Avanza en una nueva instancia el debatido juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo desarrollo continuó este martes en la órbita de la Cámara de Diputados de la Nación. La Comisión de Juicio Político tuvo una nueva audiencia donde se dio paso a la presentación y análisis de los diversos cargos que enfrentarían por las diversas causales: el 2×1 a genocidas y el escándalo por los fondos de coparticipación federal, entre otros puntos, en la lista de señalamientos.
En búsqueda de poner un cierre a la etapa de investigaciones, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) indicó que la intención de esta instancia fue «ir concluyendo cada una de las investigaciones y, si ya están todas las constancias probatorias, darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo».
De este modo, el próximo paso sobre el cual se abre la expectativa es ir a fondo con la elaboración de cargos, donde se destacan acusaciones por abuso de poder y mal desempeño de las funciones, como ejes destacados. Durante el martes se realizó un exhaustivo repaso de las causas que cargan los jueces del máximo tribunal.
Esta dinámica se planteó a partir del pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), tras haber agotado los temas por los cuales se investiga el accionar de los cortesanos: el fallo 2×1 que benefició a un represor de la dictadura militar, el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura. También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la obra social del Poder Judicial de la Nación.
En su planteo, Tailhade sostuvo: «Agotada la investigación, propongo que se formulen cargos y se corra traslado a jueces, y que ellos, si quieren hacer descargo, lo puedan hacer. Esperemos que no pase lo del bochorno de [Juan Carlos] Maqueda, que no hizo ningún comentario [respecto a la comisión]», tras las acusaciones que se le formularon por su accionar al frente de la obra social judicial.
Sin dudas, uno de los focos de tensión fueron ubicados sobre el juez Carlos Rosenkrantz, acusado por una serie de fallos favorables hacia exclientes que él había tomado de manera privada en ocasiones anteriores. Por este punto fue citado el periodista Ali Lijalad, de El Destape, por un artículo de su autoría donde investiga estos fallos.
Allí se destacan unos 56 fallos de Rosenkrantz en favor de exclientes suyos, tales como Telecom, Artear, Multicanal, YPF, supermercados DIA y la empresa Piero, y los cuatro dictados en favor de la provincia de Santa Fe y otros de Corrientes.
También fueron invitados a exponer ante la comisión Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa «Tabacalera Sarandí SA contra AFIP-DGI/Proceso de conocimiento».
