Por Gabriela Calotti
“Nuestra jurisprudencia ha señalado que lo que define a un hecho como crimen contra la humanidad es su aspecto sustancial vinculado a la existencia de un plan de exterminio o ataque sistemático y generalizado contra la población civil, llevado a cabo de conformidad con una política de Estado y no a la circunstancia de que el poder estatal que active ello sea de iure o de facto”, afirmó en los inicios de su alegato el fiscal general Gonzalo Miranda.
“Desde el Estado se convalidó el accionar de grupos paramilitares/parapoliciales, amparados para actuar libremente, ya antes del golpe de Estado del 76”, sostuvo ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que desde octubre de 2020 lleva adelante este debate oral y público por los delitos de lesa humanidad perpetrados entre 1974 y 1979 en los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio que funcionaron en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes, Lanús –con asiento en Avellaneda- y sumaron casos de la Brigada de San Justo. Los dos primeros eran conocidos como “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes” y el tercero como “El Infierno”.
Miranda y la fiscal auxiliar Ana Oberlín dieron cuenta de cada caso, señalando de qué forma está acreditada la materialidad de sus secuestros, cautiverio y en muchos casos el momento en que las víctimas dejaron de ser vistas en esas Brigadas de la Policía Bonaerense que funcionaron como centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, según sobrevivientes cuyos testimonios tienen valor de prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad debido al accionar clandestino de los represores. Del total de 605 casos que han sido tratados en este juicio, hasta las dos últimas audiencias, del 26 y 27 de diciembre, la Fiscalía se refirió a 332.
Ambos expusieron una serie de datos duros, acompañándose de un PowerPoint para “mostrar la amplitud de la represión en la zona sur del conurbano bonaerense”. Su alegato se reanudará el 14 de febrero de 2024, tras la feria judicial de rigor. Luego harán lo suyo las querellas y las defensas de los 12 imputados en este juicio que comenzó hace más de tres años.
Al tratar cada caso, de forma alternada, Miranda y Oberlín empezaron en las dos primeras audiencias (12 y 19 de diciembre de 2023) con las víctimas que pasaron por el Pozo de Banfield. Particular atención pusieron en el grupo nucleado en la llamada “Noche de los Lápices”, por los 11 estudiantes secundarios secuestrados en septiembre de 1976 de los cuales sólo 4 sobrevivieron.
De las 605 víctimas el 48 % eran obreros, el 18 % estudiantes, el 12 % trabajador/profesional, el 10 % estudiantes y trabajadores, el 5 % docentes y un 6 % tenían otras actividades o eran funcionarios. La mitad de las personas que pasaron por estos CCD venían o fueron llevadas luego a otros centros clandestinos.
De las 605 víctimas del genocidio que son casos abordados en este juicio, 373 sobrevivieron (61 %), 189 permanecen desaparecidas (31,2 %) y 31 fueron asesinadas (5,2 %). Esta condición pudo ser confirmada una vez que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos, precisó Oberlín.
Mujeres trans víctimas del terror
El promedio de edad de las mujeres trans secuestradas por esos meses y llevadas al Pozo de Banfield era de 19 años, aseguró Oberlín, quien insistió en que estas víctimas, algunas de las cuales prestaron un histórico testimonio ante el TOF Nº 1 el año pasado, “deben ser tratadas de acuerdo a su identidad de género” tal como hizo el presidente del Tribunal, Ricardo Basílico, durante sus declaraciones testimoniales.
Los cuatro testigos de contexto que precedieron los testimonios de ocho de ellas, coincidieron en que la persecución en su contra “se incrementó durante los años del terrorismo de Estado” y lo vincularon con la tarea de inteligencia que hicieron las fuerzas represoras.
Estas mujeres fueron llevadas al Pozo de Banfield y sufrieron vejaciones como las otras personas cautivas. Aquí la auxiliar fiscal sostuvo que “el terrorismo de Estado buscó imponer una hegemonía económica, política, social y cultural, y tenía también un modelo sexo-genérico CIS, debían ser heterosexuales y tenían roles definidos en la sociedad”.
