Por Candela Luquet
En el marco de una violenta represión a la comunidad de Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, la Prefectura asesinó de un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, un joven de veintidós años que apoyaba a lxs mapuches en el reclamo por el reconocimiento de sus tierras. El operativo ocurrió el mismo día en el que se estaban velando los restos de Santiago Maldonado, aquel otro joven que también murió en una represión ilegal de las fuerzas de seguridad del Estado mientras participaba de un corte de ruta, acompañando el reclamo de los pueblos originarios.
Rafael no tenía veintisiete años, como trascendió en los medios de comunicación hegemónicos en un principio. Tampoco era un terrorista ni estaba armado. Era un pibe que vivía en el barrio Nahuel Hue, ubicado en la zona conocida como “el alto” en Bariloche; un lugar de escasos recursos económicos, a donde no llega el gas natural ni las ambulancias, y tampoco el Estado. En su adolescencia, participó de la experiencia “Alto contrucciones”, un proyecto que buscaba que jóvenes desescolarizadxs aprendieran un oficio y pudieran insertarse laboralmente. Allí, entró en contacto con la herrería, tarea que le sirvió para empoderarse y sobreponerse a la difícil situación económica familiar. También participaba como carpintero del Colectivo Al margen, que pertenece a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Hacía un tiempo había comenzado a apoyar a lxs mapuches en el reclamo por el reconocimiento de la propiedad de sus tierras.
La noticia de su asesinato trascendió en los medios de comunicación nacionales ese mismo día. ¿Nos hubiésemos enterado de lo sucedido si no hubiese existido Santiago Maldonado? Su desaparición forzada seguida de muerte puso en escena no sólo la voluntad represiva del gobierno nacional, sino también las condiciones históricas de invisibilización y negación de los derechos de los pueblos originarios.
En principio, el diario Página/12 profundizó en la historia de vida del Rafael, para lo cual utilizó como fuente a referentes barriales que lo conocían desde pequeño. El medio hizo hincapié en que Rafael era un joven trabajador, que provenía de un barrio de escasos recursos y ayudaba económicamente a su familia. También, que el día de su asesinato se encontraba en el lugar acompañando a algunos familiares. Se eligió construirlo como una “buena víctima”, que encarnaba los valores del trabajo y la solidaridad. Focalizar en esas cuestiones también lleva a plantear el interrogante sobre qué hubiera pasado si el joven no hubiera sido esa víctima “ejemplar”. ¿Acaso lxs jóvenes que no tienen ese modo de vida no tienen el mismo derecho a vivir?
Para referirse a su asesinato, algunos medios de comunicación emplearon el término “muerte”, negando, de esta forma, la intencionalidad y la voluntad de la acción. Asimismo, eligieron representar el hecho como un “enfrentamiento” entre dos bandos. La Nación tituló “Río Negro: un mapuche murió tras ser baleado en un enfrentamiento con Prefectura”. Clarín lo hizo de una manera similar: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi”.
Los principales diarios nacionales recurrieron a la teoría del enemigo interno, que consiste en focalizar la atención en un determinado grupo, sector u organización, y construirlo como un sujeto peligroso, que busca atentar contra el orden y la seguridad del país. Esta práctica, que se produce en el marco de una alianza entre el poder político, el poder económico transnacional y el poder mediático, no es nueva, sino que se ha ido reactualizado en distintas etapas de la historia argentina.
Durante la última dictadura cívico-militar, el enemigo era la «juventud subversiva»; en los noventa, fueron lxs pibxs pobres de la villa. Actualmente, de forma incipiente, son lxs mapuches. Coincidiendo con lo que expresa Veronica Gago en una nota publicada en el suplemento “Las 12” de Página/12, “Rafael Nahuel condensa muchas imágenes. Es un mapuche-villero, un pibe de gorra: cuando se lo asesina a él, se repite también el gatillo fácil de las periferias de las ciudades, pero al mismo tiempo marca un nuevo umbral de impunidad por el sentido explícito y aterrorizante con que se montó la cacería represiva y por la militarización de la zona y el lenguaje de guerra puesto a circular”.
La mayoría de los medios de comunicación construyeron lo ocurrido como un conflicto en el que se enfrentaron dos fuerzas que se encontraban en igualdad de condiciones, cuando la Gendarmería portaba armas de fuego y gozaba del respaldo del Estado, mientras que lxs mapuches sólo tenían piedras.
