Por Maximiliano Ceci
“Nuestra Facultad está funcionando donde estaba el B.I.M. 3. Desde 2011, estamos haciendo investigaciones para recuperar la memoria de lo que sucedió en este batallón de la Marina. Muchos de los trabajadores que estuvieron detenidos aquí habían estado antes realizando trabajos. Es importante destacar el entramado social entre la Armada y los vecinos. Era una población pequeña y se conocían previamente al golpe”, explicó Laura Lenzc, directora de la Maestría de Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades tras su declaración como testigo de contexto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, en la causa que juzga a cinco ex jefes de la Armada y tres de la Prefectura, entre los que se encuentran el ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek, de 91 años, juzgado además en el juicio ESMA III, y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (B.I.M. 3), José Casimiro Fernández Carro.
La investigadora recordó que la Marina tuvo un papel importante en la vida de los habitantes de Berisso y Ensenada desde el golpe de 1955, cuando en dos oportunidades debieron evacuarse frente a la amenaza de la Fuerza de hacer explotar la refinería de YPF. Además, Lenci explicó: “Mientras la lista sindical Celeste tuvo desaparecidos y detenidos y la lista Gris detenidos, la lista Azul y Blanco no fue perseguida por el terrorismo de Estado. El testimonio de las víctimas da cuenta de que ellos fueron quienes entregaron los nombres de los trabajadores secuestrados y desaparecidos».
En el mismo sentido, José Alberto Montes, trabajador de Astillero Río Santiago desde 1983, contó frente al tribunal el miedo y la desconfianza que existía entre los trabajadores tras la dictadura. “Me decían ‘ojo con quién hablás, los de la lista Azul y Blanco fueron los que entregaron a los compañeros que están desaparecidos’”, dijo, y recordó que “quien estaba a la cabeza era Juan ‘El Ruso’ Horvath, que terminó como asesor del Ministerio de Defensa en el área de la Marina».
“Nosotros, en los últimos años, hicimos una recopilación de los compañeros asesinados, desaparecidos, y nos dio alrededor de sesenta desaparecidos en Astillero. Los viejos compañeros dicen que pueden superar los cien, porque muchas de las familias después del golpe y después de la desaparición de su familiar directo se fueron de la zona y nunca más nadie supo de ellos”, agregó.
En la misma audiencia declaró Ivonne Barragán Sáez, investigadora del CONICET, que estudió las relaciones cívico-militares, su accionar en la gestión de empresas estatales y las interrelaciones existentes entre las prácticas empresariales y las formas de organización y lucha obrera en el periodo de 1969 a 1979 en el caso puntual del Astillero Río Santiago.
“En la madrugada del 22 de agosto de 1975 estalló un aparato explosivo semisumergido en la fragata Santísima Trinidad, aparcada para su construcción en el Astillero Río Santiago. La acción reivindicada por la organización Montoneros, en el aniversario de la Masacre de Trelew, generó una compleja trama de reacciones al interior de esta fábrica que profundizaron las medidas represiva”, recordó.
“A finales de la década del sesenta, trabajaban en el Astillero cinco mil operarios, a los que se sumaban otros tres mil empleados dependientes de empresas subcontratistas. La empresa que promovió una relación contractual de ‘privilegio y beneficio relativo’ para los trabajadores cambió su lógica con el plan que la Marina desplegó durante la dictadura. Crecientes acciones de violencia, coerción y represión sobre la fuerza de trabajo, y específicamente ante el desarrollo de la conflictividad obrera, con el objetivo de tender un disciplinamiento de los trabajadores”, dijo Barragán Sáez, y agregó: “Mientras en 1973 el 40% del presupuesto de Astillero se destinaba al pago de la fuerza de trabajo, en 1978 se redujo al 16,9%”.
Nuevo pedido para ampliar la acusación
Además, la querella de Justicia Ya! La Plata, que representa a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones, pidió ampliar la acusación a los ocho imputados: solicitaron incorporar al juicio los casos de once víctimas que fueron testigos y que no fueron comprendidos en la instrucción de la causa.
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