“El terrorismo de Estado buscó imponer una hegemonía económica, política, social y cultural, y tenía también un modelo sexo-genérico CIS, debían ser heterosexuales y tenían roles definidos en la sociedad”
— Fiscal auxiliar Ana Oberlín
Esto explica la “violencia diferencial” que sufrieron las mujeres CIS durante su cautiverio y explica el ensañamiento sobre las personas que se alejaban de ese modelo de familia como las mujeres trans, puntualizó. “Creemos que ése es el origen de la mayor violencia sobre estas mujeres trans”, afirmó Oberlín.
Las mujeres trans cuyos casos fueron integrados a este juicio estaban en situación de prostitución y eran objeto de tareas de inteligencia para obtener información sobre, por ejemplo, estudiantes secundarios de la zona donde ejercían en el Camino de Cintura, como el caso de Marcela Viegas Pedro o Valeria del Mar Ramírez.
“A Julieta González, el propio Etchecolatz, a quien ella reconoció en la TV luego, le dijo que tenía que ser los ojos de él dentro del Pozo de Banfield. Esto demuestra el uso instrumental de ellas dentro de esta maquinaria desaparecedora”, sostuvo Oberlín.
Fueron perseguidas, estuvieron en situación de detenidas-desaparecidas y fueron sometidas a violencias y vejaciones inenarrables, como refirió Contexto en las audiencias correspondientes. Varias de ellas tuvieron dificultades para situar con precisión las fechas en las que fueron llevadas al Pozo de Banfield. Por ese motivo, la auxiliar fiscal pidió al Tribunal que considere con detenimiento estos testimonios pues ellas pudieron determinar no obstante que esto ocurrió en dictadura, vieron a personal policial y militar y vieron a personas secuestradas.
Entre ellas figuran Valeria del Mar Ramírez (caso 147), considerada la “cabecilla del grupo”, Julieta Alejandra González (148), Miguel Ángel Gómez ‘Claudia’ (149) que falleció sin poder declarar en este juicio y Judith Lagarde (150) que murió hace algunos años en Francia.
Algunas de ellas pudieron declarar de forma presencial y otras por videoconferencia desde el exterior.
Analía Velázquez (caso 151) tenía 23 años. Fue una de las primeras mujeres trans de Argentina. En los años 70 era conocida como Marisela. Entre el 76 y el 78 estuvo secuestrada en reiteradas veces y la llevaban al Pozo de Banfield.
Paola Leonor Alagastino (152) fue secuestrada a mediados de 1977 en el Camino de Cintura. Varias veces fue secuestrada y llevada al Pozo de Banfield. Todo el tiempo fueron golpes y violaciones. Si quería comer algo tenían que violarla antes, recordó Oberlín. Alagastino declaró por videoconferencia desde Italia.
Carla Fabiana Gutiérrez (153) tenía 14 años cuando decidió irse de su casa y comenzó a estar en situación de prostitución por su identidad de género. En 1976 y 1977 empezó a ser detenida en la ruta en la zona de La Tablada. La llevaron a la Brigada de Banfield. Vio que subían a los golpes a personas a un piso de arriba y se escuchaban gritos.
Marcela Daniela Viegas Pedro (154) tenía 14 años. Se había mudado a Buenos Aires para escapar de la persecución en Rosario por su elección de género. Trabajaba en Panamericana y Camino de Cintura. “No tenía otra opción de trabajo por ser travesti”, sostuvo Oberlín. A fines de 1978 la secuestraron en un patrullero. Creyó que iban por su recaudación. La llevaron al Pozo de Banfield. De su cautiverio le quedaron “terribles secuelas físicas y psicológicas”.
Al concluir su testimonio desgarrador, Marcela sostuvo: “Nosotras no tenemos 40 años de democracia, tenemos apenas 12, desde que tenemos Ley de Identidad de Género”.
