Por Miguel Croceri
El Gobierno nacional y las corporaciones aliadas, que en conjunto integran el bloque de poder dominante, intentarán convertir las elecciones legislativas de este año en un plebiscito contra el kirchnerismo.
Llevan quince meses al frente del Estado nacional, y tienen muy poco que exhibir para conquistar a sectores de la sociedad que les permitan lograr una mayoría electoral. Hay un núcleo duro de votantes que responden al proyecto político del Gobierno por una persistente afinidad ideológica. Dicho núcleo, en los ambientes políticos, suele ser cuantificado como “un tercio” de la población, aunque se trata de una estimación aproximada y orientativa y no de una cuantificación precisa.
En realidad, “un tercio” se refiere a que se trata de un número considerable de personas pero que no llegan a constituir una mayoría electoral segura. Para llegar a esta última, la derecha o quien fuere debe sumar votos de otros sectores a los que en general se considera como votantes “en disputa”, o sea que pueden inclinarse por distintas opciones electorales según cada contexto, y su voto es disputado por los diferentes partidos o candidatos que compiten. Además, por tales características, ese tipo de voto o de votante es el que frecuentemente es denominado como «independiente».
Por lo tanto, el macrismo –como representación política actual de esa derecha ideológica–, para lograr esa necesaria mayoría de votos, debe conseguir la adhesión de sectores menos ideologizados pero proclives a respaldar su modelo. A la búsqueda de estos últimos está destinada la meticulosa acción de marketing político del Gobierno nacional y el bonaerense, más las maniobras de la corporación judicial y la acción psicológica sobre la opinión pública del Grupo Clarín y los demás medios del aparato comunicacional dominante.
En ese sentido, los jueces y fiscales ultra-antikirchneristas están en plena tarea para hacerle la vida imposible –políticamente hablando, y personalmente también– a Cristina Kirchner y su familia, y a todo el espacio que ella lidera. En estos días y semanas, y en todos los meses venideros, la ofensiva contra la ex presidenta, su hija, su hijo, otros familiares y varias decenas de ex funcionarios, legisladores e incluso empresarios a los que se vincula con su Gobierno, ocupa gran parte de la agenda de la política nacional.
Indagatorias, procesamientos, pedidos de detención, continuas imputaciones, apertura de nuevas causas, allanamientos y difusión de conversaciones telefónicas privadas captadas mediante espionaje político son algunas de las modalidades que la triple alianza entre la derecha gubernamental, los medios afines y los jueces y fiscales integrantes el mismo bloque de poder tienen bajo permanente asedio al sector político que encabeza Cristina.
Todo eso, a su vez, es agitado hasta el infinito por la cadena nacional del Grupo Clarín, que transmite las veinticuatro horas de todos los días de la vida. Ese conglomerado mediático, por su parte, le agrega elementos propagandísticos propios que se suman a la persecución judicial. Por ejemplo, la agitación de los materiales de propaganda ultra-antikirchnerista que generan sus empleados, como el periodista Nicolás Wiñazki.
A su vez, los distintos voceros de la alianza Cambiemos propalan el pretexto de la “pesada herencia”, a riesgo de que ese latiguillo pierda paulatinamente credibilidad, pero aferrado a la necesidad de utilizarlo, ya que no tienen prácticamente ningún mérito propio con el cual interpelar al voto independiente que necesitan sumar a ese “tercio” con el que ya cuentan por afinidad ideológica.
Si se tiene en cuenta que votantes independientes de clase media respaldaron a Mauricio Macri en el balotaje de 2015 por mentiras tales como la eliminación del impuesto a las Ganancias para empleados con sueldos altos, o que aun votantes de clases populares le dieron crédito a la fantasiosa mentira de “pobreza cero”, se puede inferir –y además así lo respaldan distintos estudios de opinión pública– que en una parte de las bases sociales de lo que fuera el voto macrista de hace un año y medio hay desencanto, desazón, decepción y en muchos casos bronca e indignación. Se le hace difícil al oficialismo destinar a esos sectores un discurso convincente para que vuelvan a votarlo.
Apenas puede exhibir, desde los primeros días de gobierno, la “bandera” del fin del «cepo al dólar» –así logró el discurso dominante que fuera llamado el control del mercado de cambios, o la restricción cambiaria–. Esa medida de Macri, para amplios sectores de clases medias, significó la liberación de una contenida pulsión por comprar dólares con toda fruición y placer, mientras que para los dueños del poder económico (grandes capitalistas, empresarios multimillonarios, propietarios de fortunas incalculables, lavadores de dinero de origen delictivo, etcétera) les significó “canilla libre” para abalanzarse con voracidad sobre los dólares y dar rienda suelta a la fuga de capitales, que es una de las conductas más típicas de la parasitaria, rapiñera y saqueadora clase capitalista argentina.
