Por Horacio Rovelli
El radicalismo asumió el gobierno el 10 de diciembre de 1983, pero no al poder y tampoco gravitó en las decisiones el llamado a una suerte de mayoría silenciosa para que lo apoye, sin un cuerpo concreto y con la participación formal del voto. Todo eso no significaba el armado de una alianza social que lo respalde. Sí eran claros los objetivos de fortalecer las pequeñas y medianas empresas industriales y transferir la abultada renta agraria, generar un fuerte mercado interno, democratizar la economía y la sociedad, pero no contemplaba que el poder económico se había concentrado, centralizado y extranjerizado mucho más que en la década del sesenta. Por otro lado, los supuestos beneficiados de la apertura democrática se encontraban en extrema debilidad, dependencia y subordinación, por lo general, a las grandes empresas.
Bernardo Grinspun, el primer ministro de economía de la naciente democracia, propuso investigar la deuda externa y separar la legítima de la ilegítima, esto es, investigar y saber en qué se había endeudado el gobierno de la dictadura. También cuestionó severa y terminantemente los seguros de cambio de las empresas residentes en el país que habían tomado deuda externa. Los seguros de cambio se generaron desde 1981 cuando el Estado nacional, ante la falta de divisas por un comercio deficitario y un egreso mayor que los ingresos por servicios reales y financieros comenzó a hacerse cargo de la deuda privada; esto es, las empresas endeudadas en el exterior firmaron un contrato con el Estado nacional para pagar la deuda externa en pesos y el Estado nacional se hizo cargo de pagarle al acreedor externo en divisas. El problema fue que la devaluación en nuestra moneda fue mucho mayor que el ajuste de la deuda en pesos del contrato que se llamó “seguro de cambio”, por lo que produjo una transferencia de la deuda externa del deudor privado al Estado y esa estafa Don Bernardo Grinspun no quiso pagarla.
Los grandes grupos económicos que operaban en el país (Techint, Eurnekian, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, Pagani, Macri, Madanes Quintanilla, Ledesma, etc.), y el sector agroexportador, también ligado a los grupos referidos y a las empresas extranjeras, al igual que la banca acreedora (liderados por el FMI), presionaron para que no se investigue la deuda heredada de la dictadura militar, que era de unos U$s 46.000 millones, y exigieron el reconocimiento de toda la deuda y el pronto y mayor pago posible de sus servicios.
Ante la insistencia de que el gobierno acepte toda la deuda externa, el 18 de febrero de 1985 Bernardo Grinspun echó del Ministerio de Economía a Joaquín Ferrán, representante del FMI en la Argentina. Al día siguiente, el presidente Raúl Alfonsín le pidió la renuncia al ministro. En ese marco, el plan de legitimar la deuda externa y de acordar con los grupos económicos locales se ponía en marcha.
Pero la deuda externa era de tal magnitud y los intereses tan altos (rondaban el 16 % anual en dólares) que se empleó todo el superávit comercial en el período 1985-1988 (U$s 8.530 Millones), y sin embargo la deuda externa pública creció a U$s 63.200 millones. Más pagábamos y más debíamos.
El 6 de febrero de 1989 el Presidente del BCRA, José Luis Machinea, dijo que no tenía más reservas disponibles, la paridad oficial era de 17,62 australes y en un poco más de dos años, el 1 de abril de 1991, el tipo de cambio se fijó en 10.000 australes por un dólar y es la causa directa que la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fuera de 3.079,5 % en el año 1989 y de 2.314 % en el año 1990.
Privatizaciones, ajuste y deuda
Con el pretexto de la crisis, Carlos Menem hizo aprobar las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica que contenían un amplio plan de privatizaciones y dotaron al Ejecutivo de amplias facultades para racionalizar el gasto público, que era el verdadero objetivo de grandes empresarios nacionales y extranjeros: quedarse mediante las privatizaciones con activos públicos a precio vil tras el medio explícito de restablecer el pago a los acreedores externos.
Por un lado, el Estado Nacional, al absorber la deuda de las empresas que se privatizaron, dejó a estas saneadas; por otra parte, esta medida fue acompañada con los “planes de retiro voluntario”, jubilaciones anticipadas, despidos y cesantías. Esto ocasionó inmejorables condiciones para la obtención de renta de estas empresas, pero al mismo tiempo perfiló una importante regresión del ingreso, expulsando trabajadores a la desocupación y a la pobreza.
En términos reales, las privatizaciones sirvieron para que ingresaran a las arcas del Tesoro de la Nación (dólares en efectivo) unos U$s 6.000 millones, pero el Estado debió incrementar la deuda externa de la administración nacional —es cierto que en títulos de mediano y largo plazo— en cerca de U$s 21.000 millones.