Avanzada la exposición, la Fiscalía mencionó el caso de Adriana Calvo (176) que estaba embarazada de seis meses y fue mencionada en la primera parte de esta nota. Su declaración fue la primera testimonial en la llamada Causa 13 y en los Juicios por la Verdad. Su testimonio pudo verse al inicio de este juicio y fue incorporado al debate pues falleció el 12 de diciembre de 2010 esperando ver este juicio.
Su hija nacida en cautiverio, Teresa Mariana Laborde Calvo (177) también prestó declaración en este juicio. El testimonio de Adriana, secuestrada en su casa en Tolosa el 4 de febrero de 1977 a las 10 de la mañana, permitió comprender el funcionamiento de los Pozos de Quilmes y de Banfield. Adriana Calvo estuvo secuestrada en Arana y luego en la Comisaría 5ª. Fue trasladada a Banfield en pleno trabajo de parto en un patrullero en el que también iba el médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés, imputado en este juicio.
“Las demás mujeres dejaban de comer para que ella pudiera alimentar su hija”, afirmó Oberlín.
En 1984, Adriana Calvo fundó la Asociación de ex Detenidos-desaparecidos.
El Pozo de Banfield funcionó como maternidad clandestina y quien asistía los partos fue Bergés en reiteradas ocasiones.
El Plan Cóndor y el secuestro de decenas de uruguayos y uruguayas
Perseguidos en su país tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, muchos jóvenes uruguayos con inquietudes militantes y de izquierda cuyas organizaciones fueron ilegalizadas, cruzaron el charco pensando que aquí estarían más seguros. Sin embargo, a medida de se iban produciendo golpes militares en otros países vecinos de la región, se concretaba una eficaz coordinación entre las Fuerzas Armadas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil.
“Esa asociación facilitó un sistema de intercambio de información, de inteligencia, interrogatorios conjuntos de distintas fuerzas de distintos países, desplazamientos de agentes de diferentes países y el intercambio o entrega de personas secuestradas en algunos de estos países”, indicó la auxiliar fiscal antes de recordar que en Argentina ya se llevó a cabo un mega juicio Plan Cóndor.
Una veintena de uruguayos y uruguayas estuvieron secuestrados en los Pozos de Banfield y de Quilmes. La mayoría fueron secuestrados entre el 21 y el 27 de diciembre de 1977. La mayoría permanecen desaparecidos.
El Estado uruguayo desclasificó documentación de la dictadura y se formó una ficha individual respecto de las personas victimizadas. Se puede acceder de forma pública a través de la página oficial del gobierno del vecino país, señaló Oberlín.
Un equipo de investigación de Uruguay reconstruyó un registro de viajes entre Uruguay y Argentina, de agentes de las FFAA uruguayas. En los secuestros e interrogatorios participaron militares uruguayos, según diversos testimonios.
Muchas militaban en los GAU (Grupos de Acción Unificadora, movimiento de izquierda, fundador del Frente Amplio, base estudiantil y del sector obrero que no preconizaba la lucha armada).
“En noviembre de 1977 se desató una cacería en Uruguay y en Argentina de militantes uruguayos”, sostuvo, antes de enumerar cada caso.
Alfredo Fernando Bosco Muñoz (260) se vino a Buenos Aires a fines de noviembre de 1977. Militaba en el GAU. Era empleado del Banco Financiero Sudamericano. Fue visto en Banfield y sacado de ahí. Permanece desaparecido.
Ileana García Ramos y Edmundo Dossetti Techeira (261 y 262) tenían 23 y 35 años respectivamente. Ya tenían a Soledad de siete meses. El día del secuestro, el 21 de diciembre de 1977 en su departamento de Vicente López la nena quedó con el portero del edificio y ellos fueron llevados junto con Alfredo. Soledad fue recuperada por su abuela materna Olga. Ambos estuvieron en Banfield hasta mayo y junio de 1978 respectivamente. Un vecino que declaró en este juicio aseguró que la patota vació literalmente el departamento de la pareja.
