Por Gabriela Calotti
Dos días después de cumplirse 48 años del golpe cívico-militar que profundizó el terrorismo de Estado para aniquilar obreros, estudiantes secundarios, universitarios y trabajadores que intentaban oponerse a un plan económico de ajuste y saqueo, la Justicia federal condenó a seis exmilitares, tres policías de la Bonaerense (dos de alto rango) y un civil a prisión perpetua. Otro fue condenado a 25 años de prisión y uno absuelto.
Ante una sala colmada, entre quienes destacaban sobrevivientes, familiares, hijas e hijos de detenidos-desaparecidos, abogadas y abogados querellantes, fiscales, integrantes de organismos de derechos humanos, personalidades universitarias y del mundo gremial y prensa local, nacional e internacional, el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, inició poco antes de las dos de la tarde la lectura de la sentencia que se prolongó durante más de cuatro horas.
En ese lapso fueron reiterados los pedidos de Basílico para que los imputados encendieran las cámaras de sus dispositivos para seguir la audiencia de forma virtual desde sus hogares. Solo uno de los doce imputados en este juicio que comenzó el 27 de octubre de 2020, en plena pandemia de covid, está en la cárcel. Casi todos los represores habían decidido esconderse detrás de sus pantallas.
El tribunal retuvo en primer lugar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio, rechazó la expiración de la acción penal que le plantearon varios letrados de las defensas y los pedidos de inconstitucionalidad del juicio que ventiló los casos de 605 víctimas secuestradas entre 1974 y 1979 que estuvieron en cautiverio en las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes, Lanús (conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda) y San Justo.
Aunque pidió silencio, el magistrado no pudo evitar que los presentes aplaudieran tras cada sentencia. A medida que avanzaba la lectura de las condenas a perpetua, la sala saludaba de viva voz y levantaba fotografías en blanco y negro de sus seres queridos que permanecen desaparecidos o murieron esperando justicia, y también pancartas con consignas reivindicativas de la lucha por la verdad.
«Son 30.000. Fue genocidio», rezaban algunas de ellas exhibidas desde los bancos de madera de la sala de audiencia de los Tribunales Federales platenses, mientras en la explanada del edificio, antiguo Hotel Provincial, en 8 e/ 50 y 51,una nutrida asistencia seguía el juicio a través de una pantalla y una radio abierta.
De los dieciocho imputados con los que arrancó este juicio hace casi cuatro años, solo doce llegaron con vida al final del debate oral y público. En el camino quedaron el feroz represor de la Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, que murió impune por estos delitos el 2 de julio de 2022. No obstante, se fue al otro mundo con nueve condenas a prisión perpetua sobre sus espaldas. Etchecolatz fue director de Investigaciones y tenía a su cargo, entre otros, estos centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio.
Impunes también por los delitos atribuidos en este juicio murieron Emilio Herrero Anzorena, Miguel Ángel Ferreyro (violador de Nilda Eloy), Carlos Hidalgo Garzón, Eduardo Samuel De Lío y Ricardo Fernández.
Sobrevivientes claves en la reconstrucción del genocidio pero que lamentablemente no llegaron a ver este juicio fueron Adriana Calvo, Nilda Eloy, Cristina Gioglio. También fallecieron sin ver justicia por estos CCD Luis Velasco Blake, Alcídes Chiesa y Norma Leanza, entre muchísimos otros. Sus nombres se escucharon en la interminable lista de víctimas que Basílico leyó al referirse a cada delito por el que fueron condenados once imputados.
En esa lista interminable estaban los estudiantes secundarios secuestrados en septiembre de 1976 en la llamada Noche de los Lápices en La Plata, los trabajadores de la fábrica de termotanques SAIAR de Quilmes, de la planta de Peugeot en Berazategui, las víctimas del colectivo travesti-trans, las víctimas uruguayas que habían escapado de la dictadura en su país y las decenas de familias diezmadas por el terrorismo de Estado de este lado del Río de la Plata: Santucho, Forti, Favazza, Borzi….
Los condenados
Por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, desaparición forzada, abuso sexual, homicidio y un caso por aborto forzado, diez imputados fueron condenados a prisión perpetua, aunque se encuentran gozando del beneficio del arresto domiciliario. Se trata de Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento III de Infantería de La Tablada y responsable del Área 112 con jurisdicción, control y responsabilidad total en los CCD de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo; Guillermo Alberto Domínguez Matheu, jefe de actividades psicológicas en el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, que funcionó en 55 e/ 7 y 8; Carlos Gustavo Fontana, enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón 601, con el grado de capitán; Roberto Armando Balmaceda, teniente primero y capitán al frente de la sección central reunión interior y jefe de contrainteligencia y operaciones especiales en el Destacamento 101; y Carlos María Romero Pavón, capitán a cargo de la sección central de reunión y luego reunión en el mismo Destacamento de Inteligencia.
Jorge Héctor Di Pasquale, el único condenado que está en la cárcel, fue capitán de artillería a cargo de la sección de operaciones especiales del Destacamento 101.
El juicio puso en evidencia el papel clave de la inteligencia militar y policial en la represión que había comenzado en 1974 pero que profundizó y llevó adelante de forma sistemática y planificada la dictadura cívico-militar.
Jaime Lamont Smart ejerció como ministro de Gobierno bonaerense del 8 de abril de 1976 al 4 de septiembre de 1977, en el periodo más salvaje de la dictadura. Fue el primer civil condenado por crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Alberto Julio Candioti, teniente primero y luego capitán que dirigió la sección comando y servicio y luego reunión interior del Destacamento 101, fue condenado a 25 años de prisión, aunque también está en su casa.
