La Comisión de Juicio Político realizó la segunda reunión en el marco de las denuncias contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tomó impulso por los pedidos del oficialismo frente a los polémicos fallos que emitió en el último tramo de 2022, que incluyen el guiño a Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación –y la filtración posterior de escandalosos chats entre un asesor del presidente de la Corte y un ministro de CABA– y la maniobra que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura que terminó con Rosatti erigiéndose a sí mismo como presidente de ese organismo.
Más allá de estos episodios, los pedidos de juicio político vinculados suman catorce. Entre ellos se encuentran los que se produjeron tras el beneficio del 2×1 otorgado en 2017 a condenados por delitos de lesa humanidad y el polémico manejo de la obra social del Poder Judicial.
La reunión, que contó con exposiciones de los legisladores y organizaciones sociales, asociaciones civiles y particulares que impulsan pedidos similares, fue la segunda que se desarrolla en el marco del proceso y según explicó la titular de la Comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), el próximo jueves votarán la admisibilidad o no de las denuncias.
Uno de los principales oradores fue el diputado oficialista Eduardo Valdés, que expuso sobre el pedido que realiza el Frente de Todos avalado por el presidente de la nación y una decena de gobernadores provinciales, que incluye en el expediente una gran cantidad de hechos, muchos de los cuales forman parte también de las otras denuncias.
Según el diputado, los episodios imputados constituyen “actos de mal desempeño que fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso de la Nación”.
Valdés se refirió a la medida cautelar con la que la Corte benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio por la coparticipación que enfrentaba a ese distrito con la Nación. “Es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a quince gobernadores. No los escuchó cuando se presentaron como amicus curiae”, cuestionó, y agregó: “¿Por qué no se escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Horacio Rosatti con Rodríguez Larreta, vinculado por medio de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro?”.
“A partir de la asunción de Rosatti como presidente de la Corte se pone en marcha lo que podemos denominar como el asalto al Consejo de la Magistratura”, consideró el legislador respecto de otro de los polémicos hechos que involucró al máximo tribunal el año pasado, cuando “resucitaron” –en palabras de Valdés– una ley derogada que cambió la conformación del Consejo y erigió a Rosatti como presidente del mismo.
“Para consagrar la toma del Consejo de la Magistratura, ante la ausencia de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, conformaron una mayoría irregular, donde el propio Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se votaron como presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Éticamente no corresponde”, dijo Valdés.
El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica (Juntos por el Cambio), adelantó que su espacio mantendrá el pedido de juicio político que realizaron en 2017 contra Ricardo Lorenzetti, y pidió que las denuncias se traten por separado para cada juez de la Corte, de modo que puedan dar curso al procedimiento más allá de las diferencias que plantean con el oficialismo. El argumento de los legisladores de la CC (también participa de la reunión Paula Oliveto) es que, si bien el juicio político es una herramienta válida, el pedido propio “no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte”.
En la jornada también expuso, entre otros representantes de organizaciones sociales, asociaciones y particulares, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien sostuvo que el pedido de juicio político contra los cortesanos “llega muy tarde” y manifestó que “estos jueces han hecho mucho daño ya”.