Elena Paulina Lerena Costa y Alberto Corchs Laviña (263 y 264) alquilaban en Olivos. Militaban en los GAU. El 21 de diciembre de 1977 a la tarde, mientras él estaba en el trabajo, Elena era secuestrada en su casa. Alejandro tenía dos años. Sus abuelas vinieron a buscarlo a la Argentina. Elena y Alberto estuvieron en COT I Martínez y luego en Banfield y Quilmes. Su secuestro quedó acreditado en la causa Plan Cóndor. Desde mayo de 1978 siguen desaparecidos.
Guillermo Manuel Sobrino Berardi (265) tenía 33 años. Su militancia comenzó en el secundario y luego se sumó al Partido Socialista. A principios de 1976 se vino a la Argentina y siguió militando en los GAU y en la Unión de Activistas de Liberación (UAL). Fue secuestrado el 22 de diciembre de 1977 en la imprenta en la que trabajaba. Su hijo estaba por cumplir 6 años y sus padres vinieron a Buenos Aires para festejar y pasar la Navidad pero él no los esperaba a la salida del barco, contó Oberlín.
Estuvo secuestrado en Banfield y en abril de 1978 lo trasladaron a Quilmes. Sobrevivientes dijeron que los vieron en Quilmes como quedó acreditado en la Causa 44, pero desde mayo de ese año permanece desaparecido.
Julio César D’Elía Pallares, Yolanda Iris Casco Ghelpi y Carlos Rodolfo D’Elia Casco. (266, 267 y 268) tenían 31 y 32 años. Carlos nació en el Pozo de Banfield y fue apropiado. Sus padres: él era licenciado en Economía, Yolanda había estudiado Derecho y profesorado. Integraban los GAU. En 1974 se vinieron a Buenos Aires. Compraron una casa en San Fernando. Cuando los secuestraron la madrugada del 22 de diciembre de 1977 ella estaba embarazada de seis meses.
Cuando horas más tarde llegaron sus padres desde Uruguay para pasar las Fiestas, fueron obligados por la patota que había ocupado su casa a regresar a su país. La pareja estuvo cautiva en el COTI Martínez, en Banfield y en Quilmes. Desmantelaron la casa. En el parto intervino Bergés. Los apropiadores de Carlos eran un integrante de inteligencia de la Marina, Carlos Rodolfo de Luccia y su esposa Marta Elvira Leiro, quien fue condenada. Él murió impune. Carlos recuperó su identidad en 1998. Yolanda y Julio siguen desaparecidos.
Raúl Edgardo Borelli Cattáneo (269) era el menor de cuatro hermanos, profesor de Física y de Cosmografía. Cuando fue secuestrado tenía 23 años y trabajaba en una compañía de seguros. El 22 de diciembre de 1977 fue secuestrado al salir de su casa en Valentín Alsina. De COTI Martínez fue llevado a Banfield y a Quilmes. Su casa también la vaciaron. Varios sobrevivientes indicaron que hacia el 16 de mayo de 1978 alrededor de 21 uruguayos y uruguayas fueron sacados del Pozo de Quilmes y nunca más se supo de ellos. Raúl permanece desaparecido.
Graciela Noemí Basualdo y Gustavo Alejandro Goycoechea Camacho (270 y 271) tenían 21 y 28 años respectivamente y un hijo de dos años, Nicolás. Fueron secuestrados el 23 de diciembre de 1977 en Barracas. Estuvieron en cautiverio en Banfield y en el COTI Martínez. Según la sobreviviente Adriana Chamorro, él y otros cuatro compatriotas fueron llevados en lancha a Uruguay. El nene fue entregado a una vecina. Graciela y Gustavo siguen desaparecidos.
