“El caso de Patulo significó que el horror había comenzado. Patulo fue el símbolo de que ya no respetaban nada, ni a los pibes adolescentes”, sostuvo el lunes Mariana Alejandra Rave, una de las hermanas de Ricardo “Patulo” Rave, militante de la UES secuestrado de su casa familiar en La Plata la madrugada del 23 de diciembre de 1975 en un amplio operativo “en el que estuvieron el Ejército, la Policía y la CNU”.
Así se refirió Mariana Rave ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata presidido por Germán Castelli, durante su declaración como testigo que sirvió para ejemplificar el accionar de esa organización paraestatal peronista de ultraderecha que entre 1974 y 1976 asesinó a un centenar de personas en La Plata y en Mar del Plata, militantes universitarios o trabajadores cercanos al peronismo revolucionario o la izquierda.
El caso de su hermano no formó parte de los cuatro casos admitidos para este juicio, el primero contra la llamada Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) en esta ciudad, por “errores judiciales”, según abogados querellantes. Sin embargo, la repercusión que su asesinato tuvo por entonces en el movimiento estudiantil fue muy fuerte, al punto de que figura en el primer capítulo del libro La Noche de los Lápices, es decir que la represión contra los estudiantes secundarios había comenzado mucho antes del golpe de Videla.
La fiscalía atribuye el secuestro y asesinato de Ricardo Rave a los dos acusados en este proceso, Carlos Ernesto Castillo, alias El Indio, y Juan José Pomares, alias Pipi –el único que estuvo presente en la audiencia del lunes, constató Contexto–.
Ricardo Rave, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de diecinueve años, fue secuestrado la noche del 23 de diciembre de 1975 del domicilio familiar en la calle 8 entre 42 y 43 luego de que la zona fuera liberada. Su cadáver apareció horas después, acribillado y colgado de un puente sobre las vías del tren en la zona sur de La Plata, en Elizalde.
“Es la primera vez que la Justicia me escucha. Todos esos años fuimos creciendo y sabiendo que en el caso de Patulo habían actuado el Ejército, la Policía y la CNU”, afirmó Mariana Rave, séptima de nueve hermanos, al declarar por videoconferencia desde el consulado argentino en Dublín, Irlanda.
Más de cuatro décadas después de los hechos, Mariana Rave, que entonces tenía trece años –“era una nena que empezaba el secundario”–, describió la irrupción de la patota de la CNU en su casa, en la que estaban cinco de los hermanos. Ricardo había ido para pasar la Nochebuena y anunciarles que “se iba a casar”. Pero “esa madrugada entró un comando y nos tuvo secuestrados un tiempo que para mí fue interminable”, aseguró al iniciar su relato.
Tras explicar que a ella, su hermana y su madre las mantuvieron boca abajo en la cama matrimonial, precisó que a sus hermanos Miguel y Federico los “llevaron al patio y a Patulo al living”. “En el patio les pegaban patadas y se escuchaba como rompían cosas con una masa o un martillo”.
“Había gritos, violencia. Alguien daba órdenes y al salir nos gritaron ‘a este nos lo llevamos’”, por su hermano Ricardo, mientras “mi papá gritaba ‘por favor, no se lo lleven’», recordó Mariana, que habló de la ayuda que el comisario Arzoaga, amigo de su familia, le brindó a su padre para recorrer comisarías y hospitales el 24 de diciembre en busca de su hermano Patulo.
Mariana reivindicó con orgullo la fe católica de su madre, la cercanía de sus padres con el radicalismo y la militancia peronista de sus hermanos. La familia Rave fue blanco de reiteradas amenazas, incluidas dos bombas. Y hasta con tan sólo once años, su hermano Miguel fue secuestrado durante 36 horas en 1975. “En el 75, en La Plata, todos sabían quiénes estaban en la CNU”, sostuvo. “Siempre escuché el nombre del Indio Castillo en relación a la CNU”, aseguró.
Una vez más, este testimonio confirmó el método sistemático de terror y la bestialidad descarnada que aplicaba la patota de la CNU con sus víctimas. “Patulo fue salvajemente torturado y colgado. Después de eso le vaciaron un cargador en el ojo, en el cerebro y en el pecho. Fue un asesinato con mucho odio”, sostuvo Mariana, ama de casa de 55 años que no pudo evitar que se le quebrara la voz al relatar aquella víspera de Nochebuena.
