Tras anunciar que reclamaría en «todas las instancias necesarias», el Gobierno de Axel Kicillof realizó el primer paso con un reclamo formal al ministro de Economía de la nación, Luis Caputo, por el retraso del envio de fondos a la provincia que superan los 15.000 millones de pesos, deuda que afecta «la educación, salud y seguridad de los bonaerenses».
La carta emitida por el ministro de Economía bonaerense Pablo López a su par nacional pone el foco no solo en las sumas adeudadas, que escalan a unos 15.400 millones de pesos si se tienen en cuenta el Fondo por el Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Interior, que regula el transporte.
El Gobierno bonaerense solicitó «la regularización de las transferencias acordadas en el Consenso Fiscal 2017», lo cual incluye «la correcta actualización de las sumas correspondientes al año 2024, ya que ha habido una decisión deliberada de licuarla al aplicar una actualización muy por debajo de la inflación proyectada» y «la cancelación de la deuda que se generó en 2023 por la diferencia entre la inflación efectiva y la proyectada dado que el año terminó con una inflación de 211%».
También se reclamó el «pago de las sumas no abonadas y su correspondiente actualización, de lo pactado en el Convenio complementario a las compensaciones del Consenso Fiscal 2017, firmado el 19 de julio de 2023 (se trata de un convenio anual que se firma y se ejecuta regularmente desde octubre de 2019)»; y se advirtió que «estas dilaciones y licuaciones atentan contra el espíritu del Consenso Fiscal 2017 y los compromisos que el Gobierno Nacional asumió, que de esta manera está incumpliendo».
El escrito también exigió «el inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires», al resaltar que «la regularización de estos pagos es fundamental para el normal funcionamiento de la gestión pública provincial».
En esa línea, Provincia de Buenos Aires insistió en que «el envío de estos recursos resulta de obligatoria ejecución para el Estado nacional», y que «los mismos tienen destinos habituales y específicos orientados a financiar diferentes partidas presupuestarias de nuestra provincia, algunas vinculadas a la educación, salud, seguridad de las y los bonaerenses».
«No se trata de los únicos incumplimientos y retrasos que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra Provincia, y seguiremos avanzando en el reclamo de cada uno de ellos, así como exigimos la inmediata normalización del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Interior, en materia de transporte», reclamó la carta de las autoridades bonaerenses.
Rediscutir la Ley de Coparticipación
También planteó la necesidad de rediscutir la Ley de Coparticipación, al entender que hoy «la provincia de Buenos Aires es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones de forma suficiente y adecuada».
«Más allá de la urgente necesidad de rediscutir una nueva Ley de Coparticipación, el cumplimiento en tiempo y forma del envío de los recursos no automáticos que el Estado nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires resulta crítico para poder garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales que la Constitución nacional les reconoce a las y los bonaerenses», añadió la misiva.
Con información de Telám