Elsa Haydée Fernández, Aida Celia Sanz Fernández, Eduardo Gallo Castro y María de las Mercedes Gallo Sanz (272, 273, 274 y 275). Aída tenía 27 años y estaba en pareja con Eduardo, de 35 años. En Uruguay él militaba en el Frente Amplio “26 de marzo” y en el MLN Tupamaro. Elsa tenía 61 años y era la mamá de Aída. Ambas fueron secuestradas el 23 de diciembre de 1977 en San Antonio de Padua. Eduardo fue secuestrado días después en Laferrere. Estuvieron en el COTI Martínez, en Banfield y en Quilmes. María de las Mercedes, que nació en cautiverio el 27 de diciembre de 1977, fue anotada como nacida en Quilmes y apropiada. Prestó testimonio en este juicio. Recuperó finalmente su identidad. Elsa, Aída y Eduardo permanecen desaparecidos. Bergés asistió a Aída en el parto.
María Antonia Castro Huerga y Mario José Martínez Suarez (276 y 277) fueron secuestrados el 23 de diciembre de 1977. Ella era médica. Estuvieron en Banfield, Quilmes y luego ella vuelve a Banfield. Mario fallece por falta de atención médica tras un severo cuadro de asma.
María “Mari” Asunción Artigas Nilo, Alfredo Moyano Santander y María Victoria Moyano Artigas (278, 279 y 280). Mari y Alfredo militaban en el Movimiento de Resistencia Estudiantil (ROE). Se casaron en 1973 en Uruguay y se vinieron a la Argentina. Militaban en el Movimiento de Liberación Nacional.
María Victoria nació el 25 de agosto de 1978 en el Pozo de Banfield. Durante el parto estuvo Bergés. Recuperó su identidad en 1987.
Estuvieron en COTI Martínez, Quilmes y Banfield. Mari fue violada en reiteradas ocasiones estando embarazada. Tenía episodios de epilepsia.
A Alfredo se lo llevaron a Banfield el 15 o 16 de mayo. Ambos permanecen desaparecidos.
Miguel Ángel Ríos Casas (281) tenía 30 años. Militaba en Tupamaros y en el Movimiento 26 de marzo. En Buenos Aires conoció a Marta Enseñat, prima de Aida Sanz. Tuvieron un hijo y vivía con ellos la mamá de Marta que tenía problemas mentales. El 24 de diciembre de 1977 llegó a su casa Eduardo Gallo.
Miguel Ángel fue secuestrado y llevado al Pozo de Quilmes. Él y Eduardo permanecen desaparecidos. Marta y Valentín se exiliaron en Francia. En 1985 volvieron a Uruguay.
Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura y Carolina Barrientos (282 y 283) tenían 34 y 37 años respectivamente. El estudiaba Psicología y ella era doctora en Química. Militaban en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) en Uruguay. Fueron secuestrados la madrugada del 30 de diciembre de 1977. Estuvieron secuestrados en COTI Martínez, Banfield y Quilmes. Ambos permanecen desaparecidos.
Washington Rubén Rodríguez Martínez (284) tenía 37 años. En 1973 se vino a la Argentina con su mujer y cinco hijos. Vivían en Lomas de Zamora. Era tornero y de izquierda. Fue secuestrado a principios de marzo o abril de 1978. Estuvo un mes en Quilmes. Al poco tiempo de su liberación se refugiaron en Suecia. En 1985 regresaron a Uruguay.
Juan Alberto Berdún Cardozo (285) tenía 24 años y militaba en la Unión Juventud Comunista en Montevideo (UJC). Se instaló en Madariaga donde fue secuestrado el 14 de abril de 1978. Lo llevaron a Campo de Mayo y luego al Pozo de Quilmes.
Estuvo cautivo un mes y medio y liberado en la calle en Quilmes a fines de mayo de 1978.
Marta Beatriz Severo Barreto tenía 20 años y Jorge Hugo Martínez Horminoguez tenía 22. Carlos Baldomiro Severo Barreto, Ary Héctor Severo Barreto y Beatriz Alicia Anglet (Boulogne) y Rosa Álvarez. (286, 287, 288, 289, 290 y 291). En Uruguay habían sido perseguidos por la dictadura. Y se vinieron todos a Argentina. Pero el 20 de abril de 1978 Marta, Jorge y Carlos fueron secuestrados en Claypole. El 24 de abril Beatriz y Ary en Boulogne. Todos fueron llevados al Pozo de Quilmes. Rosa fue liberada pero el resto de la familia permanece desaparecida.
