Luego de denunciar Alejandra Monteolivo, la segunda del ministro de Seguridad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió la denuncia y pidió que se investigue a los jefes policiales y políticos de la represión que se desató la semana pasada, cuando miles de personas protestaban en el Congreso contra el veto presidencial a la movilidad jubilatoria.
La CPM había presentado originariamente su denuncia refiriéndose puntualmente al ataque a una niña de diez años, rociada con gas pimienta por la Policía Federal, y ahora la amplió para pedir que se investiguen otros hechos de violencia que se desataron ese día y «las responsabilidades de los altos mandos policiales y responsables políticos del Ministerio de Seguridad que ordenaron reprimir la manifestación del pasado 11 de septiembre y luego intentaron encubrir delitos».
Vale recordar que cuando salieron las primeras imágenes de la represión, que, además de jubilados golpeados, esta vez incluyó los gases a una niña, Bullrich culpó a la madre por llevarla a ese lugar, mientras que los medios aliados comenzaron a señalar mediante un dudoso video que se trataba de un «autoataque» de militantes a militantes. Particularmente indicaban que se había tratado de personas vinculadas a la CPM.
Esta versión, instalada por Jonatan Viale en La Nación+ y respaldada por la viceministra Monteoliva, se cayó rápidamente gracias a la aparición de nuevos videos e imágenes, donde se ve cómo los policías apuntan directamente hacia la niña. Los operadores periodísticos que instalaron su versión tuvieron que pedir disculpas y apuntaron contra los jefes policiales, quienes les habrían aportado el falso video.
En la denuncia presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, la CPM describió que el 11 de septiembre «alrededor de 1000 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Ciudad, con la presencia también de equipos especiales, se desplegaron durante el operativo represivo que desencadenó en acciones de violencia desproporcionadas e ilegales».
Respecto a la represión hacia una niña, la CPM presentó videos, donde «no sólo muestra claramente el ataque sino que también permite identificar al superior que dio la orden de avanzar, el Jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal, el Comisario Inspector Gerardo Ariel Perillo».
«La brutal agresión a la nena de 10 años se dio en el contexto de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad que, como se señala en la ampliación de la denuncia, dejó como saldo alrededor de 50 personas heridas por los gases químicos, postas de goma y golpes. Entre las víctimas se encuentran niños, niñas, adultos mayores, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos: 3 integrantes de los equipos de la CPM que se encontraban monitoreando y registrando el accionar de las fuerzas de seguridad fueron alcanzados por disparos de balas de goma y varios más afectados por gas pimienta», indicaron desde el organismo que presentó todos estos casos a la Justicia.
En esta ampliación, la CPM también pone el foco en el intento de encubrimiento mediático del hecho, por lo que se señalan las declaraciones ya mencionadas por Monteolivo, «que buscaron, en primer lugar, instalar de manera deliberada una versión falsa y luego, ante las evidencias, tanto ella como la ministra Bullrich, intentaron justificar el accionar ilegal de los agentes».
El organismo recordó que la cartera que conduce Bullrich reconoció que investiga a organismos de derechos humanos que trabajan en las marchas realizando monitoreo de la violencia policial o asistiendo a los heridos.
«Esto cobra particular relevancia en función de las declaraciones públicas vertidas por la Secretaria de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, respecto de la intervención de los rescatistas del CEPA y los integrantes de los equipos de la Comisión Provincial por la Memoria, en tanto expresó que se habían analizado a las personas identificadas de ‘vestimenta naranja’, de una ‘agrupación de Derechos Humanos’ que las venían observando, identificando y a las que le atribuye la comisión de hechos delictivos en el marco de la manifestación», explica la denuncia de la CPM.