En este sentido, el diario Perfil publicó parte del comunicado que el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió después de la represión en Villa Mascardi. Se expresa, a modo de justificación, que “Prefectura Naval solamente realizó disparos intimidatorios cuando integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) empezó a disparar con armas de grueso calibre”. Posteriormente, se enuncia que “el grupo comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas. Uno de los efectivos, cumpliendo con las normas legales y de uso racional de la fuerza, repelió el ataque con un arma no letal con munición no letal de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta del grupo en cuestión y de hacerlos retroceder”. No sólo se intenta justificar el accionar de la fuerza de seguridad como un uso de la violencia en defensa propia, sino que también se construye a ese enemigo como violento y armado.
Con respecto al origen de la bala que hallaron en el cuerpo de Rafael Nahuel, Clarín publicó que “el único hecho objetivo comprobado en torno a la muerte del joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel en Villa Mascardi, el pasado sábado, es que lo mató una bala 9 milímetros como las que usa el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina”. La forma de enunciar no se construye desde la afirmación de lo sucedido, sino desde la especulación: un arma “como” las que usa Prefectura Naval pone en duda que el disparo haya sido efectuado por miembros de esta fuerza y deja abierta la posibilidad a que cualquier otro sujeto haya disparado.
Todo lo acontecido no es un hecho aislado. En el mes de enero hubo una fuerte represión en la Ruta 40, en las vías de La Trochita, que dejó heridxs y detenidxs, entre ellxs a Facundo Jones Huala, representante de la comunidad mapuche. Meses más tarde, en el Pu Lof en Resistencia Chushamen, la violencia por parte de la Gendarmería se repitió. Esa vez, dejó como saldo la muerte de Santiago Maldonado, otro joven comprometido con el reclamo de la comunidad indígena. Estos desalojos violentos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado son legitimados a partir de la criminalización mediática de los pueblos originarios. Desde los medios hegemónicos se los construye como grupos “terroristas” pertenecientes a un grupo organizado llamado Resistencia Ancestral Mapuche, que promueve la recuperación de las tierras a partir del uso de las armas. La Nación, en una nota publicada el 26 de noviembre, afirma que el asesinato de Rafael Nahuel se da en el marco de una “escalada de violencia” promovida por el grupo radical RAM, una virtual “declaración de guerra al Gobierno”. En esta misma línea argumentativa, el presidente Mauricio Macri se refirió a quienes participaron de la protesta en Villa Mascardi como “un grupo minoritario de violentos” que intentan imponer una “agenda” de violencia.
También se hizo referencia a lxs mapuches como grupos “violentos” que se encontraban “ocupando” un territorio que no les correspondía, desconociendo el histórico reclamo por el reconocimiento de la propiedad de sus tierras. Esta construcción, además, estuvo reforzada con la difusión de imágenes editadas que circularon por las redes sociales días después del asesinato de Rafael, en las que se observaba a un grupo de personas con las caras tapadas, portando armas de fuego. Medios como Clarín y La Nación acompañaron sus notas con imágenes del mismo estilo.
La persecución a la comunidad mapuche, la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel son prácticas que tienen lugar en un contexto en el cual el gobierno nacional –a partir de un discurso de preservación del orden, las leyes y las instituciones– habilita y justifica el accionar desmesurado de las fuerzas de seguridad. Después de que trascendieran los hechos en Lago Mascardi, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtieron, en una conferencia de prensa, que aquellxs que violaran la ley tendrían consecuencias. No es casual, entonces, que una de las primeras medidas tomadas por la gestión haya sido la creación del Protocolo para Regular la Protesta Social que, entre otras cuestiones, habilita la represión de los reclamos en la vía pública.
Como expresa María Pía López en una nota publicada el 2 de diciembre en Página/12, “la Argentina de las últimas décadas tuvo dos pactos fundamentales. El de 1983, que decía nunca más al terrorismo de Estado, el de 2003, que sostenía que la protesta social no se combatía cosechando muertos. Dos enunciados fundamentales hoy puestos bajo sospecha o desplazados por otros”. En cambio, discursos como “la ley justifica los medios”, la necesidad de mantener el orden a cualquier precio y la represión injustificada a todo tipo de expresión de lucha, vienen a instalarse hoy en el escenario nacional y ha dejar de lado estos consensos sociales.
Esto se vuelve posible con ayuda de los medios de comunicación hegemónicos, que colaboran en la criminalización de sectores que se resisten al avasallamiento de derechos adquiridos, característica del gobierno neoliberal que prioriza los negocios por sobre las vidas humanas . Retomando a María Pía López, “la conquista del desierto está en marcha, por eso deben producir desierto, borrar las formas de vida que no implican una relación mercantil, perseguirlas, considerarlas criminales o corruptas o peligrosas”.
