno de los cordones industriales más importantes de la época, que sólo en sus tres principales empresas –Destilería La Plata (YPF), Propulsora Siderúrgica La Plata y Astilleros Río Santiago– contaba con aproximadamente 15.000 trabajadores.
El debate, que contará con más de un centenar de testigos y que se prevé que se extenderá hasta finales de este año, indagará en el accionar de la Fuerza Armada, que en la región operó con la FT5 desde el Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM3), en conjunto con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el Hospital Naval Río Santiago y el Liceo Naval Almirante Brown, más el destacamento de Prefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD «La Cacha» e Infantería de Policía (1 y 60).
Las acusaciones en el debate estarán impulsadas por la Fiscalía Federal de La Plata. Por la querella estarán la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión por los Derechos Humanos, la APDH, las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y Provincia, Justicia Ya, Abuelas de Plaza de Mayo y denunciantes particulares.
La represión de la Marina
En el requerimiento de juicio, la acusación precisó que la intervención de los marinos en el terrorismo de Estado estaba prevista en el denominado Plan de Capacidades C.O.N. Nº 1 “S”/75, conocido como “Placintara”, del 21 de noviembre de 1975. Es decir que el accionar de la FT5 se ejecutó en el marco de las previsiones que había comenzado a implementar el entonces flamante Consejo de Defensa, un organismo creado en los decretos de “aniquilamiento de la subversión” firmados durante el gobierno constitucional.
El objetivo de la Marina en la región de la capital bonaerense apuntó “principalmente contra los trabajadores y las trabajadoras de las empresas enclavadas en las ciudades de Berisso, Ensenada y en la zona de Río Santiago”, explicaron los fiscales al presentar las imputaciones.
En su presentación de pruebas, la Liga por los Derechos del Hombre recordó que el modus operandi de la FT5 “consistía en la individualización, mediante tareas de inteligencia, de aquellos trabajadores que tenían algún tipo de participación en actividades gremiales o sindicales, el secuestro de esas personas, su traslado a alguna de las dependencias que habían quedado bajo la órbita de dicha fuerza de tareas –principalmente la sede de Prefectura Naval de La Plata y el Liceo Naval Militar, y en algunos casos el B.I.M. 3 y el Hospital Naval– donde eran interrogadas y torturadas”.
Luego de esa primera etapa, los detenidos por la Marina ingresaban al circuito represivo desplegado desde la Policía provincial a través de su “derivación al centro clandestino de detención que se hallaba en la calle 1 y 60 de la ciudad de La Plata; a la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata o a la Unidad Penitenciaria N° 8 de Olmos”, detallaron.
Uno de los episodios centrales que se ventilarán en el debate será la redada del 24 de marzo, cuando la FT5 registró su accionar más intenso. “Ese mismo día se produjeron detenciones masivas en los domicilios particulares de los empleados […] utilizando vehículos de la Marina Argentina y de Prefectura Naval, como camiones y colectivos, a bordo de los cuales trasladaron a la gran cantidad de víctimas que fueron secuestradas”, recordó la querella.
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