Los despidos en el Estado, las políticas contra el empleo y el salario y la reforma laboral incluida en el proyecto de Ley Bases del Gobierno de Javier Milei, llegaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que realiza esta semana en Ginebra, Suiza, su conferencia anual donde participan ministros de Trabajo y dirigentes sindicales de más de 180 países.
Allí, representantes de la CGT y las CTA denunciaron la reforma laboral “precarizadora y antisindical” del Gobierno libertario y los masivos despidos en el Estado, y advirtieron cómo las políticas de motosierra y licuadora colisionan con la justicia social y la calidad de vida de las y los trabajadores de la Argentina.
El secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez, sostuvo que la reforma laboral de la gestión libertaria es “precarizadora y antisindical con la finalidad de imponer un conjunto de políticas económicas y reformas estructurales que dañan las condiciones de vida y restringen el ejercicio de la libertad sindical”.
El líder de la UOCRA profundizó sus críticas a la administración nacional: “El Gobierno, no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo, se despreocupa de la formación profesional, pretende limitar la negociación colectiva y se ausenta de sus obligaciones de combatir el trabajo no registrado con el adelantamiento de la inspección laboral”.
Con relación a la situación del sector de la construcción, que atraviesa una caída estrepitosa por la paralización de la obra pública, dijo que “es el motor del desarrollo económico sostenible de cualquier país” pero “se ha visto golpeado con la paralización injustificada de obras públicas y de infraestructura, generando la pérdida de miles de puestos de trabajo, además de comprometer las inversiones con el desarrollo productivo del país”.
Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, expuso también en la conferencia, en el marco del estudio general sobre los sistemas de administración de trabajo en todo el mundo. Allí destacó que la situación actual de la Argentina contradice la lógica del informe en estudio y cuestionó el plan libertario que “viola de forma sistemática derechos y garantías sociales”.
«La nueva administración ha implementado su plan económico y social mediante normas de rango inferior, en clara violación a la Constitución argentina, es decir, ignorando al Poder Legislativo”, comenzó el gremialista docente. “En este sentido —prosiguió—, se han multiplicado y propagado una serie de decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas, que analizadas en conjunto constituyen un plan sistemático de cambio del patrón de acumulación que beneficia a los sectores más concentrados de la economía y viola de forma sistemática derechos y garantías sociales que gozan de la más alta protección constitucional».
En el caso del sector docente, denunció la eliminación que hizo Milei del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que funcionaba hacía 25 años, un recorte de salarios de los trabajadores de esa actividad.
El sindicalista bonaerense también planteó la preocupación por el principio rector del Gobierno que sostiene que «la justicia social es una aberración», contradiciendo uno de los principios fundamentales de la OIT. «¿Qué pensarían los participantes de esta Conferencia si algunos de sus miembros afirmaran que la justicia social es una aberración? Con mucho pesar y vergüenza, quiero decirles que es uno de los principios rectores del actual Gobierno argentino, que debemos rechazar de forma unánime», subrayó.
Por último, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció los 20 mil despidos en el Estado, la criminalización de la protesta social y la falta de libertad sindical. “La eficiencia del orden democrático de un país puede medirse por la eficacia de la libertad sindical, y podemos afirmar categóricamente que sin libertad sindical no hay democracia. En la Argentina, es la democracia misma la que está en riesgo en este momento”, enfatizó el sindicalista estatal.
“El proceso de criminalización de la protesta en el país es gravísimo. No podemos naturalizar que se estén allanando domicilios de dirigentes y de sedes sindicales”, advirtió.
Aguiar criticó el recorte del personal del Estado, luego de que Milei dijera ayer que despedirá a 50 mil trabajadores públicos más, luego de los 20 mil que ya despidió desde que asumió.
“No podemos aceptar que la respuesta a esta crisis profunda que generaron sea la amenaza de 50 mil despidos en el sector público y la Ley Bases, una ley que incorpora una reforma laboral absolutamente regresiva”.
Y concluyó: “En el 2015, la OIT ya estudió 63 países que impulsaron en el mundo legislaciones similares y todas fracasaron. Para terminar con la emergencia de empleo y salario que existe hoy, hay que hacer todo lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno”.
