Por Franco Jaubet
La ex directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa» de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fabiana Rousseaux, tuvo a cargo durante su gestión la coordinación del Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas, Testigos y Querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad. En diálogo con Contexto se refirió a la situación actual de las víctimas del terrorismo de Estado y a las condiciones de acompañamiento y protección en el desarrollo de los procesos judiciales.
– ¿Qué diferencias históricas podrías marcar entre aquel “Juicio a las Juntas” de 1985 y los procesos judiciales y de reparación que se están llevado a cabo desde 2006?
– Hay una gran diferencia entre lo que fue el llamado “Juicio a las Juntas”, que se conoce en realidad jurídicamente como la “Causa 13”, y los procesos actuales. En aquel momento, los sobrevivientes tuvieron que dar su declaración al poco tiempo de haber salido de los centros clandestinos, en un contexto de todavía muchísimo temor por las secuelas inmediatas. Algunos incluso recién llegados del exilio o cuando hacía muy poco que habían dejado de estar bajo libertad vigilada, lo cual produjo un efecto bastante complicado en los sobrevivientes, no sólo porque no había un antecedente de juicios de esas características en la Argentina, sino porque ellos ya habían prestado declaración en instancias previas, como los juicios en el exterior o en la CONADEP. Para mí, la diferencia es que la instancia actual sí tiene una connotación reparadora, mientras que en aquella oportunidad, en el 85, no la hubo, si bien fue históricamente muy importante. Retroactivamente para las víctimas, después de esas condiciones que mencionamos en que se atrevieron a hablar con mucho miedo, al terminar ese proceso judicial vino una etapa de impunidad en donde se legitima la impunidad argentina con las leyes de “Obediencia debida» y «Punto final” y los decretos de indultos. Es como si el Estado, después de haberlos escuchado, les hubiese dicho “de todo ese esfuerzo que hicieron, les creemos a medias”, ya que las penas quedaron sin efecto. Eso para mí fue, visto desde ahora, trabajando en esta etapa inicial de los juicios, un impedimento muy importante para los sobrevivientes. La pregunta de ellos en 2006 fue «¿Por qué yo voy a creer que el Estado ahora va a hacer algo con esto?». A la vez, no nos olvidemos que estuvo todo el período de los “Juicios por la verdad”, que justamente algunos de ellos se desarrollaron acá en La Plata. Venir de ese proceso de «No hay justicia, pero hay verdad, no hay escrache, pero hay verdad», con ese dispositivo que crean los H.I.J.O.S., para terminar siendo convocados casi treinta años después para volver a poner la palabra en juego. Fue una construcción muy difícil volver a reanudar el lazo con las víctimas. Además, con el agravante de Jorge Julio López.
– ¿Cómo sigue afectando en los testigos la desaparición de Julio López?
– Sigue determinando en muchas víctimas. Es una marca. Pero la verdad que también hay que decir es que ningún sobreviviente se bajó de una declaración por esto. En ese momento, cuando se produce la desaparición de López, el Estado no tenía más programas en marcha que el de la Dirección de Protección a Testigos e Imputados. Después de la desaparición había un gran debate a nivel nacional por cómo seguir con estos juicios. Era complejísimo y lo que pensábamos era que esto iba a parar el proceso de los juicios. El programa de protección lo que hacía en ese momento era poner a las fuerzas de seguridad como resguardo, como protección, pero, claro, ellos habían sido víctimas de esas fuerzas, con lo cual ahí se planteó que esto no debía ser lo único con lo que el Estado podía responder, si bien, podía haber casos en los que se justificara por el riesgo que implicaba un determinado testimonio. Entonces pensamos el mecanismo del acompañamiento en los juicios como una medida protectora en sí misma. En el año 2007, a partir de la Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, con Eduardo Luis Duhalde a la cabeza (recordemos que en ese momento era el secretario de Derechos Humanos de la Nación), se crea el Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos y Querellantes, Víctimas del Terrorismo de Estado, que es un refuerzo de acompañar y proteger. Y ese acompañamiento por parte del Estado en los juicios evaluamos que ha producido una menor sensación de vulnerabilidad de los testigos.
– A pesar de los juicios y los argumentos, seguimos escuchando en muchos sectores la teoría de los dos demonios.
– La figura de la víctima es una figura muy compleja. Cuando uno no aclara que se trata de víctimas de delitos de lesa humanidad, que es una figura específica dentro de ese campo, se pierde esta dimensión de la lucha y construcción que hubo para llegar a ese lugar. Es cierto que aún se sigue pensando en términos de esta dicotomía de víctimas buenas y víctimas malas, o que sigue habiendo momentos de retrocesos donde parece que la sociedad pide que se defiendan los derechos humanos «de todos», como si hubiera dos partes.
