Las principales centrales sindicales del país repudiaron al gobernador jujeño Gerardo Morales tras la publicación del Decreto Nº 8464 que sanciona el derecho a huelga y a la protesta social. Se sumaron legisladores locales y nacionales, referentes sociales y de la Iglesia. Sus mensajes se enmarcan en otra jornada de protesta y paro de docentes en esa provincia en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la reforma de la Constitución provincial que impulsa el oficialismo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que rechazó y repudió de forma enérgica el Decreto Nº 8464 sancionado el viernes 9 de junio por Morales, y advirtió que viola la Constitución nacional y la normativa internacional. Sostuvo que «veda y penaliza la manifestación popular de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país».
La central que presiden Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Daer argumentó: «El uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Y advirtió que el texto «veda expresamente a todos los estados la posibilidad de punir de cualquier forma el derecho de huelga y extraer de la Justicia del Trabajo los conflictos de características laborales».
Bajo el título «Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica», el decreto de Morales prevé «la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales». Se conoció el viernes en medio de la movilización de los gremios docentes de la provincia que reclaman al gobernador sueldos dignos.
Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que la medida de Morales es el «globo de ensayo» para legalizar la represión a nivel nacional que planea Juntos por el Cambio en caso de ganar las elecciones y aplicar políticas de ajuste y descontento social. «En Jujuy el gobernador Morales pretende cesantear, como en la dictadura, a los que hagan paro o se movilicen por sus derechos. Es el globo de ensayo de lo que a nivel nacional se trae Juntos por el Cambio», tuiteó el sindicalista docente.
En tanto, la CTA-Autónoma denunció a Morales por violación de los convenios internacionales en Jujuy. A través de una carta enviada al organismo internacional, solicitó la «inmediata intervención» al director general, Gilbert Houngbo, «tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga».
El texto detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las «peligrosas consecuencias que pueden traer» las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley Nº 5860, que castiga a quienes se manifiestan, con «represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones».
Asimismo, referentes del derecho y la Iglesia también cruzaron a Morales. «Morales quiere un régimen totalitario en Jujuy para no ser cuestionado por el pueblo», remarcó el cura Francisco Paco Olveira. Mientras que el ex miembro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, afirmó que «hace tiempo que eso se viene planteando, pero nunca se me ocurrió que alguien lo podía poner en la Constitución».
Rechazo a la reforma constitucional
El proyecto de reforma del oficialismo jujeño propone modificaciones en 193 de los 212 artículos que tiene la Constitución vigente, aprobada en 1986. Con 29 convencionales propios, 13 del Frente Justicialista y 6 del FIT-U, el oficialismo viene imponiendo su mayoría para avanzar de manera expedita.
El texto de la reforma se conoció recién el 1º de junio, ocho días después de iniciada la Convención Constituyente. Además de sancionar la represión policial, elimina las elecciones de medio término, establece «vías rápidas y expeditivas» para terciar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias, entre otros aspectos cuestionados por un amplio sector social que incorporó la consigna «No a la reforma» en sus movilizaciones y marchas, que ya llevan una semana.
A su vez, la reforma viene recibiendo denuncias por la falta de publicidad de las sesiones y de posibilidades de participación de la oposición. «Tenemos elementos que son detonantes de la situación. El primero es la convención constituyente que está modificando la Constitución a puertas cerradas», dijo a la AM 750 Carolina Moisés, diputada nacional jujeña del Frente de Todos. «Han limitado la participación a algunos invitados nada más. Han escondido el texto de la reforma. Porque recién la semana pasada han hecho público el texto, dieron tres días de debate», puntualizó.
