La comunidad mapuche Buenuleo denunció hoy que la Policía de Río Negro ingresó por la mañana de forma ilegal a su territorio, al sur de Bariloche, al pie del cerro Ventana, bajo la orden de la fiscal Betiana Cendón. Advirtieron que las fuerzas policiales arremetieron de manera violenta destruyendo la tranquera con el objetivo de usar un camino que permite el acceso a un terreno en disputa con el privado Emilio Friedrich, ubicado detrás.
La comunidad denunció que el accionar se realizó sin una orden judicial, contraviniendo las normativas legales que protegen los derechos de los pueblos originarios. Señalaron que el «camino vecinal» que usó la policía no existe, sino que pertenece a ellos históricamente para actividades como recolección de leña y plantas medicinales, y agregaron que ya fue relevado e incluido en la Ley nº 26.160 de emergencia territorial indígena.
«Rompieron una tranquera e ingresaron a la comunidad sin mostrar una orden», remarcó Ramiro Buenuleo Lonko, integrante de la lof a Radio con Vos Patagonia. También afirmó que la fiscal Cendón «violó la ley determinando un acceso a través de territorio de la comunidad sin tener potestad para hacerlo, violando todo marco jurídico para favorecer los intereses de un empresario que adquirió de forma dudosa parte de la comunidad a un tercero que no tenía posesión».
«El camino por el que entró la policía es territorio de la comunidad con relevamiento finalizado en 2020, no es un camino vecinal», subrayó Lonko.
También señaló que se encuentra detenido en la Comisaría 42, sin motivo, el Inal Lonko Newen Maliqueo, por lo que integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se hicieron presentes allí.
La comunidad afirmó que este accionar policial vulnera gravemente sus derechos colectivos y las leyes nacionales e internacionales que protegen a los pueblos originarios. Resaltaron que este tipo de hechos va en contra de principios internacionales como las Reglas de Brasilia, el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución nacional, que protegen el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa y al respeto de sus territorios ancestrales.
La comunidad mapuche Buenuleo se asienta desde fines del siglo XIX en la zona de Bariloche. Esas tierras fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como una «ocupación actual, tradicional y pública» de la comunidad.
Sin embargo, en los últimos años varias hectáreas fueron usurpadas por intereses privados, con fines de desarrollo inmobiliario y de desmonte ilegal. Los usurpadores denunciaron penalmente a la comunidad y movilizaron en su favor al Poder Judicial, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La situación se agravó con el actual Gobierno de Javier Milei. Representantes de los pueblos originarios denunciaron una persecución judicial antidemocrática y una «cacería» basada en el «odio racista» del Gobierno. Fue tras el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.083 del 10 de diciembre de 2024, que derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas, establecida originalmente en la Ley Nº 26.160.
Además de poner fin a la emergencia territorial, el decreto también revocó la suspensión de desalojos prevista en la Ley Nº 26.160. Esto implica que los propietarios afectados por ocupaciones podrán «retomar acciones legales» para recuperar sus tierras.
