Legisladores del Frente de Todos que forman parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los organismos de inteligencia presentaron este jueves en el Consejo de la Magistratura el pedido para llevar adelante el juicio político contra los integrantes de la Cámara de Casación Penal porteña, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes desvincularon a los principales responsables del caso «Super Mario Bros», entre ellos, el entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas.
Los integrantes de la comisión se presentaron ante el titular del Consejo, Diego Molea, y llevaron la acusación de mal desempeño de sus funciones tras el fallo que avala la teoría de Cambiemos respecto de que las sistemáticas tareas de inteligencia llevadas a cabo durante su gobierno (que recientemente alcanzaron a la provincia de Buenos Aires, con la denominada «Gestapo» antisindical) se trataron de acciones realizadas por cuenta propia de los agentes involucrados.
Según la mirada del presidente de la Comisión del Congreso, Leopoldo Moreau, el fallo de los jueces afecta no solo a las víctimas del espionaje ilegal, sino también a la democracia. En el escrito que presentaron detallan que no solamente estuvo mal la intervención de Llorens y Bertuzzi, sino que la anterior decisión de quitarle el caso al juez Juan Pablo Augé, de Lomas de Zamora, donde se originó el expediente, también fue llevada a cabo de manera irregular.
El caso es tan enmarañado como el propio Poder Judicial. En diciembre de 2020, los camaristas Mariano Borinsky (envuelto en el escándalo de visitas a Macri en Casa Rosada y en la residencia de Olivos) y Javier Carvajo tomaron la decisión de sacar el expediente de Lomas de Zamora, pero en lugar de la sala que integran debió haber intervenido otra. Más adelante, y con la causa frenada en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, de Comodoro Py, Llores y Bertuzzi dejaron firmes solo 10 de los 38 procesamientos que se habían dictado en Lomas de Zamora, quitando del expediente, entre otros, a Arribas, a Juan Sebastián De Stefano, titular de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos de la AFI e involucrado también en el caso de la Gestapo bonaerense, y a Emiliano Blanco, ex director del Servicio Penitenciario Federal, acusado de facilitar las escuchas en pabellones donde se alojaban opositores detenidos durante el Gobierno de Macri.
En ese fallo, los camaristas avalaron la teoría que presenta Cambiemos ante cada nuevo caso de espionaje ilegal que involucra a algún integrante de la coalición: que se trató de tareas extorsivas realizadas por cuenta propia de los agentes involucrados y no de un plan sistemático del Gobierno.
En la misma línea que el recorrido denunciado por los integrantes de la Bicameral se explayó la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, que recientemente pidió revisar el fallo de los camaristas como víctima de la banda. En esa instancia, denunció además la rápida maniobra de los integrantes de la Corte Suprema de excusarse de intervenir.
«Nada menos que nuestro más alto tribunal, para resolver sobre la legalidad de los traslados de los jueces [Leopoldo] Bruglia y [Pablo] Bertuzzi se tomó apenas unas semanas; en cambio, en el caso de espionaje ilegal que se investiga en autos (una organización delictiva insertada en organismos oficiales, dirigida a espiar a políticos, empresarios, periodistas, dirigentes sindicales, religiosos) luego de casi un año nada ha resuelto al respecto y, para peor, ahora los jueces, sin mayores fundamentos, se apartan del conocimiento del proceso», dijo en esa presentación.
El diputado Leopoldo Moreau destacó que, durante la reunión, Molea se comprometió a imprimir celeridad al expediente. «No fue una sentencia, sino un procedimiento judicial cuyo único objetivo fue garantizar la impunidad de Macri y de los responsables de la AFI», dijo. Asimismo, consideró que si «esa sentencia es aceptada pacíficamente en la jurisprudencia de la Argentina, eso deja abierto a que cualquier gobierno pueda repetir y agravar el comportamiento de este tipo amparándose en la teoría de que fueron organizados por cuentapropistas o perejiles, como se dice en la jerga común».