Beatriz Lilian Bermudez y Oscar Luis Viegas (292 y 293) tenían un hijo de un año. Ella tenía 30 años y él 29. Vivian en Gerli. En una casa trasera vivían la madre y el padre de Oscar. La madrugada del 21 de abril de 1978 hubo un fuerte operativo de unas 20 personas de civil y armadas. Fueron llevados al Pozo de Quilmes.
Oscar testimonió en este juicio. Para liberarlos a fines de abril les exigieron plata. Les dieron casi 15 mil dólares. Se fueron a vivir a Estados Unidos porque seguían extorsionándolos tras ser liberados.
María Teresa Serantes Lede y Zafiro Alberto Illarzen Frugoni (294 y 295) se habían venido tras el golpe en Uruguay. Acá nació Amaranta. Se instalaron en Bernal. Zafiro falleció. María Teresa prestó testimonio. Milito un tiempo en el PC en Uruguay. El era cooperativista. El 21 de abril de 1978 fue a ver a su amiga Beatriz Bermúdez. Ambas fueron llevadas al Pozo de Quilmes. Y también a Zafiro. Fueron liberados entre el 18 y el 20 de mayo. “Ellos dijeron que en un momento en Quilmes había 32 uruguayos cautivos todos en el mismo piso”, precisó Oberlín.
“Ellos dijeron que en un momento en Quilmes había 32 uruguayos cautivos todos en el mismo piso”, precisó Oberlín.
Erlinda María Vázquez Santos, Beatriz Fernández y Alicia Montenegro (296, 297 y 298). A Erlinda que tenía 45 años le decían “Muñeca”. Tenía un taller de artesanías de cuero. En 1973 se vino a vivir a Buenos Aires. El 21 de abril de 1978 fueron secuestradas y las llevaron al Pozo de Quilmes. Beatriz y Alicia fueron liberadas a las horas en el Camino de Cintura. Erlinda no. Fue torturada con picana y quemadura de cigarrillos. No prestó testimonio en este juicio por problemas de salud y por su avanzada edad, pues tiene 90 años. Compartió cautiverio con Yvonne Cappi Olivera y con María Teresa Serantes. Erlinda se exilio en Brasil y luego en Suecia.
Nelson Julián Mezquida e Yvonne Cappi Olivera (299 y 300) vivían en Berazategui y tenían dos hijos de 8 y 4 años. Al debate se incorporó por lectura el testimonio que ella brindó en Suecia. A fines de abril de 1978 fueron secuestrados por ocho personas, una de ellas mujer. Los llevaron al Pozo de Quilmes donde estuvieron 27 días. Se exiliaron en Suecia.
Mario Mosteiro (301) era pintor y vivía en La Boca. Nacido en Uruguay. Estuvo en el Pozo de Quilmes entre fines de abril y 15 o 16 de mayo de 1978. Erlinda e Yvonne dieron cuenta de Mario. Fue liberado con Rosa Álvarez. El falleció después.
El circuito entre Brigada San Justo y Banfield
En su alegato, la Fiscalía mencionó casos de víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de San Justo y en el Pozo de Banfield. Tal fue el caso de Héctor Ricardo Iramain (305). Tenía 33 años y trabajaba en el sindicato de trabajadores talleristas. Militaba en Montoneros. Fue secuestrado el 28 de enero de 1978. Llevado a Brigada de San Justo y luego a Banfield. Permanece desaparecido.
Eduardo Otilio Corro y Adriana Chamorro (306 y 307) tenían 39 y 33 años respectivamente. Fueron secuestrados el 23 de febrero de 1978. Usaron de rehenes a los padres de Adriana para que dieran el domicilio de la pareja. Pasaron por la Brigada de San Justo, Pozo de Banfield y, luego comisaria de Laferrere. Eduardo fue llevado a la U9 y ella a Devoto, de donde salió en libertad en abril de 1981. Fueron terriblemente torturados y en su caso violación grupal.
