Mientras el gobierno prepara una nueva prórroga que extienda una vez más el congelamiento de alquileres, desde la oposición profundizan el ataque hacia la reciente Ley de Alquileres, sancionada a mediados del año pasado. Apoyado en informes de empresas privadas vinculadas al mercado inmobiliario, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para derogar la normativa por considerarla un «fracaso», al mismo tiempo que proponen modificar el Código Procesal Civil y Comercial para agilizar los desalojos.
Cabe recordar que en marzo de 2020 se congelaron los precios de alquileres y se prohibieron los desalojos por falta de pagos, como parte del paquete de medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la emergencia por la covid-19. La situación fue la antesala para el tratamiento y la posterior aprobación de la Ley 27.551.
En este caso, la medida para avanzar contra la normativa fue impulsada por el diputado nacional del PRO Alberto Asseff y acompañada por Pablo Torello, Jorge Enríquez y Virginia Cornejo, del mismo partido; los radicales Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate y Aída Ayala; y Alicia Terada, de la Coalición Cívica.
«El mercado actual demuestra un incremento exponencial de los valores de alquiler que la inseguridad jurídica y la falta de herramientas para recuperar de forma rápida y sencilla la propiedad, sumado a un sistema complejo de actualización de los costos, lleva a los locadores a cubrirse desde el día uno con un monto más alto de lo que podría costar en una situación ‘normal’», sostienen desde Juntos por el Cambio.
El argumento de los legisladores macristas coincide con la reciente publicación de un informe elaborado por la firma Zonaprop, vinculada al mercado inmobiliario, donde indican que los precios de los alquileres «aumentaron un 62 por ciento en 2020 en la Ciudad de Buenos Aires para los inquilinos», lo que representaría la mayor suba desde 2012. Los especialistas relacionaron este fenómeno con una «reacción del mercado» ante la nueva ley.
«Nunca quisieron la ley, no solo el bloque de Cambiemos, sino también desde el sector inmobiliario, la presión siempre fue por no modificar ninguno de los aspectos de la situación de mercado que ellos quisieron imponer para el acceso a un alquiler. No nos extraña», dijo a Contexto Germán Schierff, referente de la Asociación de Inquilinos Platenses (AIP). «Lo que hay que entender es que no hubo un fracaso de la ley, sino que lo que hay es un constante ataque a los puntos centrales de la ley por parte del mercado», agregó.
El sector inmobiliario ha logrado generar lazos políticos con la oposición al gobierno. Tal es el caso de Marta Liotto, vicepresidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), quien supo formar parte del armado político de Martín Lousteau dentro del espacio Eco.
«Tres años es mucho tiempo y puede ser que esto produzca una baja grande en la oferta», fue el posicionamiento de Liotto en referencia a los nuevos condicionamientos contractuales propuestos por la Ley de Alquileres, durante la víspera de su definitiva aprobación en 2020.
La voz de Liotto es una de varias del sector inmobiliario que ahora pujan por frenar la intención del gobierno de prorrogar el decreto de congelamiento e impedir que se avance con la implementación de la ley. «Consideramos que dilatar la disposición que prohíbe los desalojos y congela los alquileres desde marzo del año pasado hasta fines de este mes sería lapidario para un sector que es clave en el desarrollo de la economía a través de la construcción y generación de miles de puestos de trabajo», expresó de manera reciente Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCi), a través de un artículo del diario La Nación.
