Tras realizarse ayer una nueva jornada de movilizaciones del colectivo de jubilados, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen la lupa sobre la brutal represión del miércoles pasado. El organismo internacional le pidió al Estado argentino investigar el accionar de las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich, durante el despliegue represivo donde Pablo Grillo recibió un impacto de cartucho de gas en el rostro que le provocó pérdida de masa encefálica.
“El Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos”, alertó la CIDH en un comunicado difundido durante las últimas horas.
Cabe recordar que el pasado miércoles 12 de marzo la mentada marcha de jubilados -en reclamo por la continuidad del régimen de moratoria y la ampliación de haberes- contó con la histórica participación de hinchas de fútbol de múltiples clubes, en apoyo a la causa. El acompañamiento de los hinchas, que había sido anticipado tiempo atrás, fue respondido por Bullrich con un mensaje amenazante días antes, que derivó en la militarización extrema de la zona del centro porteño.
Durante el transcurso de la tarde, la policía arremetió contra manifestantes y transeúntes (fueran o no parte de la protesta), con palos, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Asimismo, un video viral registró el momento en que un efectivo policial plantó un arma en la calle para hacerla pasar como si perteneciera a un manifestante. Una de las imágenes más impactantes fue la de la agresión a Beatriz Blanco, jubilada de 87 años, quien fue golpeada por un efectivo hasta quedar desvanecida en el suelo.
En ese sentido, la CIDH señaló que “la protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas” y que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales”.
Asimismo, indicó que “el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso”.
Tras enumerar todos los hechos de violencia ocurridos durante la jornada del miércoles de la semana pasada, desde la CIDH plantearon que el Estado argentino debe “investigar de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a sancionar a quienes resulten responsables”.
Por otro lado, el organismo internacional también expresó su preocupación sobre las acusaciones y denuncias realizadas por el ministerio de Justicia sobre la jueza Karina Andrade, magistrada que liberó a decenas de detenidos durante esa jornada, tras afirmar que no habían cometido delitos. Ante su accionar, la jueza Andrade fue blanco también de múltiples agresiones en redes sociales y declaraciones acusatorias de figuras del Gobierno y los medios. Por ello, la CIDH remarcó que “el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos”.