Pero fuera de ese dichoso “fin del cepo”, y de alguna medida marketinera pero de alcances muy dispares según de quién se trate, como la llamada “reparación histórica” a los jubilados por la cual se le restituyen haberes que les correspondían y no estaban cobrando, ¿qué otro logro puede atribuirse Mauricio Macri y la alianza Cambiemos para conquistar el llamado voto independiente? De allí surge la necesidad de apelar, como ya lo hicieron en 2015, al rechazo de ciertos segmentos del electorado hacia el kirchnerismo y su principal figura. En aquel momento les dio resultado, mientras que en esta ocasión la efectividad de ese discurso está por verse.
Cristina, ¿libre o presa?
La mayor incógnita que presenta la escena política argentina para las próximas semanas y meses es si Cristina Kirchner estará en libertad o la meterán presa. Según ocurra una u otra situación –su libertad personal y de ejercicio de sus derechos políticos, o su encierro en una cárcel o prisión domiciliaria–, será muy diferente la disputa electoral en las primarias del 13 de agosto y en la general del 22 de octubre.
Muchas son las especulaciones en los micromundos político, periodístico, judicial, etcétera, acerca de los pronósticos al respecto: si se animarán a meterla presa, y qué pasaría si ello sucediera. Pero mientras esas incógnitas no sean develadas por la propia realidad, el escenario político desde aquí hasta que hayan transcurrido ambas elecciones estará marcado por una estrategia de la derecha gubernamental, judicial y mediática que apuntará siempre contra el kirchnerismo, de modo que los comicios no se definan por los méritos del Gobierno que son prácticamente inexistentes, sino por el rechazo contra el kirchnerismo que aún está latente en una parte considerable de la población.
Todos los cañones apuntarán en ese sentido. Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, quienes no serán candidatos y sin embargo serán las principales figuras de la estrategia comunicacional del oficialismo durante la campaña, se dedicarán mientras tanto a las fotos sonrientes y cordiales, a recorrer el país y la provincia desparramando gestos de simpatía, buena onda y apelación al futuro, más la permanente inauguración de obras públicas que el Gobierno subejecutó en el presupuesto del año pasado para concretarlas en vísperas de las elecciones, y de esa forma intentar convencer a los ciudadanos y ciudadanas de que la reactivación económica ha llegado, y de que uno y otra (el presidente y la gobernadora) encabezan Gobiernos de acciones concretas y hechos, y no de palabras y promesas.
Por fuera del oficialismo, Cristina Kirchner y todo su sector tratarán de sumar electoralmente a todos/as los/las ciudadanos/as que ya han advertido la masacre contra el empleo, el salario, la producción nacional y las finanzas del país que están perpetrando Macri y toda la derecha gobernante. Ese descontento existe, pero todavía se desconoce cuál es su intensidad y a cuánta gente alcanza, y también se desconoce cuál será su expresión electoral.
Los sectores políticos que Horacio Verbitsky denominó lúcidamente con el neologismo “opoficialistas”, y cuyas principales referencias son Sergio Massa, Margarita Stolbitzer y el peronismo antikirchnerista, buscarán presentarse como la “oposición responsable”. El comportamiento miserable, rastrero y cómplice que tuvieron durante el primer año del gobierno macrista, apoyando por acción u omisión su política de devastación nacional, no es redituable electoralmente en el actual contexto: esto los obliga a reinventarse como opositores.
Ellos tampoco tienen nada que decir a favor del actual Gobierno, y sólo les quedará sumarse por un lado al discurso acusatorio contra el kirchnerismo, matizado con críticas al actual Gobierno y promesas genéricas cargadas de buenas intenciones diciendo lo que “la gente” quiere escuchar.
Generalmente se considera que las elecciones intermedias –es decir, las de mitad de mandato de un presidente o gobernador, donde sus cargos no están en disputa sino que sólo se eligen legisladores nacionales y provinciales, y en muchos casos concejales y otros cargos municipales– tienden a ser “plebiscitos” sobre la aceptación que tiene el Gobierno de ese momento. Pero, a falta de logros para exhibir, el macrismo corre el riesgo de quedarse sólo con el voto de aquel tercio del electorado nutrido –en general, de modo inconsciente– de un profundo perfil ideológico de derecha.
Pero, como han demostrado de sobra, el macrismo y sus aliados son cualquier cosa menos tontos. Saben que necesitan convocar con otros discursos. Son expertos en utilizar a la perfección las herramientas comunicacionales con rigurosos criterios de marketing. Gran parte de su capital político está sustentado en la afinadísima utilización de esas técnicas.
Además, tienen de su lado a las corporaciones mediática y judicial, y a las mafias del espionaje. Todos esos factores de poder, que representan los intereses de las clases sociales dominantes, necesitan dar vuelta el habitual sentido de una elección intermedia. Necesitan que esta vez el «plebiscito» no sea respecto del actual Gobierno, sino en contra del Gobierno anterior.