El jefe del Pozo de Banfield
La condena a perpetua contra Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y contra las Personas como comisario inspector dependiente de la Dirección General de Investigaciones y titular de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana que funcionaba en la Brigada de Banfield, fue una de las sentencias más aplaudidas en la audiencia.
En el Pozo de Banfield fueron vistos por última vez los militantes secundarios de La Plata que permanecen desaparecidos, entre estos, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Racero y Francisco López Muntaner. Otros estudiantes secundarios secuestrados en aquellos días estuvieron en cautiverio en el Pozo de Quilmes. De ellos permanece también desaparecido Víctor Alfredo Treviño. Sobrevivieron Patricia Miranda, Pablo Díaz, Emile Moler y Gustavo Calotti. Estos últimos tres asistieron a la lectura de la sentencia.
Jorge Antonio Bergés, el médico de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, también fue condenado a perpetua. Su papel quedó más en evidencia en este juicio por su control de la maternidad clandestina que funcionó en el Pozo de Banfield y por los casos de apropiación de bebés, según partidas de nacimiento apócrifas firmadas por el propio Bergés. Fue condenado además por el delito de sustracción, retención y ocultación de menor de diez años en perjuicio del hijo de Repetur-Carriquiriborde (caso 136), de Diego Martín Ogando Montesano (140), de Daniel Santucho Navajas (145), de María José Lavalle Lemos (221), de Rosa Isabella Valenzi, hija de Silvia Mabel Isabella Valenzi (403), de Carlos D’Elia Casco (caso 268) y de María Victoria Moyano Artigas (caso 280).
Horacio Luis Castillo, que cumplió funciones en el Pozo de Banfield y en El Infierno de Lanús, también recibió una condena a perpetua.
En cambio, Enrique Augusto Barre, número dos de Wolk en el Pozo de Banfield, fue absuelto por el tribunal. Barre, uno de los pocos imputados que presentó testigos, tuvo como defensor al letrado Augusto Garrido, abogado del estudio jurídico de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia del Gobierno del negacionista Javier Milei.
En la sentencia, el tribunal solicitó que el servicio pericial corrobore el estado de salud de Jaime Lamont Smart, Federico Minicucci, Alberto Julio Candioti, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Roberto Armando Balmaceda, Carlos María Romero Pavón, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Luis Horacio Castillo para remitir informes actualizados a la Justicia nacional respecto de si presentan patologías y de su eventual impacto en un establecimiento penitenciario. Las querellas insistieron en sus alegatos en que los ahora condenados deben cumplir sus penas en cárceles del servicio penitenciario.
Emilce
«Es un día de justicia, de justicia reparadora. No digo de alegría, porque detrás de cada caso, de cada sentencia, hay dolor, hay ausencias, hay muerte, pero sí digo que hay reparación y que se aplicó la justicia y fueron condenados», dijo a Contexto una de las sobrevivientes de La Noche de los Lápices, Emilce Moler, minutos después de concluida la audiencia, aún con las emociones a flor de piel.
«Siempre decimos justicia, nunca venganza. Nuestros dolores, nuestras broncas, las convertimos en piezas jurídicas y acá se ve el trabajo de tantos años. Tarde, pero llega, y eso es lo importante», sostuvo.
«Un día histórico«
«Hoy para mí es un día histórico. Este fue el juicio en el que yo declaré por primera vez a pedido de los abogados de Abuelas [de Plaza de Mayo]», aseguró a Contexto Miguel «Tano» Santucho, acompañado en la sala por Daniel Santucho, su hermano menor con el que logró reencontrarse en medio de este juicio.
«Hoy van a ser juzgados también por lo que le hicieron a él», sostuvo, antes de considerar que estos actos de justicia permiten construir «una Argentina un poco más justa, aunque sabemos que falta mucho», y recordó que el apropiador de su hermano murió impune.
Daniel Santucho Navajas, hijo de Cristina Navajas, que permanece desaparecida, es el nieto 133 cuya identidad pudo ser restituida a fines del año pasado.
Provincia reafirma el camino de Memoria, Verdad y Justicia
La sentencia dictada por el tribunal «no hace más que reafirmar el camino por Memoria, Verdad y Justicia», consideró el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Moreno, consultado por Contexto en medio de la algarabía y el alivio que reinaba en las escalinatas de los tribunales.
«Por más que desde el Gobierno nacional se promueva muchas veces el negacionismo o la reivindicación de la última dictadura cívico-militar, hoy la Justicia está condenando estos hechos aberrantes y refuerza el camino de ‘Nunca Más’ a la dictadura cívico-militar», afirmó Moreno, que llegó al tribunal acompañado por el ex secretario de Derechos Humanos de la nación, Horacio Pietragalla.
En estos tres años y medio declararon ante el tribunal, la gran mayoría de forma virtual, unos 470 testigos. Un puñado lo hizo de forma presencial. El TOF Nº 1, que desde 2016 no tiene juez titular, estuvo también integrado por Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditi y Fernando Canero.
Los fundamentos se darán a conocer el 5 de julio a las 17 hs, anunció Basílico.
Estas condenas se sumarán a las dictadas desde 2006, cuando, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y la declaración de su inconstitucionalidad, se reactivaron los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.
Según los datos actualizados de la Procuración General de la Nación, desde aquel momento se dictaron 321 sentencias por estos delitos: 1.176 personas fueron condenadas y 183 absueltas. De las 661 personas detenidas, 503 están en detención domiciliaria y 153 están presas. Hay 36 prófugos. Se están llevando adelante 17 juicios y hay 62 con pedido de elevación a juicio.