En el marco de este primer juicio contra la CNU en La Plata, que comenzó el 15 de mayo, otros testimonios confirmaron el terror sistemático que sembró en aquellos años secuestrando trabajadores delegados o militantes estudiantiles, según declaró el lunes Susana Ure, psicóloga social de 66 años, esposa de Víctor Hugo Klein, estudiante de arquitectura y conocido dirigente que en el 73 se fue a vivir a Mar del Plata para protegerse, pero igualmente murió a manos de un comando de la CNU en esa ciudad balnearia.
Con voz pausada, que por momentos pareció sacar de sus casillas a los abogados defensores de Castillo y Pomares, la mujer hizo una pormenorizada descripción del origen de la CNU, de sus dirigentes, de la llamada “conexión La Plata – Mar del Plata” y de la forma en que actuaba ese comando paraestatal.
“Para ellos la Universidad era un lugar estratégico, donde sus enemigos eran los infiltrados en el peronismo y los militantes de izquierda”, sostuvo Ure, que mencionó a jefes de la CNU como Félix Navazo, Patricio Fernández Rivero y Martín Salas.
Interrogada por la defensa y por el presidente del tribunal, Ure precisó que “nunca dejé de investigar en estos 42 años”, asegurando que su detallado relato es producto de “haber sido contemporánea” de aquella gente, es decir, por tener acceso a fuentes directas, por haber leído mucho material, como los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), y por haber trabajado con el fallecido periodista Martín Malarro, que trabajó mucho el tema de la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina.
Sentado detrás de sus abogados defensores, Pomares siguió por monentos con atención la declaración de Ure, en particular cuando esta refirió que, volviendo de “festejar la masacre de Ezeiza con un grupo en el que estaba Pomares, Patricio (Fernández Rivero, primo de Ure) tuvo un accidente en Avenida Libertador que fue un verdadero escándalo porque el auto era un verdadero arsenal y de él salían granadas y armas”.
“La CNU no hacía política. Eligió la acción directa: irrumpían violentamente […] llegaban a las asambleas a los cadenazos”, repitió Ure antes de precisar que el comando de la CNU estaba formado por unas veinte personas y que en La Plata cometieron unos sesenta asesinatos.
Rechazo al 2×1 del juez Esmoris
Acompañando a Castelli como jueces subrogantes, el TOF está integrado también por los magistrados Pablo Vega y Alejandro Daniel Esmoris. Este último fue el lunes blanco de un acto de repudió al finalizar la audiencia pública, y familiares presentes alzaron en sus manos carteles que decían “No al 2×1” con la foto del magistrado para repudiar su decisión de otorgarles ese beneficio a los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy. Ambos represores, que permanecen de momento en la cárcel, actuaron en la Unidad Nº 9 de La Plata durante la dictadura. En 2010 fueron condenados a veinticinco años de cárcel y prisión perpetua respectivamente. Esmoris bajó la cabeza y se retiró inmediatamente de la sala.
Justamente sobre la presencia de Esmoris como juez subrogante de este tribunal, Contexto interrogó al abogado Aníbal Hnatiuk, quien admitió que “estamos bastante preocupados por la resolución que tomó el juez Esmoris”.
“No nos sorprende que un juez lo haya hecho, pero lo lamentamos porque justo en este momento este juez tiene la responsabilidad de juzgar los delitos cometidos por la CNU y esto implica un riesgo de aplicación de criterios jurisprudenciales con los cuales no estamos de acuerdo”, agregó el letrado, uno de los querellantes en este juicio.
Esmoris es el primer magistrado del país que votó a favor del fallo del 2×1 en el mismo sentido que la Corte Suprema de Justicia, lo cual generó un enorme repudio generalizado desde diversos sectores opositores y particularmente de la ciudadanía, que el 10 de mayo pasado colmó la Plaza de Mayo de pañuelos blancos.
Una manifestación de repudio tuvo lugar al mediodía en las afueras del Tribunal Federal sobre calle 8 para rechazar la decisión del juez Esmoris.
