Cuando Pablo Kukoc fue asesinado por el efectivo policial Luis Chocobar y la noticia tomó repercusión mediática, la agrupación social La Boca Resiste y Propone (LBRP) fue una de las primeras entidades en solidarizarse con la familia del joven fallecido, al brindar asesoramiento legal y respaldo en los gastos acarreados tras el trágico hecho. Por ello, organizó ayer una actividad donde la propia Ivonne Kukoc -madre de Pablo- fue protagonista y conversó con la comunidad y la prensa ante el posible resarcimiento impulsado por el gobierno hacia Chocobar, hoy procesado por abuso en la legítima defensa.
A través de un comunicado difundido esta semana, la Comisión de Niñez y Juventud de La Boca Resiste y Propone adelantaba sus intenciones de “hacer explícita la preocupación de los vecinos y vecinas de La Boca, organizaciones sociales, instituciones, organismos de derechos humanos y otros actores sociales por el intento del gobierno nacional de presionar al Poder Judicial y legitimar el accionar represivo de las Fuerzas de Seguridad”. Además, remarcaba: “Nos resistimos al ninguneo de la vida y al atropello institucional y proponemos continuar trabajando por un presente con inclusión para un futuro digno”.
En diálogo con Contexto, el referente de la Comisión de Niñez y Juventud de LBRP y miembro de la organización El Hormiguero, Santiago Ibarra, manifestó la “profunda preocupación de la comunidad ante la escalada de violencia que avala el gobierno” y que, poco a poco, ha transformado “el gatillo fácil en una política de Estado.
Según detalló Ibarra, la querella de la familia Kukoc sostiene que debe cambiarse la causa de “exceso de legítima defensa”, ya que no se trata de ninguna manera de un caso de legítima defensa, en base a las evidencias que demuestran que Pablo Kukoc no representaba una amenaza para Chocobar.
Durante la conferencia que protagonizó, Ivonne Kukoc fue acompañada por organizaciones sociales y de derechos humanos. Se dieron a conocer detalles de la causa 74.191/2017, en la que el Dr. Enrique Gustavo Velázquez resolvió el procesamiento y embargo de Luis Oscar Chocobar.
“Es muy preocupante la presión a la Justicia por parte del poder político, obviando la división de Poderes. El propio gobierno comunica que ‘ojalá que la Cámara entienda que Chocobar estaba cumpliendo su deber y que debe ser absuelto’. Es algo que nos debe alertar a todos”, expresó Ibarra.
La comunidad del barrio de La Boca conoce a fondo la íntima relación entre el rol del Estado municipal -desde hace una década en manos del macrismo- y las especulaciones mercantiles, donde se combinan precarización del territorio y negocios inmobiliarios. Natalia Quintos, referente de LBRP, expresó a Contexto que “cuantos menos vecinos haya en el barrio y más gente de paso circule, menos servicios públicos se van a necesitar”. En ese sentido, agregó: “Todo esto es parte de una política de Estado que no prioriza a los vecinos ni a la comunidad en general. Por eso el Estado hace presencia con la policía y luego es un abandono total”.
Cabe señalar que el barrio de La Boca se destaca por varios casos de gatillo fácil, en especial durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de C.A.B.A. Uno de ellos es Nehuén Rodríguez, asesinado en 2015, cuyo juicio por gatillo fácil inicia este mes. Asimismo, está el caso de Lucas Cabello, también baleado por la espalda por un efectivo de la Metropolitana y con secuelas irreversibles.