Rafael Chamorro (308) era el hermano de Adriana. Trabajaba en una empresa de fabricación y venta de calzado deportivo. El 23 de febrero de 1978 fue secuestrado en su casa. Llevado a la Brigada de San Justo, a Laferrere y luego al Pozo de Banfield. U9. Salió con libertad vigilada en 1981.
Mónica Sofía Grinspon y Claudio Ernesto Logares (310 y 311) vivían en Haedo. El 10 de junio de 1977 había nacido su hija Paula. Militaban en la JTP y en Montoneros. En 1977 se fueron a vivir a Uruguay donde fueron secuestrados el 18 de mayo de 1978 por la tarde con Claudio y Paula, que tenía dos años, cuando iban al Parque Rodó. Fueron trasladados a Buenos Aires a la Brigada de San Justo. Paula fue apropiada por el subcomisario de la Brigada, Rubén Luis Lavallén. Luego fueron llevados a Banfield. Paula Logares recuperó su identidad en 1984, fue la primera nieta recuperada, nieta de Elsa Pavón, una de las primeras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Mónica y Claudio fueron vistos por última vez en junio de 1978. Permanecen desaparecidos.
El Pozo de Quilmes ya funcionaba como centro ilegal de detención en 1974, como dan cuenta los casos de Adelina Felisa Lucero (312), secuestrada a los 19 años. El caso de Cástulo Bogado (319), trabajador de Acindar en Villa Constitución (provincia de Santa Fe) es otro ejemplo de ello. Fue secuestrado en mayo de 1975 y estuvo una noche secuestrado en Quilmes.
Militantes residentes en esa localidad del sur de conurbano fueron blanco de forma grupal de la represión desatada ya en julio de 1975. El día 22 de ese mes, Marcelo Damián Santoro, Armando Dionisi, Juan Carlos Duca, Graciela Beatriz Gómez, Norberto Faggioli, María del Carmen Alburúa (Mary), Urbano Ciavaglia, María Leonor González y Francisco Gutiérrez, fueron llevados a la Brigada de Lanús y luego al Pozo de Quilmes.
El último caso mencionado por la Fiscalía en la audiencia del 27 de diciembre fue el de Horacio Luis Rapaport (332), secuestrado junto a Francisco Gutiérrez. De Quilmes a Rapaport lo llevaron en agosto a la U9. El 2 de febrero de 1977 lo asesinan en el Regimiento VII de Infantería. Dijeron que se había suicidado.
Susana Quirós, su compañera, afirmó en el juicio que lo asesinaron. Pudo recuperar su cuerpo.
Aunque el fiscal general, Gonzalo Miranda, citó a la politóloga Pilar Calveiro, que estuvo secuestrada en 1977 en la ex ESMA y logró exiliarse en México, al inicio de su alegato, preferimos sus palabras para el cierre de esta nota que abre un paréntesis en el Juicio Brigadas hasta febrero por el peso que contienen en la Argentina de hoy.
“Los campos de concentración, ese secreto a voces que todos temen, muchos desconocen y unos cuantos niegan, sólo es posible hacerlo cuando el intento totalizador del Estado encuentra su expresión molecular, se sumerge profundamente en la sociedad permeándola y nutriéndose de ella” y aunque aclara que “no todos los poderes son concentracionarios” invita “a explorar sus características pues ello permite entender a la propia sociedad y al poder que se instauró y que aparece en el poder que hoy circula y se reproduce”, refirió Miranda citando párrafos de «Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina».
Desde el inicio del debate oral y público, el 27 de octubre de 2020, fallecieron impunes seis imputados por los delitos que se les atribuyen en este juicio. A los 12 que siguen con vida, de los cuales sólo uno está en la cárcel, Jorge Di Pasquale, se sumó Horacio Castillo en el último tramo del proceso.
Por esos tres CCD pasaron medio millar de víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 500 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
