Por Maximiliano Ceci
“Podemos ser testigos privilegiados de un momento histórico de reparación a toda la sociedad argentina, al condenar a los responsables del peor genocidio de los últimos tiempos en nuestro país. La lucha de quienes nos antecedieron y la propia dio sus frutos, porque fue escuchada y tomada como política de Estado a partir del año 2003”, expresaron desde H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca en un comunicado con el que convocaron para el miércoles 25 de noviembre a la lectura del veredicto en el juicio que se le sigue a veintitrés ex miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerense por crímenes de lesa humanidad.
En el expediente de este juicio hay 66 víctimas, de las cuales doce personas están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de Puerto Belgrano, como el ahora desaparecido crucero «ARA 9 de Julio», mellizo del Belgrano, y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
“Este juicio tiene una gran importancia y singularidad. Es único en el país y nosotros somos privilegiados y tenemos una enorme responsabilidad. Es un juicio que atraviesa y traza varias situaciones de manera horizontal, que muestra cómo funcionó la represión en la región”, dijo el fiscal general Miguel Palazzani en alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.
“Este juicio tiene una gran importancia y singularidad. Es único en el país. Es un juicio que atraviesa y traza varias situaciones de manera horizontal, que muestra cómo funcionó la represión en la región”, dijo el fiscal Palazzani.
“No solamente aquí vemos y mostramos los centros clandestinos que funcionaron en Bahía Blanca, sino que también estamos viendo que es un juicio que va a poner en cuestión la identidad de otra ciudad cercana, que es Punta Alta”, agregó el fiscal en el debate.
Por su parte, el fiscal José Nebbia brindó detalles sobre el centro clandestino de detención ubicado en proximidades de Puerto Belgrano y de la localidad de Punta Alta. “Los pies de los detenidos permanecían siempre con grilletes o cadenas, una práctica característica de la Marina, y lo mismo ocurría en la ESMA”, expresó el fiscal, y agregó que, en el caso de las manos, “estaban sujetas con esposas o sogas, métodos que producían un dolor constante y generaban lesiones en las manos y tobillos de los secuestrados”.
Pese a la veracidad de los testimonios y las pruebas, Gerardo Ibáñez, abogado defensor, rechazó las imputaciones por la ampliación de delitos sexuales. «No tengo la menor duda de que hechos de esta características, con las pruebas que nos ha traído la acusación en este debate, no hay ninguna chance de que alguien pueda resultar condenado», dijo Ibánez y pidió la absolución.
Complicidad civil
“El rol de La Nueva Provincia ha sido tan cardinal, como ustedes mismos lo han señalado, señores jueces, y han dado cuenta en aquella histórica primera sentencia que es imposible silenciar. Hemos escuchado a lo largo de este juicio cómo víctimas y familiares hicieron constante referencia al papel desplegado por el clan Massot en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra, como bien lo dijeron ustedes”, dijo Nebbia en los alegatos que se llevan a cabo en el marco de la causa 1.103 caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”.
A su vez, el fiscal Palazzani se refirió al juez bahiense Néstor Luis Montezanti, acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina, que fue citado para prestar declaración frente al Tribunal Federal y al Consejo de la Magistratura. “Tenemos (en estos juicios) a una persona que revistió en el Destacamento de Inteligencia 181. Vamos a ver qué función cumplió el Destacamento de Inteligencia 181 como cabecera de la comunidad informativa al momento de abordar esa responsabilidad, en momentos que este Ministerio Público está imputando justamente a ex personales civiles de Inteligencia, que justamente o precisamente integra y es factótum de la producción académica de la Universidad Nacional del Sur”.
“El juicio lo presencian muchas personas, muchas personas jóvenes, y la verdad que es el tercer juicio en el ámbito universitario, en el ámbito de la UNS, que ha sido especialmente castigada y atacada por el terrorismo de Estado, y en el marco de que la única producción académica del Departamento de Derecho de esta Universidad es justamente un libro de quinientas páginas que deslegitima estos juicios”, expresó Palazzani en referencia al libro La receptación de los delitos de lesa humanidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina, que publicó la Editorial de la UNS en 2014.
Relacionadas:
“Las Fuerzas Armadas: el brazo armado de un cerebro económico y social”
“Este juicio muestra cómo funcionó la represión”
“Esa investigación es perfectamente legítima”
“¿Quién lo va a defender si no es Massot?”
Piden derecho de réplica colectivo en La Nueva Provincia
Ex marinos juzgados por delitos sexuales contra nueve mujeres
