El gobierno redujo el pago de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador. A través de un DNU quitó la tasa de interés del Banco Nación como valor de referencia para establecer los montos y la reemplazó por la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que implica menores montos. El DNU tendrá efecto retroactivo, es decir que perjudica el cálculo de la indemnización de los reclamos que se encuentran abiertos.
La iniciativa se enmarca en las promesas de campaña de las que habló el sábado el presidente Mauricio Macri, en Barrancas de Belgrano, durante el puntapié de su relanzamiento. Allí fijó un conjunto de promesas para la clase media que sintetizó en las consignas «crecimiento, trabajo y mejora del salario». Dos días después modificó la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, en particular su artículo 12.
«esta medida tiende a favorecer a las empresas aseguradoras licuando las actualizaciones»
Las principales centrales sindicales mostraron su rechazo. En un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional, desde la CGT señalaron que «con este insólito decreto se modifica el cálculo de intereses hasta el cobro de los beneficios aplicando el RIPTE lo cual genera un claro perjuicio a los trabajadores beneficiarios de indemnizaciones por accidentes».
La central cogobernada por Héctor Daer y Carlos Acuña afirmó que «esta medida tiende a favorecer a las empresas aseguradoras licuando las actualizaciones entre la fecha de ocurrencia del accidente y el efectivo pago de la sentencia que en la gran mayoría de los casos demora años».
A su vez añadieron que «se desoye el acuerdo parlamentario original donde se establecía, como condición para la aprobación de la modificación de la ley en el año 2017, la utilización de la tasa activa del Banco Nación para abonar intereses hasta el cobro de los beneficios por ser claramente más beneficiosa».
El comunicado concluye instando al Poder Ejecutivo «a que abandone estas políticas de hambre, miseria y exclusión que tanto daño le están haciendo al tejido social en la Argentina». El DNU generó mayor revuelo porque fue días después de la muerte de un trabajador en Ezeiza, por un derrumbe en una de las terminales del aeropuerto internacional.
«La decisión del Gobierno se conoce a menos de una semana del accidente ocurrido en el Aeropuerto de Ezeiza, donde murió un obrero y la Justicia investiga irregularidades de las empresas y los controlantes», afirmó el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación, que pertenece a la CTA de los Trabajadores.
Desde ese colectivo rechazaron de «forma categórica» el DNU «dictado exclusivamente en beneficio de las ganancias de las ART y a costa de las discapacidades y muertes por causas laborales». Y concluyeron: «Este gobierno una vez más en vez de generar normas que garanticen trabajo digno y seguro para todos y todas, sigue legislando en contra de los trabajadores y trabajadoras».
«Este gobierno, una vez más, en vez de generar normas que garanticen trabajo digno y seguro, sigue legislando en contra de los trabajadores y trabajadoras»
En una conferencia de prensa que brindaron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, luego de la reunión de Gabinete, el gobierno defendió el decreto. «Tiene que ver con una situación delicada que hemos escuchado en las pymes. Esperamos mitigar el impacto de los costos», justificó Ibarra.
En el DNU, el gobierno argumentó el recorte. «El ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma», sostiene el decreto y agrega que las reparaciones pagadas por el sistema son «demasiado elevadas».
