Por Alejandro Palladino
Las comunidades científica y universitaria se movilizaron ayer por la tarde en distintas ciudades del país para manifestar su rechazo al ajuste que el macrismo implementa y que se profundiza en el proyecto de presupuesto para 2017 que se discute en el Congreso. Científicos entregaron en el Ministerio de Ciencia y Tecnología un petitorio contra el recorte en su campo, para luego confluir junto a becarios, investigadores, gremios y federaciones de docentes universitarios y el movimiento estudiantil, en una concentración frente al Congreso, donde realizaron un acto.
La consigna fue “NO al ajuste en ciencia, tecnología y universidad”. En el petitorio iniciado por la Facultad de Exactas de la UBA y firmada por 31 mil científicos de todo el país, el directorio del CONICET sostuvo que «nos inquieta que, de aprobarse el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, significaría una reducción importante del número de ingresantes a la Carrera de Investigador Científico, de becarios y de personal técnico, así como de los recursos destinados a sostener proyectos de investigación».
La comunidad científica reclamó por una suma que engrose su presupuesto, por 3 mil millones de pesos para investigaciones, y así alcanzar el nivel del presupuesto anterior. Resaltaron la política de apertura de importaciones del macrismo que destruye el desarrollo científico y técnico y cuestionaron las palabras del ministro Lino Barañao, cuando en la Cámara de Diputados apoyó que los científicos “se vayan” del país.
Luego de la entrega del petitorio, en un escenario montado cercano al Congreso, representantes de organizaciones, de gremios y federaciones de docentes universitarios (CONADU, CONADU Histórica), de científicos de los distintos organismos (MINCYT, CONICET, INTA, INTI, CONEA) y de estudiantes (FULP, FUBA, FUC, entre otras), leyeron distintos puntos de una declaración en la que reivindicaban los reclamos.
Actividades similares se hicieron en otras ciudades del país, como Mar del Plata, Río Cuarto, San Juan, Mendoza, San Luis, Bariloche, Buenos Aires y Córdoba.
“El mensaje que da este presupuesto a la comunidad científica es que la supuesta continuidad de la política de Estado aplicada a la ciencia y la tecnología claramente no se va a cumplir”, dijo a Contexto Roberto Salvarezza, ex presidente del CONICET. “Vamos rumbo a un modelo de país donde la ciencia y la tecnología no tienen cabida, basando la economía en la comercialización de productos primarios sin interés de hacer satélites, ni radares, ni aviones propios”, agregó.
“El mensaje que da este presupuesto a la comunidad científica es que la supuesta continuidad de la política de Estado aplicada a la ciencia y la tecnología claramente no se va a cumplir”. Roberto Salvarezza, ex conicet.
Un informe al que accedió este medio, elaborado por representantes del CONICET, arroja un recorte de mil millones de pesos que afecta considerablemente los salarios, los gastos en infraestructura y el financiamiento de la investigación. Aseguran que, de mantenerse esta situación, el año que viene sólo alcanzará para cubrir los sueldos de los empleados actuales y de los que se incorporen hasta diciembre de este año.
De los 900 millones de pesos que exige el CONICET, 400 son necesarios para infraestructura, 300 para financiamiento de la investigación y 200 destinados a la carrera de investigador. Esos números permitirían que en 2017 se garanticen 500 ingresos de investigadores. Vale remarcar que los ingresos de 2015 no pueden resolverse todavía hasta que no se defina el presupuesto 2017. Con las cosas como están, no habría dinero para sus sueldos.
Un análisis realizado por el doctor Fernando Stefani –vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias del CONICET–, que rastrea la evolución del presupuesto para el MINCYT junto al CONICET y la CONAE en el período 2009-2016, afirma que fue de entre el 0,7% y 0,8%. En contraste, el proyecto de ley del presupuesto para 2017 busca reducir ese porcentaje a 0,59%; esto es, casi unos 6 mil millones de pesos menos que en 2015.
Otro aspecto importante del presupuesto macrista tiene que ver con la aplicación del artículo 7, que le quita al CONICET la autonomía en la designación del personal permanente de su jurisdicción.
El reclamo de los docentes
También frente al Congreso, la comunidad universitaria manifestó su reclamo por la negativa del Gobierno nacional a reabrir las paritarias. Piden un 15% de recomposición salarial para este año y la mejora del presupuesto educativo para 2017. El macrismo se rehúsa a dar ese aumento y fija en el presupuesto un 17% de incremento salarial, pero para inicios del año que viene, condicionando la próxima paritaria y negando el actual reclamo docente que ubica el poder adquisitivo diez puntos por debajo del proceso inflacionario.
Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, en diálogo con Contexto consideró que el acto “fue importante porque demuestra el malestar que hay tanto en la Universidad como en la ciencia y tecnología, con un presupuesto que atenta contra ambos, y que responde al modelo de país de una élite que concentra el poder económico y político”.
De Feo reparó en que “sólo la presión de los trabajadores en la calle, como hicimos hoy en el Congreso”, puede poner algún tipo de freno a este Gobierno.
Un reciente informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC-CONADU) echa luz sobre el ajuste que lleva a cabo el macrismo en el presupuesto para 2017: ajuste salarial, sin dar paritarias en la actualidad y fijando el 17% al inicio del próximo ciclo lectivo; recorte de becas para estudiantes de bajos recursos (de 19.334 a 14.350) y de fondos destinados a infraestructura (en un 70%); y congelamiento de plantas de docentes, entre los más preocupantes. También sostiene que frena el proceso de expansión del sistema y reduce por primera vez en diez años la inversión en Universidades nacionales en relación con el PBI.
Informes similares hizo la CONADU durante este año, visibilizando la subejecución que hizo el macrismo del presupuesto 2016. Prueba de eso es el estado crítico que vivieron muchas casas de estudio a lo largo del año, soportando los tarifazos en servicios, y llegando incluso a declarar la emergencia presupuestaria, como fue el caso de la Universidad de Avellaneda.
