Por Alejandro Palladino
Con una radio abierta en las cercanías de la fiscalía de 7 y 56 de La Plata, la familia y el abogado de la estudiante de la Facultad de Periodismo de dicha ciudad, Emilia Uscamayta Curí, quien murió ahogada en una fiesta clandestina el 1° de enero, presentarán este viernes un recurso de apelación a los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata para solicitar el cambio de carátula de la causa y la reposición de medidas de detención para los tres empresarios organizadores, Raúl “Peque” García, Carlos Bellone y Santiago Piedrabuena, quienes fueron eximidos por la Justicia platense en febrero. El fiscal Álvaro Garganta, que había garantizado su acompañamiento, tomó licencia ayer.
El documento afirma que “la exposición tiene como eje principal el incitar la correcta valoración jurídica de los hechos probados que corresponde al caso, y como corolario, la procedencia de una medida cautelar de privación de libertad sobre los imputados en base a esa correcta tipificación legal”.
Como un paso más en la búsqueda de justicia que lleva adelante la familia, acompañada por agrupaciones políticas, estudiantiles y sociales, el documento presentado busca que la causa sea caratulada como “homicidio simple con dolo eventual”, dejando atrás la actual de “homicidio culposo”.
EL ESCRITO DESARROLLA DETENIDAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO QUE POSIBILITARON LA MUERTE Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NO IMPLEMENTADAS POR LOS EMPRESARIOS, FUNDAMENTADo CON PALABRAS DE TESTIGOS (COMO EL DE LA JOVEN QUE LE HIZO RCP A EMILIA) QUE ASISTIERON A LA FIESTA LA FRONTERA, QUE TENÍA POR eSLóGAN “EL LÍMITE LO PONÉS VOS”.
Entre los aspectos, el abogado de Emilia Uscamayta, Adrián Rodríguez, rescata que los empresarios incumplieron dos estimaciones de funcionarios de Control Urbano, que labraron actas y no suspendieron la fiesta, por lo que los organizadores desoyeron las tibias advertencias de los trabajadores del Estado platense. Además, la ausencia de ambulancias, de personal para realizar primeros auxilios en un predio con una pileta de grandes dimensiones, las deficiencias en seguridad y salubridad y el exceso abrumador de concurrentes (cerca de tres mil), entre otros elementos antirreglamentarios, hizo que la fiesta “se torne en una fuente de peligro real y concreta para la vida y la salud de los concurrentes”.
¿SE PUDO HABER EVITADO LA MUERTE? EL DOCUMENTO SOSTIENE QUE “DEBEMOS DETERMINAR SI LOS ORGANIZADORES TUVIERON EN SUS MANOS LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR LA SITUACIÓN DE PELIGRO POR ELLOS MISMOS CREADA, Y LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA. NO SóLO CONFORMABAN UNA SOCIEDAD DE HECHO, SINO QUE ADEMÁS ESTUVIERON PRESENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA FIESTA”.
El militante PRO Raúl Ismael García, por ejemplo, estaba a cargo de la contratación del predio y de su disposición. Mientras que Carlos Bellone dispuso su casa quinta para hacer la fiesta, con todas sus irregularidades a cuestas.
Con respecto a la eximición de los imputados, el segundo propósito del documento, la Asamblea Justicia por Emilia –que integran la familia, el abogado, compañeros de militancia y de la Facultad de Periodismo– rechaza la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal que hizo lugar a los recursos presentados por la defensa de los empresarios, que convalida los pedidos de eximición de prisión al imponer una caución de 100 mil pesos para que estén libres.
“Existen motivos bastantes para sospechar que resultaron penalmente responsables de los delitos de desobediencia (dos hechos) y homicidio culposo en concurso real”, sostiene el texto.
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