Con los ingresos en divisas, el gobierno de Menem fortaleció las reservas del BCRA y aplicó un rígido plan de convertibilidad en el que la moneda argentina valió un dólar, pero la economía local no tenía la productividad de los EEUU, por lo tanto se tornó más barato importar que producir. De esa manera, mientras en 1974 la industria representaba el 22,9 % del PIB, en 1983, al fin de la dictadura retrocedió al 19,2 %. Luego durante la democracia y esencialmente en el período de Menem-Cavallo la desindustrialización fue tal que en el año 2002 representaba apenas el 15,4 % del PIB. Esa brutal desindustrialización impactó en la tasa de desocupación y de pobreza de dos dígitos. Paralelamente la deuda externa nacional pasó de U$s 52.739 millones en el año 1991 a U$s 88.259 millones en el año 2001, y el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior de U$S 54.936 millones a U$S 137.806 millones en el mismo período.
Agotamiento del modelo y estallido social
La crisis del año 2001 fue el final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar, de la convertibilidad de nuestra moneda y de la apertura sin freno de la economía. El ciclo de recesión y deuda terminó en saqueos, 39 muertos, caída del Gobierno, cinco presidentes en 12 días de caos y la mayor moratoria de una deuda soberana de casi U$s 100 mil millones. El día 19 de diciembre de 2001 renunció el ministro de Economía Domingo Cavallo y el 20 hizo lo propio el presidente De la Rúa.
Tras la renuncia de De la Rúa y tras diversas asunciones y renuncias, asumió la presidencia de la República Eduardo Duhalde, que era el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y nombró ministro de economía a Jorge Remes Lenicov. El ministro, como reconoció tiempo después, fue condicionado a devaluar nuestra moneda y, a la vez, los deudores que eran grandes empresas nacionales fueron beneficiados con la pesificación asimétrica, por la conversión 1 a 1 de dólares a pesos de todas las deudas empresarias con el sistema bancario, fruto de una presión conjunta de empresarios y banqueros sobre Duhalde.
Lo cierto es que esa medida produjo una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados a favor de los empresarios endeudados, principalmente el Grupo Clarín, Techint, Ledesma, Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri, Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima, Coto, entre otros. Todos endeudados en dólares que pagaron esa deuda en pesos convirtiéndolo a la paridad 1 a 1, cuando el dólar oficial en abril de 2002 era de $3 —y el paralelo de $4—, licuando la deuda a los empresarios a un tercio o menos de la realidad. Así, el Estado se hizo cargo de la diferencia acrecentado la deuda pública.
La contraparte fue que los niveles de pobreza, desocupación, marginalidad implicaron la brutal transferencia de recursos a favor de los sectores más favorecidos en desmedro de la población, en un marco en que el PIB descendió un 10,9 % (caída similar a las más altas de la historia argentina como las del año 1914 y a los años 1931 y 1932). La tasa de desempleo abierto en mayo de 2002 fue del 21,5 % la mayor que se tenga registro.
El descontento de la población se manifestó en las calles. En la Estación del Ferrocarril Roca en Avellaneda, el 26 de junio de 2002, la Policía Federal asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, además de las decenas de heridos con bala de plomo y más de un centenar de arrestos. Ese fue el fin del gobierno de Eduardo Duhalde, quien debió convocar a elecciones en las que resultó Presidente Néstor Kirchner tras la renuncia de Menem al balotaje.
El kirchnerismo verdadero
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre 2003 y 2008 la Argentina contrajo una tasa de desempleo urbano abierto de 53,8 %. Desde 2003 se verificó un incremento exponencial en la cantidad de beneficiarios que participaban en las políticas activas de empleo y formación profesional que llevaba adelante el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación. Se pasó de apoyar a alrededor de 16 000 personas en 2003 a más de 900.000 (en 2014; el incremento representó el 5.700 %.
La estrategia fue poner en marcha a fines de 2003 el Plan Integral para la Promoción del Empleo «Más y Mejor Trabajo». La creación de empleos para reducir la desigualdad social a raíz de la pobreza, fue una de las premisas del proceso iniciado por el gobierno de Néstor Kirchner. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. El salario mínimo que era en 2003 de $360 (con un dólar oficial de $ 3,50) se elevó a $1.240 en el 2007 (con un dólar de $ 2,90).
En el período 2003-2007 la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3 % en términos del Índice de Volumen Físico (IVF), acompañando la dinámica de la economía en su conjunto. La persistencia del avance del sector manufacturero constituyó una característica que sobresalió con relación a otros períodos de crecimiento industrial.
