Por Candela Luquet, Camila Vautier, Brenda Marques Dos Santos y Karina Vitaller*
El miedo. La sensación que recorre y paraliza los cuerpos y las partes que actúan, en base a fronteras simbólicas que delimitan lo normal, lo decible, lo pensable, de aquello que no lo es. ¿Qué sucede cuando esas fronteras son delineadas por el miedo? ¿A quiénes divide, y sobre todo, a quiénes vulnera aquel que detenta el poder de lo legítimo y lo aceptable?
El pasado domingo 16 de julio, en el programa Periodismo Para Todos (PPT), se presentó una entrevista a un niño de doce años conocido en su barrio como “el Polaquito”, en la que narraba sus supuestas experiencias delictivas. Entre las repercusiones del informe en los medios hegemónicos, el mismo Jorge Lanata consultó al actual secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Kravetz. El funcionario, un intelectual de la derecha más reaccionaria del país, dejó entrever en sus dichos la clara postura discriminatoria que mantiene el Gobierno con los sectores populares.
Basado en el darwinismo social, tan retrógrado como repudiable, Kravetz se refiere al barrio del que procede el niño como un territorio en el que “se esconden los malandras”, al que resulta necesario “recolonizar”. En un país, en una América Latina, golpeada, saqueada y aniquilada por los procesos salvajes de colonización, esta expresión no puede ser pasada por alto, ya que representa la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie. Evidentemente, este sigue siendo el argumento que esgrime la derecha empresaria para legitimar la exclusión planificada.
“Hay que recolonizar el territorio, ponerle las mismas pautas culturales que el resto de la sociedad. Donde la policía intervenga normal, donde el colegio sea normal. Donde ‘el Polaquito’ no esté dando vueltas”, afirma el funcionario. Lo “normal” como una verdad absoluta, es entonces definido, a partir de las pautas culturales de una clase media pudiente y porteña, entendido como todo lo deseable para el bien de la sociedad.
“Vos lo ves in fraganti y obviamente lo que hacés es meterlo preso. Pero después los ves y te habla, entablás un diálogo y no deja de ser un chico. Entonces uno intenta humanamente ver cómo lo ayuda”, declara el secretario. Este naturalismo se expresa en términos racistas basados en fundamentos supuestamente biológicos y arcaicos. El niño es presentado primero como delincuente y después, como humano. Jamás como sujeto de derecho.
Estos dichos resultan extremadamente repudiables, ya que significan la demarcación simbólica de fronteras que no sólo estigmatizan y discriminan a las niñeces de los sectores populares, sino que también los excluye de toda posibilidad de acceso digno y legítimo a los sistemas de derechos.
Luego de la presentación del informe del programa estrella del grupo Clarín, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) lanzó un comunicado repudiando la sistemática violación de derechos del niño que sufrió el adolescente; derechos garantizados por la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (N° 13.298) y la Convención Sobre los Derechos del Niño (1989), que mantiene jerarquía constitucional. La organización denuncia que el joven fue convocado a realizar la entrevista bajo amenazas, a él y a su familia, y que el informe fue una puesta en escena, una ficción gestada por el equipo de PPT y Jorge Lanata, en complicidad con la Policía Local de Lanús.
Este hecho se enmarca en un escenario cada vez más grave de vulneración de los derechos de las niñeces y adolescencias, en el cual las fuerzas de seguridad, con el aval del Gobierno, han llevado adelante distintos procedimientos que atentan contra la integridad de estos. Sin ir más lejos, un día después de la emisión de la entrevista de PPT, un policía asesinó a un adolescente de catorce años en un presunto hecho de gatillo fácil.
En este sentido, también resulta evidente la estrategia llevada a cabo por los medios hegemónicos de comunicación, con el objetivo de criminalizar y estigmatizar a las niñeces, juventudes y adolescencias, responsabilizándolas de distintos hechos de inseguridad, con el propósito de instalar miedo en diferentes sectores de la sociedad. Este pronunciado interés se da en el marco de la campaña a favor de la baja de edad de imputabilidad, llevada adelante por el segmento más reaccionario y conservador de la ciudadanía, con la colaboración de las grandes empresas mediáticas y algunos miembros del Poder Ejecutivo nacional.
Distintas organizaciones, como es el caso del espacio a NO A LA BAJA, han demostrado que las cifras de los delitos efectuados por menores de edad son muy bajas. Los datos publicados por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires establece que sobre 175 homicidios registrados en 2015 sólo un caso fue cometido por un menor de dieciséis años, mientras que diez casos fueron atribuidos a adolescentes entre dieciséis y dieciocho años (el 3,8% del total). A su vez, según las estadísticas publicadas por Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, durante 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de dieciocho años, de las cuales 126 corresponden a asesinatos, o sea menos del 0,5 % del total. La mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos, como UNICEF, desaprueban los proyectos de la baja de la edad, ya que violan derechos básicos de las niñeces.
En este contexto de incremento de la pobreza y desocupación y de desfinanciamiento del sistema de protección y promoción de derechos, de programas sociales, educativos, la solución punitiva para la situación de vulneración de derechos de las niñeces, juventudes y adolescencias conlleva a profundizar las situaciones de exclusión social de estos sujetos y sujetas. Si se comparan las cifras de delitos cometidos por menores de edad con las de niñeces y juventudes en situación de pobreza, se observa que esta última supera ampliamente a las estadísticas sobre prácticas delictivas. Y si a esta cuestión le sumamos aquellas niñeces y juventudes que han transitado por instituciones pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil por haber estado en situación de conflictividad con la ley, se vuelve necesario repreguntarse cuál es la función de estos espacios.
¿Qué se pide cuando se pide el encierro?, ¿qué aprendizajes se vuelven posibles en ese contexto?, ¿de qué forma el castigo corrige, incluye, contribuye a la superación de las causas que lo hicieron posible?, ¿qué prácticas de reparación habilita la sanción y el encierro? Todos estos interrogantes tienen una respuesta, que poco dista de estar en sintonía con la promoción de derechos de las niñeces y las juventudes o con unas políticas de inclusión efectivas. Este tipo de intervención solo contribuye con el mito de la pulcritud, con la invisibilización de las problemáticas con las que convivimos y que nos recuerdan lo lejos que estamos de ser blancos y occidentales.
El encierro invisibiliza, niega y esconde el fracaso de las políticas económicas, la desigualdad de oportunidades que el capitalismo crea y de la cual se alimenta, focaliza y responsabiliza al pobre por su pobreza y lo estigmatiza y cristaliza a este y a sus generaciones en una identidad sin futuro y oportunidades.
Es hora de hacernos cargo de que el encierro solo es una forma de esconder, no de intervenir en la transformación de las condiciones de desigualdad en la que se vive en nuestra sociedad, para ello, necesitamos medios de comunicación que se vuelvan herramienta de inclusión, de denuncia, de desnaturalización de prejuicios y estereotipos, y no, como estamos viendo en este escenario de concentración mediática, medios y periodistas devenidos operadores del rating y de los discursos que refuerzan sentidos comunes racistas, clasistas y sexistas en pos de la defensa de los valores que el capitalismo ha sabido reproducir, mantener y consolidar.
* Área Niñez, actores y territorios, Observatorio de Jóvenes Comunicación y Medios, FPyCS, UNLP.
