El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, se refirió al fallo contra Cristina Fernández de Kirchner que leerá la Cámara Federal de Casación Penal el miércoles 13 en la causa Vialidad.
«Este miércoles se va a concretar un paso más en la afectación a nuestra democracia y en la afectación a un sistema de justicia que perdió el rumbo hace unos cuantos años y que por seguir inescrupulosos intereses políticos está poniendo en serio riesgo la democracia en nuestro país», manifestó Mena en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.
En este marco, el funcionario explicó los principales puntos del proceso judicial que tiene como víctima a la expresidenta y que, en palabras del ministro de Justicia bonaerense, se trata de una persecución política a la que hoy representa la principal líder del peronismo.
«Quién puede creer en una Justicia que desde hace más de dos meses los grandes grupos de medios vienen anunciando con lujo de detalles espantosos. Se pronunció ríos de tintas, horas de televisión comentando que una supuesta Justicia imparcial el próximo miércoles va a ratificar la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta».
Con respecto a la causa, hizo un breve repaso de cómo se gestó en 2016: «Ni bien asumió el Gobierno de Mauricio Macri, con un informe de 16 páginas del ingeniero en petróleo supuestamente Javier Iguacel, que antes de conocer dónde quedaba el baño de su despacho ya había hecho un auditoría sobre 12 años de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Un informe que se presentó en la Justicia y que inmediatamente fue rechazado porque terminaba diciendo ni más ni menos en sus conclusiones que no se había detectado ninguna irregularidad de relevancia en las obras realizadas durante 12 años en aquella provincia».
«En febrero, Iguacel cambia todo el equipo de auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad del Gobierno de Macri y se presenta un nuevo informe que no aportaba mucho, pero que en sus conclusiones terminaba dando a entender que había habido algunas irregularidades», agregó Mena, y destacó que esta causa siempre estuvo atada a los calendarios electorales: «Se inicia en 2016, se pretende comenzar el juicio en mayo del 2019, que se estira durante más de cuatro años con una audiencia de juicio por semana para llegar a principios del 2023, para estar una vez más discutiendo la situación de la principal líder política en nuestro espacio en un año electoral. Ese es el calendario de la persecución».
Con respecto al juicio, el ministro Mena sostuvo que sucedió lo que relataban los medios de comunicación y que nada de lo que se describió en la condena se probó en el juicio: «No hubo un solo testigo ni perito que pueda avalar la novela que primero se estableció en los grandes medios de comunicación y luego fue sostenida por funcionario públicos».
Sobre las pruebas, el funcionario bonaerense sostuvo que no hubo sobreprecio en ninguna de las 51 obras, y cuestionó las acusaciones de los fiscales: «No se puede enjuiciar un delito si no hay un informe técnico. Sobre el inicio del juicio salieron a hacer el peritaje que ni siquiera hecho a las apuradas pudo arrojar una prueba para lo que la acusación fiscal indicaba: no hubo sobreprecios, lo construido estaba construido, y hubo tan solo una disidencia de uno de los peritos, que dijo que para él no coincidía con sus colegas sino que el precio del kilómetro de asfalto efectivamente era más caro que lo normal, y para eso se basó en dos cuestiones: la revista El constructor, de la provincia de Buenos Aires, es una revista que da cuenta mensualmente de los precios de la construcción en la provincia de Buenos Aires y no tiene absolutamente nada que ver, es comparar peras con manzanas».
«Y el segundo punto es que la licitación nueva que había llevado adelante Macri en el 2018 para terminar las tres obras que el propio Macri frenó, y, claro, el precio de licitación era un 19 % menor que el original que se estaba supuestamente iniciando y la obra ya estaba bastante construida. Una cosa es licitar una obra desde el inicio y otra es la finalización».
Otra de las inconsistencias que marcó Mena fue la acusación del supuesto delito de administración fraudulenta: «Hay una noticia para darle tanto a jueces y fiscales: que el presidente no puede cometer ese delito, porque no es el administrador general del país. El artículo 100 de la Constitución nacional indica que el administrador general es el jefe de Gabinete de Ministros, y en este juicio paradójicamente no hubo un solo jefe de Gabinete imputado ni investigado; y esto habla muy bien de los jefes de Gabinete. El problema es que deja demasiado confeso que esto de jurídico no tenía nada y que es simplemente una persecución política».
En esta línea, Mena agregó que se trata de «una mezcla ilegal de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito pero lamentablemente muy poderoso de la Justicia argentina que empujaron el martillo de la justicia sobre la cabeza de la democracia», y que esta situación está ligada al intento de magnicidio contra CFK, porque cuando el fiscal Luciani «finalizó los alegatos de esta causa, 10 horas después en un WhatsApp entre dos personas dijeron: ‘escuchaste al fiscal, tenemos que matarla’; y 15 días después se produjo el intento de atentado contra la vida de CFK».
«Quien no quiera ver la gravedad que suponen estos hechos cuando se pervierten las instituciones de la democracia, menudo favor le está haciendo al futuro de nuestro país», reafirmó Mena. Y concluyó: «Desde la provincia de Buenos Aires queremos advertir la gravedad de lo que está sucediendo y seguir trabajando por una provincia un poco más justa y donde cada poder se centre en sus atribuciones y no pretenda hacer el juego de otros que, en donde no puedan ganar en las urnas, lo hacen manipulando y destrozando las leyes».
Cabe recordar que el ministro Mena, junto al abogado, docente y líder de la UTEP, Juan Grabois, convocaron a una clase abierta frente a los tribunales de Comodoro PY para el miércoles 13, el mismo día que la Cámara de Casación lea la sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Grabois, Mena, la periodista y política brasileña Manuela Dávila y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Luccardi, realizarán una clase pública titulada «CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare».
La iniciativa busca visibilizar la persecución contra la expresidenta y denunciar, a través de la docencia, los procesos judiciales espurios que consolidarán la proscripción de Cristina, ya anunciada en medios de comunicación.