Néstor Kirchner tenía muy claro que el crecimiento sostenido de China, India y demás países emergentes configuraba una nueva realidad internacional, de la que nuestro país debía saber sacar provecho, vendiendo cada vez más productos con mayor cantidad de mano de obra y tecnología nacional. Kirchner pensaba que a medida que los países asiáticos aumentaran sus ingresos, correlativamente incrementarían su consumo. Por eso para él el país debía ser soberano en materia fiscal, monetaria, cambiaria, fuerte intervención en resortes claves (energía y transporte), y con acuerdos comerciales, productivos y financieros en la región que permitieran emplear tecnología propia para que la Argentina se integre al mundo.
Financió la política de igual a igual con los dueños de este país, renegoció inteligente y patrióticamente la deuda espuria, creó puestos de trabajo, hizo crecer el producto y lo distribuyó en la población, pagó jubilaciones y pensiones a todos aquellos que el menemismo lo había dejado sin trabajo y sin aportes, estableció relaciones fraternales con los países de la región, se opuso al ALCA, impulsó el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Trabajó de sol a sol por sus convicciones. En el año 2010 había sufrido dos operaciones por obstrucción en las arterias, le recomendaron reposo absoluto y se levantaba igual, hasta que la muerte lo sorprendió (y nos sorprendió) el 27 de octubre.
La tasa de crecimiento del PIB fue en torno al 9 % anual en la Presidencia de Néstor Kirchner. Dado el conflicto con el campo y luego el comienzo de la crisis internacional de subprime, el PIB del año 2008 se incrementó solo en un 4,1 % y generó un aumento de los precios internos. Se recuperó la economía en el segundo semestre de 2009 siendo ministro de Economía Amado Boudou, pero se frenó desde 2012 en adelante en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La vuelta del endeudamiento externo
La administración de Cambiemos que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015 incrementó sideral y terminantemente la deuda externa. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.
La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a U$s 222.703 millones, el 60 % de la misma era intra sector público, 9 % con organismos internacionales y 31 % con el sector privado. Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de U$s 89.081 millones.
En diciembre de 2019 pasó a ser de U$s 320.630 millones, el 40 % de la misma intra sector público, 22,7 % organismos internacionales (mayormente con el FM) y 37,3 % sector privado. La deuda se incrementó en más de U$s 100.000 millones durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución y la perentoriedad de los plazos.
La deuda con Fernández
Al 30 de septiembre de 2023 la deuda bruta ascendía a U$s 406.603 millones de dólares, de los cuales en moneda extranjera era de U$s 266.933 millones. Pero la deuda en moneda nacional que es equivalente al tipo de cambio oficial a U$s 139.670 millones, en su mayor parte es ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que se basa en la inflación medida por el IPC del INDEC) y/o por dólar linked (ajuste del dólar oficial).
Por lo tanto la situación es peor aún que la que dejó el gobierno de Cambiemos y ello se debe a tres medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández que caracterizaron su administración:
- No se investigó la deuda de la gestión diciembre 2015 – diciembre 2019, como había prometido el mismo Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021.
- El BCRA dilapidó la mayor parte del superávit comercial por U$s 34.000 millones de los años 2020-2022 vendiendo al precio oficial divisas a las empresas por supuestas deudas por 28.430 millones de dólares del 2 de enero 2020 al 30 de junio 2023. Como afirmó la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: “¿Ustedes creen, sinceramente, que una empresa (o una persona) argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior se lo dan en el exterior? O es un préstamo de las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el exterior. ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares sino están apalancados en el exterior con una garantía?”
- Se pagó y se paga la deuda heredada de la administración de Cambiemos (tanto la Nación como las provincias) y se financia el déficit fiscal generado por esos pagos. Pero también por la estructura estatal dejada por cambiemos, incluida la reducción de impuestos a los sectores de mayores ingresos y patrimonio, y de los derechos de exportación y aranceles, para lo cual, ante la menor recaudación tributaria, se debió emitir títulos de deuda en el mercado interno ajustables por precio del dólar o por la inflación.
Como resultado del acrecentamiento de la deuda externa y el aumento de la pobreza y la indigencia, gran parte de la población eligió para Presidente de la República a Javier Milei, quien profesa la defensa del libre mercado, donde el hambre sin recursos no se tiene en cuenta y solo se contempla a los que tienen capacidad para comprar bienes y servicios al precio que el mercado diga.
Si no se vende en el mercado interno, se exporta y si no se puede exportar se deja de producir. Esperemos que el pueblo a poco de andar del nuevo gobierno tome consciencia de lo que significa y obre en consecuencia.
