Por Luis Zarranz*
El diario La Nación lo hizo de nuevo: otra vez –ahora en las vísperas de un 24 de marzo– un editorial de sus entrañas declamó impunidad para los genocidas de la dictadura cívico-militar (1976-1983), relativizó los crímenes del terrorismo de Estado, volvió a hacer referencia a la remanida teoría de los dos demonios, fustigó a los organismos de derechos humanos y criticó la política de Memoria, Verdad y Justicia que, propiciada por estos y el Gobierno anterior, implicó un evidente avance en el juicio y castigo a los culpables desde 2003 en adelante.
Esta vez el texto editorial, publicado el pasado miércoles 15 de marzo, tuvo como título “Hechos, no palabras”, en referencia a la frase pronunciada en campaña por el entonces candidato MauRico Macri que, de acceder a la Presidencia, acabaría con lo que denominó “el curro de los derechos humanos». Es en ese sentido que el órgano oficial de la derecha aristocrática reclama al Gobierno que pase a los hechos concretos.
Si no fuese patético, el cuarto párrafo del artículo, por ejemplo, sería para descostillarse de la risa y merecería el máximo premio del humor político: “El bienvenido debate abierto recientemente sobre aquella sangrienta década trae nuevamente a la luz la guerra revolucionaria iniciada por organizaciones armadas subversivas que pugnaban por instalar un régimen marxista capaz de convertirnos en algo parecido a la Venezuela actual, con una infiltración de militares cubanos en sus fuerzas armadas, en gran medida responsables de sostener el corrupto régimen de Maduro”.
Pero no. No es gracioso.
Es lamentable.
Dictaduras mediáticas
El segundo párrafo hace referencia estricta a la frase de Macri sobre “los curros” y los derechos humanos. Dice así: “Distintos sectores de la población aprobaron esta afirmación de un cambio de rumbo desde una mirada dirigida a revisar la trascendencia histórica de los años 70, luego de 12 años de administración kirchnerista en los que el fiel de la balanza fue inclinado falazmente hacia un extremo. Sin embargo, transcurridos 15 meses de gobierno, aquella promesa sigue incumplida”.
Hay pocas cosas –la oscuridad de la noche y la claridad inexorable del día– que sorprendan más que el diario La Nación defendiendo y justificando el genocidio: esa fue su conducta desde las primeras horas del golpe, lo que hizo que el diario fuese un dispositivo más del terrorismo de Estado: el plan criminal que llevó adelante la dictadura incluyó a un grupo de medios y “periodistas” cuya tarea fue difundir, sostener y justificar la máquina de terror.
No hay dictaduras posibles sin complicidad mediática.
Los panfletos para ponerle coto al juzgamiento de responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad que frecuentemente emite La Nación tienen, en consecuencia, un espíritu de supervivencia: resguardar sus propias responsabilidades y las de la clase social que representan sus páginas, los lectores que construye y a quienes les habla.
Pero su propósito es, además, más amplio: por un lado consiste en marcarle una hoja de ruta al Gobierno, cuyos funcionarios se sienten de parabienes con la construcción de sentido que hace el medio. Desde el mismo momento en que MauRico Macri triunfó en el balotaje, La Nación publicó diversos editoriales con las cuestiones que “debía resolver” el nuevo Gobierno. El punto máximo de la vergüenza lo alcanzó el mismo lunes 23 de noviembre –al día siguiente de la segunda vuelta en la que Macri fue electo– cuando un editorial (“No más venganza”) defendió a los genocidas y reclamó que fuesen liberados. Fue tal el repudio que hasta los propios periodistas del diario lo rechazaron en asamblea. Desde entonces, el derrotero fue incesante: impunidad para los violadores de los derechos humanos, plan de ajuste para la clase trabajadora, estigmatización de dirigentes sociales y gremiales, persecución y proscripción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, fueron algunos de los puntos que reclamaron, con énfasis y en reiteradas ocasiones, los textos editoriales del diario.
El faro
No es ese, lamentablemente, el punto más oscuro del asunto: la parte más amarga surge al comprobar cómo el Gobierno macrista fue siguiendo cada uno de tales señalamientos: en el campo específico de los derechos humanos vale mencionar la ralentización de los procesos judiciales, el aumento de prisiones domiciliarias a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, el freno de los juicios a la pata civil de la dictadura, la negación del genocidio y del número de desaparecidos por parte de funcionarios, el recibimiento institucional a organizaciones negacionistas en el propio Ministerio de Justicia, la persecución y el intento de detención a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini (un jueves a las 15:30, además: en el horario en que marchan en la Plaza desde hace cuarenta años) y un sinfín de etcéteras.
La Nación es, entonces, una especie de guía rectora que le dice a los funcionarios y CEO del Gobierno el camino a seguir: “Es por acá”.
Violencia es mentir
Si La Nación fuese un medio periodístico, y no una “tribuna de doctrina” como se autodefine, tendría un límite insoslayable: la verdad. Un medio de comunicación puede tener la ideología que quiera (sin maquillarla en la imposibilidad de la objetividad), pero así y todo hay algo que jamás debe hacer: mentir.
Reducir el proceso de Memoria, Verdad y Justicia –materializado, entre otras cuestiones, en los juicios contra los genocidas– en conceptos tales como “Justicia militante” o “venganza” no sólo es lacerante, sino que es falso, ya que se trata de procesos realizados por jueces y tribunales de los fueros correspondientes, en cumplimiento de sus funciones, y con todas las garantías constitucionales.
Hay datos que ejemplifican tal cosa: en los juicios realizados hasta diciembre de 2015 hubo 662 condenados y 60 absueltos; en la etapa de instrucción se les dictó la falta de mérito a 199 imputados y otros 60 fueron sobreseídos, es decir que ni siquiera fueron llevados al debate oral. Los 319 absueltos, sobreseídos y con falta de mérito para ser procesados implican que cada dos condenados hubo uno contra quien no prosperaron los cargos ni se afectó su libertad.
Si eso es “venganza” y “Justicia militante”, habría que reescribir sus significados del diccionario.
Cumplidos
En 1981, Risha Mindlin de Timerman, esposa de Jacobo, asistió con sus hijos a una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la entidad que agrupa a los dueños de los diarios hegemónicos de América, para denunciar el arresto y las torturas a las que era sometido su marido por la dictadura. Desde la primera fila, Claudio Escribano, directivo de La Nación, defendió a los militares y acusó a Risha de mentirosa: “En Argentina hay libertad de expresión”, afirmó.
Fue entonces cuando Risha le dijo: “Nadie te pide tanto”.
Pero podría decirse que sí, que la complicidad siempre pide impunidad.
* Periodista y licenciado en Comunicación, responsable del área de Prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
