La central obrera anunció que marchará el próximo miércoles al Palacio de Justicia de la Nación para impulsar la presentación judicial que pide la nulidad del decretazo del presidente que derogó y modificó de forma inconsulta más de trescientas leyes y que incluye una reforma laboral encubierta. El jueves, los gremios se reunieron con legisladores de Unión por la Patria para delinear estrategias parlamentarias en paralelo a las presentaciones judiciales.
El Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo anunció que el próximo miércoles 27 marcharán a tribunales para pedir la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, con el que busca desregular la economía argentina.
La cúpula cegetista definió la realización de una presentación judicial para declarar inconstitucional el megadecreto y continuará con un Comité Central Confederal el 28 de diciembre, donde se establecerá el plan de acción gremial de cada actividad y culminará con una protesta conjunta.
«Ser legal es respetar la Constitución. Ser legítimo es convencer a las mayorías», se titula el documento que firmó la conducción de la central obrera, donde denuncian que Javier Milei «ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del poder público y, al igual que hizo en su discurso de asunción, de espaldas al Congreso».
«En ese ámbito legislativo están los representantes del pueblo, a través de los Diputados, y de cada una de las provincias, a través de sus senadores. Cualquier plan de gobierno que exija de modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate de estos representantes», consideraron.
El megadecreto firmado por el presidente incluye una serie de modificaciones que afectan al mercado laboral directamente y parte de su articulado está orientado a limitar el derecho a huelga de un sinnúmero de actividades.
El capítulo laboral en la normativa impulsada por el Ejecutivo es amplio y ataca varios frentes al mismo tiempo: desde la declaración de servicios esenciales de muchas ramas productivas que deberán garantizar un 75 % de presencialidad ante una huelga (o un 50 % en aquellas consideradas como de importancia trascendental), pasando por las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, afectando los recursos de las organizaciones sindicales, los convenios colectivos de trabajo a través de la limitación de la ultraactividad que mantenía la vigencia de los mismos aún cuando hubieran vencido, entre otros puntos. También a través de la desregulación en los servicios de salud se afectará el desempeño de las obras sociales sindicales, que entrarán en competencia directa con las prepagas.
