Tras la reunión que mantuvo la cúpula dirigencial en su sede durante el jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió convocar a un paro nacional para el 24 de enero en rechazo de las políticas de ajuste de Javier Milei. La fecha fue fijada el día anterior a que inicie el debate legislativo de la mentada ley ómnibus.
«No quedan dudas de que es una transferencia real de los sectores trabajadores, que pierden capacidad de acción ante derechos que están plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales. Atenta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras, apunta contra los derechos colectivos», expresó Héctor Daer, cotitular de la central, luego de la deliberación donde se definió la medida de fuerza.
Si bien el contexto del paro tendrá como eje el tratamiento en el Congreso de la ley ómnibus, la medida de fuerza también estará ligada al rechazo al megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica lanzado la semana pasada por el jefe de Estado.
Sergio Palazzo, líder del gremio Asociación Bancaria e integrante del consejo directivo de la central obrera, instó a la Justicia que observe «con mucho detenimiento» las características del DNU de Milei, porque la medida atenta contra «la situación de los trabajadores», a la vez que denunció que «arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso».
La decisión de llamar a una huelga general se dio un día después de la masiva movilización que la CGT llevó adelante hacia el palacio de Tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también confluyeron centrales obreras como la CTA y la UTEP, con la participación además del conjunto de movimientos sociales.
Sin dudas, el espíritu de ajuste y entrega del patrimonio público, como también el modo inconstitucional del DNU, generó el rechazo inmediato y la urgencia en todos los sectores gremiales y políticos por generar líneas de acción.
«Esto, compañeras y compañeros, nos ameritó a movilizarnos ayer para acompañar la presentación ante la Justicia para que se derogue el DNU. No que se derogue, sino que sea declarado inconstitucional. El juez hizo lugar a esta demanda, a la competencia; y no hizo lugar, porque no está vigente aún según él, a suspender sus implicancias», explicó Daer tras la asamblea realizada hoy en la sede de Azopardo.
«No hay ni necesidad ni urgencia para aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz administrativa de nuestro país. Llegando a la situación tan absurda de autorizarse a sí mismo para regalar Aerolíneas Argentinas, que es patrimonio de todos y todas», añadió el coconductor de la central obrera.
