Por Pablo Roesler
“Por recomendación de mi abogado, no voy a declarar”. Uno a uno, los represores se sentaron frente a los jueces y repitieron lo que sus defensores les habían pedido. Esas pocas palabras, que extendieron un poco más el ocultamiento de casi cuatro décadas, fue todo lo que dijeron seis de los ocho ancianos imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos por la Fuerza de Tareas 5 (FT5) de la Armada Argentina contra cuarenta trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada durante la dictadura cívico-militar, que ayer comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata. Durante la audiencia, el tribunal leyó los hechos por los que están acusados: secuestros y torturas de casi medio centenar de personas y dos homicidios. Después, el juicio ingresó en un cuarto intermedio hasta agosto, cuando termine la feria judicial de invierno.
“Este juicio es atípico. En general, los que se realizaron hasta ahora en La Plata tuvieron que ver con la actuación del Ejército y la Policía bonaerense, pero en cambio ahora se investiga el rol de la Marina, sobre todo en lo que era el cordón industrial del Gran La Plata, y las empresas de esa región”, reflexionó la abogada querellante Guadalupe Godoy.
El debate comenzó a las 11 en el viejo Teatro de la Amia, donde funciona el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, que preside el juez Carlos Rozanski. Los seis octogenarios represores ingresaron esposados en medio de una silbatina y los gritos de «asesinos» que surgían desde el público y las organizaciones de derechos humanos que ocupaban las butacas. Antes de empezar la audiencia, la querella pidió que los tres agentes del Servicio Penitenciario Federal que custodian a los represores dejaran de mirar hacia el público e hicieran lo que debían: custodiar a los reos. Rozanski ordenó que se dieran vuelta.
“Este juicio Muestra el inicio del accionar represivo sobre el movimiento de los trabajadores que existía en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada”, detalló la abogada Guadalupe Godoy.
La audiencia comenzó con la lectura de los cargos que se imputan a los ex marinos Jorge Alberto Errecaborde, ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5); Juan Carlos Herzberg, ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5; y Luis Guitian, ex jefe de operaciones del Batallón de Infantería de Marina N° 3 (B.I.M. 3); y los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y el oficial Eduardo Antonio Meza.
También están imputados, pero estuvieron ausentes de la audiencia por problemas de salud, el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (B.I.M. 3), José Casimiro Fernández Carró, y ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek.
Los marinos y prefectos están acusados por la desaparición de tres personas; 36 secuestros y torturas y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, pleno centro de la capital bonaerense.
Es por ese accionar que la Marina desplegó desde el 24 de marzo de 1976, a las pocas horas del golpe de Estado, que el juicio que comenzó ayer tiene características distintas a los debates anteriores realizados en La Plata. “Muestra el inicio del accionar represivo sobre el movimiento de los trabajadores que existía en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada”, detalló Godoy.
Pero advirtió que el debate “no refleja todo” lo que ocurrió. “Son apenas cuarenta casos, y sólo en el Astillero Río Santiago hubo muchos más desaparecidos. Eso tiene que ver con las resistencias del Poder Judicial al juzgamiento de todos los hechos, por un lado, y por otro hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido: muchos de los imputados han fallecido y otros no han llegado a juicio por estas resistencias del Poder Judicial”, completó.
“Es fundamental este juicio porque es el primero donde se implican complicidades de los gremios como la UOM y de las empresas”, explicó un sobreviviente y testigo del debate.
Por su parte, Carmelo Cipollone, un sobreviviente de los hechos que se juzgan y que contará su secuestro el 3 de agosto, cuando comiencen a desfilar los testigos, consideró “importantísimo” el debate. “Es fundamental porque es el primero donde se implican complicidades de los gremios como la UOM y de las empresas”, explicó.
“Yo trabajaba en Propulsora Siderúrgica, que hoy es Siderar, donde hubo muchos compañeros desaparecidos y asesinados. Y nosotros estamos esperando el resarcimiento histórico: ¿por qué nos echaron por abandono de tareas cuando ellos sabían que nos habían mandado a que nos secuestraran? Esa es la materia pendiente que nos queda: descubrir la complicidad de los gremios”, apuntó Cipollone.
El circuito represivo de la Marina
En la causa está acreditado que durante la dictadura, y siguiendo los lineamientos del Placintara, la Armada organizó en la región de La Plata, Berisso y Ensenada la represión en la FT5. De esa forma, los marinos tuvieron una importante participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras, y en la planificación y el secuestro de los trabajadores. Y operaron con la logística que ya tenían: en la sede Prefectura Naval de La Plata y el Liceo Naval Militar, y en algunos casos el B.I.M. 3 y el Hospital Naval, los secuestrados eran interrogados y torturados, para finalmente derivarlos al centro clandestino de detención que se hallaba en la calle 1 y 60 de La Plata, a la Unidad Penitenciaria N° 9 o a la Unidad Penitenciaria N° 8 de Olmos.
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