Yo creo que el proceso de los juicios de esta última etapa generó a nivel social una conciencia de lo ocurrido. Honestamente no sé en qué medida sigue instalada la teoría de los dos demonios, pero sigue instalada. Si para muchos jueces del país es muy difícil escuchar lo que se está juzgando, para la sociedad escuchar y responsabilizarse en ese proceso o tomar distancia y decir que hubo buenos y malos, dos demonios, o sostener aún que “nosotros no tenemos nada que ver en esto”, es algo que sigue vigente.
Cuando se hizo la reedición de Nunca Más, con un nuevo prólogo por parte de Eduardo Luis Duhalde, se reemplazó el anterior escrito por Sábato. Fue muy contundente Duhalde cuando dijo que acá no hubo una guerra, no hubo dos bandos, fue el aparato de un Estado puesto a disposición para exterminar a todo grupo que se resistía. Por eso esta concepción del Estado terrorista argentino tal como la define muy tempranamente Duhalde me parece muy interesante, porque va más allá de la violencia de Estado.
– Muchas víctimas, hijos, nietos, se vuelcan a las expresiones artísticas, quizás como medio reparador para reconstruir el pasado que los afectó.
No sé si tantos. Muchos sí, pero no son todos. Porque me parece que justamente, y lo digo con todo el cuidado, la mayoría de las víctimas todavía no han podido hacer este proceso metaforizador. Todavía falta mucho. A mí me parece que muchas veces se cree que si se restituyen los restos óseos ya se puede hacer el duelo, o, en casos de apropiación, si se encuentra la familia de origen se reconstruye la identidad inmediatamente. Ya contamos con suficiente experiencia para saber que eso no es un proceso inmediato, tal como hemos aprendido también de la Abuelas. En algunas personas fue un proceso de una necesidad de reconstrucción acompañada por un montón de elementos que lo permitieron. Pero en muchos casos no es así. Cuando uno habla con hijos del interior del país en donde aún hoy todo es mucho más silenciado, por la lejanía de algunos sectores a la posibilidad de la justicia, el tema es más complejo. Tucumán, por ejemplo, que es uno de los lugares del interior más azotados por el terrorismo de Estado, fue una de las provincias que tardó más en empezar a recibir mayor cantidad de testimonios.
Los juicios ponen nuevamente a circular esa verdad en la sociedad. Sí creo que ese proceso de acompañamiento social le permite a los hijos que están más aislados empezar un camino de reconstrucción que les permite llegar a volcarse a productos culturales y a metaforizar su historia.
– ¿Qué significa que comiencen juicios contra responsables civiles?
La figura del responsable civil tiene un impacto muy directo, porque es hacia los responsables también económicos, eclesiásticos, judiciales, etcétera. Hace poco decíamos con algunos colegas que cada vez tenemos que empezar a poner más significantes, porque en realidad los juicios a civiles dan cuenta de que la sociedad en su conjunto fue partícipe forzada del exterminio y a su vez todos los sectores vinculados al Estado tuvieron que ver con este proceso de represión y terror. Cuando digo partícipes forzados del exterminio, quiero decir que el exterminio se produjo en un ocultamiento que tuvo la especificidad de «dar a ver» el propio exterminio, y la resistencia fue enorme, no obstante lo cual aún hoy nos seguimos encontrando con el famoso discurso del «yo no sabía nada, nunca ví nada». A eso me refiero. Al impacto de la figura del subversivo como el «otro», el enemigo interno a exterminar, y para ello hubo que lograr un determinado consenso. Y justamente por eso es interesante para la Argentina la idea de delitos en el marco de terrorismo de Estado y no sólo denominarlo como violencia de Estado. Cuando decíamos más arriba que la idea de Estado terrorista argentino es innovadora, es porque da cuenta de la complejidad que tiene esa trama donde nadie queda afuera, ningún sector del poder. Y ese sistema judicial que por un lado tiene el plus de valor internacional de llevarse a cabo estos juicios por tribunales ordinarios y no por una justicia extraordinaria, tiene esta complejidad interna que es que tenemos que pensar que todos estos sectores estuvieron involucrados de alguna manera. Para las víctimas es muy reparador que se empiece a hablar de toda esa estructura puesta a disposición de los crímenes que ellos padecieron, porque también les permite hablar desde un lugar desde donde antes no podían hablar. Si escuchás un testimonio de 2006 y uno de ahora, son totalmente diferentes en su estructura semántica. Porque se puede hablar de algo que fue provocando a nivel de la concepción del delito, que no tenía cuando se iniciaron estas causas.
