Por Adrián Grünberg*
Hace ya un par de años, irrumpió en la escena judicial –o, si se quiere, “político-judicial”– la Asociación Civil Justicia Legítima. Aunque, más que una asociación de funcionarios o magistrados, debe ser considerada como un colectivo, pues está conformada también por empleados del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, así como por abogados y ciudadanos en general, no necesariamente vinculados al quehacer tribunalicio.
He allí lo que nos diferencia, por ejemplo, de la tradicional Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (A.M.F.J.N.), neta institución corporativa cuyo objetivo primordial radica en la defensa de los intereses de quienes, en su seno, conforman los operadores del sistema judicial a nivel nacional y federal.
Hace pocos días se celebró en la Biblioteca Nacional el tercer encuentro de Justicia Legítima, donde en sendos paneles se debatió sobre la politización de la Justicia y la judicialización de la política.
A mi juicio, el primer aspecto justamente tiene que ver con aquel emergente colectivo al que antes hacía referencia. En efecto, si tenemos en cuenta que el eje principal de Justicia Legítima gira en torno a la idea de democratizar “la Justicia”, deviene inexorable entonces pensar en un accionar claramente político.
Pero de ningún modo debe asociarse este ánimo político con algo muy distinto, que es la actividad político-partidaria.
Justicia legítima ha acompañado las denominadas leyes de “democratización de la justicia” impulsadas por el gobierno nacional, que fueron en gran parte desactivadas –por la propia Corte Suprema– hace dos años.
En este sentido, por ejemplo, Justicia Legítima ha acompañado las denominadas leyes de “democratización de la Justicia” impulsadas por el Gobierno nacional, que fueron en gran parte desactivadas –por la propia Corte Suprema– hace dos años. Mas ello no significa que nuestro colectivo haya adscripto al Gobierno nacional en un sentido partidario, tal como aviesamente lo dan por sentado los medios dominantes.
Efectivamente, desde que se produjo el apoyo a aquellas leyes, cada vez que algún juez o fiscal adherente a Justicia Legítima falla o dictamina en algún expediente, la prensa hegemónica se encarga de resaltar que el magistrado pertenece a la “agrupación oficialista” o “filo-kirchnerista”.
Falso y torcido. Porque cuando la tradicional Asociación de Magistrados anunciaba que se opondría a la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aquellos mismos medios de comunicación, por el contrario, no la tildaron de “agrupación opositora” o “anti-K”.
Y esto lleva al otro aspecto antes señalado: el de la judicialización de la política. Varios de los exponentes del Encuentro en la Biblioteca Nacional han sostenido que esta otra cara de la moneda es impulsada por la oposición política cuando resulta perdidosa ante la mayoría oficialista y no logra, por ende, abortar sus iniciativas legislativas. Sancionada alguna ley que rechazan o que no colma sus expectativas, acuden a la Justicia para –derecho cautelar mediante– lograr un freno en su aplicación.
¿Qué es entonces “democratizar la Justicia”?
En primera instancia, entendemos con ello no naturalizarla. Cito a un tal Zaffaroni:
“las carreras de Derecho omiten un capítulo muy importante en la formación del abogado: la discusión política del Poder Judicial… No en vano el tema se ha silenciado durante muchas décadas, como si la estructura del Poder Judicial fuese tan natural como la de una flor… Con el Poder Judicial se ha procedido de la misma manera: se lo ha naturalizado, y toda naturalización es un encubrimiento legitimante de una estructura cuya discusión se omite.” [1]
En ese orden de ideas, una Justicia más democrática es una Justicia no sólo independiente del poder político, sino, sobre todo, de los poderes fácticos. Vale decir, de los verdaderos “poderosos”.
Ello conlleva inevitablemente a bregar por una Justicia que no tenga como Norte la defensa de intereses corporativos, sino la del interés general; acompañada de la menor burocratización posible y de la necesaria asistencia de los más vulnerables.
En definitiva, parafraseando al maestro, que no sea la Justicia una mera flor en un jarrón, embellecedora del statu quo, sino que sirva para brindar un perfumado pábulo a nuestra vida social.
* Juez Federal
[1] Zaffaroni, E. R. (2003). “Reconstrucción institucional de la justicia”. En: Guarnieri, C. Judicialismo. Buenos Aires: Hammurabi, p. 38.
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