Este martes se reunió nuevamente la Comisión de juicio político contra la Corte Suprema de la Nación, que viene investigando el rol de sus miembros, acusados de mal desempeño de sus funciones, esta vez con eje en un posible beneficio deliberado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el fallo de la coparticipación. Robles, uno de los principales apuntados, se limitó a leer un documento.
La comisión presidida por Carolina Gaillard, del Frente de Todos, reanudó así su actividad tras las vacaciones de invierno en busca de pruebas para el enjuiciamiento de los magistrados Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz.
Esta audiencia contó con la participación de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti y uno de los principales nexos con el Gobierno de la Ciudad; Alejandro Daniel Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la Corte, quien tramitó la causa de Coparticipación; el contador de AFIP Alejandro Otero y el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Este último alegó «motivos personales» y pegó el faltazo.
Cabe recordar que el ex ministro de Seguridad y la mano derecha del juez de la Corte Suprema quedaron implicados en el mentado «escándalo de los chats», donde salieron a la luz las estrategias compartidas para favorecer a la CABA en el proceso judicial por los fondos federales.
Dicho proceso había sido judicializado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió reclamar por esa vía el recorte de los recursos para la Policía porteña, una de las causales por las que se investiga la conducta de los cuatros miembros de la Corte Suprema de Justicia.
En este marco, Robles se negó a declarar, pero frente a la Comisión leyó un documento donde aseguró que es «acusado falsamente» y que se trata de «una historia a base de calumnias».
«Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional».
«No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales», cerró.
Tras esta lectura, el diputado del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez planteó su disgusto y alegó: «Nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar».
Al abrir la ronda de preguntas, encabezadas principalmente por los diputados oficialistas Leopoldo Moreau, Mara Brawer y Rodolfo Tailhade, quienes indagaron sobre su rol en la Corte y si es «encargado» de transmitir directivas de Rosatti, poner su firma y dar instrucciones en nombre del magistrado, Robles insistentemente se limitó a responder que no es abogado y que «maneja temas jurisdiccionales».
En este marco, el presidente del bloque, Gerardo Martínez, cargó duro contra Robles y aseguró que tiene «una cantidad de respuestas prediseñadas que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica». «Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público», apuntó. «El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión», lanzó.
