Por Alejandro Palladino
La clínica de Defensa al Consumidor que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la UNLP anunció ayer los primeros pasos legales que dio en defensa de los 50 mil vecinos de Gonnet y Villa Castells, quienes reciben agua no potable con alto contenido de cloruros. Los representan ante la empresa ABSA ante el silencio de las gestiones municipal y provincial.
La conferencia de prensa fue en el edificio del ex Jockey Club de La Plata, donde funciona la Facultad de Derecho (48 entre 6 y 7). Allí Jorge Martínez y su equipo dieron a conocer las medidas que llevarán a cabo próximamente.
Ante los constantes rechazos de la empresa prestataria del servicio, del Estado provincial (accionista mayoritario de ABSA) y del municipio de Julio Garro, los vecinos decidieron acudir a la Facultad de Derecho para que los patrocine y así proseguir con la vía legal.
Martínez, titular de la Clínica de Defensa al Consumidor, explicó en qué consisten las dos primeras medidas, centradas en la obligación que tiene ABSA, y que no cumple, de informar a la comunidad que no les brinda agua potable, sobre todo porque muchos vecinos aún no saben que ingieren diariamente agua contaminada.
“HEMOS REDACTADO UNA DEMANDA, QUE ES UNA MEDIDA PREVENTIVA INFORMATIVA PARA QUE UN JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL OBLIGUE A ABSA A INFORMAR DE MANERA CLARA, ADECUADA, VERAZ Y DETALLADA SOBRE EL SERVICIO QUE PRESTA”. JORGE MARTÍNEZ.
“Hemos redactado una demanda, que es una medida preventiva informativa para que un juez en lo Civil y Comercial obligue a ABSA a informar de manera clara, adecuada, veraz y detallada sobre el servicio que presta”, afirmó Martínez. “Le sugerimos al juez que obligue a que ABSA coloque en las facturas de cobro leyendas que digan que el agua no es apta para el consumo humano y que puede perjudicar la salud. Y también con carteles en las calles, escuelas u otros espacios públicos”.
En segundo lugar, afirmó que la Clínica fijó para el viernes 16 de noviembre una audiencia como instancia de mediación en la que se convocó a ABSA para que informe adecuadamente sobre los requerimientos que los vecinos han hecho en los últimos meses.
“Necesitábamos iniciar con esta esencial actividad informativa en virtud de que vimos que el derecho que había que tutelar primeramente era el derecho a la salud, y directamente asociado a eso el derecho a la vida de los más de 50 mil vecinos que se ven afectados”, agregó Martínez.
“NECESITÁBAMOS INICIAR CON ESTA ESENCIAL ACTIVIDAD INFORMATIVA EN VIRTUD DE QUE VIMOS QUE EL DERECHO QUE HABÍA QUE TUTELAR PRIMERAMENTE ERA EL DERECHO A LA SALUD.»
Otra vía con la que cuentan los vecinos es el fallo del titular del Juzgado de Faltas Nº 2, Dante Rusconi, quien ordenó el análisis del agua y determinó que era no potable en el área afectada de Gonnet y Villa Castells. Luego dictó tres resoluciones y una medida cautelar en las que ordenó a ABSA y la Municipalidad a garantizar el derecho a la información de los vecinos sobre el problema que atraviesan y que la empresa abastezca con bidones de agua potable a los vecinos. También le ordenó a la empresa que no cobre las facturas, considerando que no presta el servicio adecuado.
Esta medida de Rusconi fue apelada por ABSA, aunque el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 a cargo del juez Luis Arias denegó la cautelar, quedando firme el fallo de Rusconi de no cobrar el agua, medida que ABSA hasta el momento ignoró por completo.
Desde que Rusconi determinó que el agua no es potable, los vecinos han llevado a cabo distintas acciones. Enviaron notas a la gobernadora María Eugenia Vidal, al presidente de la Cámara de Diputados, a los seis diputados que representan a La Plata, al intendente Julio Garro, al presidente del Concejo Deliberante de La Plata y sus concejales.
