Finalmente, el Código de Convivencia Ciudadana impulsado por Julio Garro desde el inicio de su gestión fue sancionado por el Concejo Deliberante, y en diez días comenzará a avanzar su reglamentación y entrará en vigencia en mayo de 2022. Organizaciones y trabajadores de la economía popular se movilizaron a las puertas del Palacio Municipal en su rechazo y adelantaron que este martes irán a la Justicia para buscar frenar la nueva normativa.
A Juntos por el Cambio le valió su mayoría de trece ediles, más el aliado Gastón Crespo del GEN, para sancionar el Código. En contra cosechó los diez votos del Frente de Todos, más una masiva movilización de trabajadores de la economía informal y organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, políticas, entre otras. Vale recordar que el flamante Código prevé severas multas para la venta ambulante, la tracción a sangre, el trabajo sexual en áreas no permitidas, el arte callejero, entre otros trabajos informales, e impone límites a la protesta social. Asimismo, establece sanciones para actividades más cotidianas, como sacar la basura fuera de horario.
En el recinto, en defensa del Código expuso la titular de la Comisión de Seguridad, Romina Cayón, quien defendió los límites a la protesta social alegando que el «derecho a protestar no implica que cercene el derecho a circular a nadie». En la misma línea, su compañero de bancada, Javier Mor Roig, aseguró que se trata de un código «donde los ciudadanos podemos tener una sana convivencia, donde se interpreten y defiendan los derechos de todos los ciudadanos».
Desde el Frente de Todos, el concejal Ariel Archanco manifestó que «votar en contra es ser honesto con la ciudadanía, porque hay que trabajar en soluciones que sean palpables para los vecinos y las vecinas de La Plata».
«Desde nuestro bloque, cuando rechazamos este código, no estamos dándole la espalda a los intereses de los vecinos, muy por el contrario, estamos dando una muestra de honestidad de que queremos avanzar con los pies sobre la tierra, con soluciones que sean palpables para los vecinos y vecinas» comenzó su discurso Archanco durante la sesión, al tiempo que enfatizó en que «votar este código es venderle algo a la ciudadanía que después no se va a poder cumplir, porque son temas muy delicados. Nosotros estamos al lado de los vecinos y las vecinas, representamos sus intereses. Entonces, estar en contra de esta norma es también estar honestamente al lado de ellos y ellas, porque les estamos planteando la verdad».
Sobre los últimos movimientos del oficialismo municipal, Archanco fue muy crítico al expresar que «una vez más se ha transformado la política en un show. Hace semanas le venimos pidiendo explicaciones sobre la cartelería ilegal de publicidad que inunda la ciudad, y sobre eso no han dicho nada. Eso significa dinero para la ciudadanía y nadie se hace cargo de cómo se gestó esta maniobra posiblemente fraudulenta», y dejó un dato de color al respecto: «Incluso mientras sesionábamos, había una grúa municipal trabajando en Plaza Moreno (que el mismo intendente se encargó de mostrar en Twitter) y le pregunté por esa red social por qué no aprovechaba y bajaba la cartelería ilegal que él permitió».
Su compañera de banca, Yanina Lamberti, destacó la manifestación en las puertas y destacó que hubo «voces que no fueron escuchadas» para la redacción del código. «Supongo que todos queremos tener una ciudad participativa, democrática, pero sobre todo creo que queremos una ciudad inclusiva. El Código de Convivencia, si bien ha tenido modificaciones desde la primera versión, sigue teniendo un problema fundamental y es que profundiza desigualdades», destacó.
Para la edil del Frente de Todos el código «profundiza la segregación socioespacial de nuestra ciudad y tiene una profunda mirada ‘cascocentrista'». En este punto, Lamberti apuntó contra Cayón. «Si bien Romina decía que es un código que garantiza derechos para todos y todas, yo creo que no es así. Es un código que cercena el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento y el derecho a la protesta, y tiende a criminalizar fuertemente las estrategias de supervivencia de un sector de la población que hoy la está pasando muy mal».
Afuera miles de trabajadores y trabajadoras manifestaron su rechazo y adelantaron que avanzarán por vía judicial. Ángel Ibáñez, referente del Movimiento Surge, dijo en diálogo con Contexto que el próximo martes a las 9 de la mañana de congregarán las organizaciones participantes de la marcha para avanzar en un escrito que se presentará en los próximos días ante la Justicia.
«Vamos a denunciar el atropello que significó la aprobación del Código de Convivencia, que atenta contra gran parte de los ciudadanos platenses», sostuvo Ibáñez, quien destacó que además de las multas a trabajadores de la economía informal, los límites a la protesta social también serán denunciados. «La vida está sobre el tránsito, como también está sobre el trabajo, la salud, la vivienda, la educación», agregó.
El referente social apuntó a Juntos por el Cambio, al ser un Gobierno «que ha generado que más del 40 % de la población esté por fuera del sistema de producción, esté zafando, que no tenga medios más que vender algo en la calle o salir a cartonear, y ahora los intenta perjudicar también».
«Vamos a ir punto por punto a discutir este Código de Convivencia. Es un código dictatorial que nos remonta a oscuras etapas de la Argentina y no lo vamos a permitir», aseguró Ibáñez.
